La decisión del presidente Duque de objetar seis artículos de la Ley Estatutaria que regula la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha desatado una intensa polvareda política y jurídica que, previsiblemente, irá creciendo en el curso de los días.

El mandatario ha alegado que su pretensión no es dinamitar el acuerdo de paz sellado por el Gobierno de Santos con las Farc, sino, por el contrario, despejar todas las dudas que pesan sobre él con el fin de que pueda ser asumido por la inmensa mayoría de los colombianos.

Los críticos sostienen a su vez que Duque, hasta hace poco hundido en los sondeos, ha acabado por ceder a las posiciones más extremas del Centro Democrático, ansiosas por pulverizar un acuerdo de paz que siempre han visto con abierta antipatía.

Más allá de cuáles sean las motivaciones sinceras de Duque, y de si sus objeciones tienen o no fundamento jurídico en los seis casos –esto lo deberían decidir las instituciones competentes–, todo indica que su actuación fue ajustada a derecho, ya que la jurisprudencia faculta al presidente a cuestionar por razones de “conveniencia” leyes ya revisadas por la Corte Constitucional.

Por otra parte, Duque llegó a la Presidencia con la mayor votación en la historia reciente del país, como candidato de un partido que incluía en su programa una revisión a fondo del acuerdo de paz. El cual, no hay que olvidarlo, ya había sido rechazado mayoritariamente en un plebiscito convocado por el anterior Gobierno.

El hecho de que desde este periódico hayamos defendido, con ciertas reservas, el acuerdo de paz, no nos impide respetar la actuación de Duque y asumirla sin estridencias como parte del juego democrático.

En ese sentido, coincidimos con la presidente de la JEP, Patricia Linares, en que los reparos deben recibirse con “tranquilidad” y “respeto”.

Algunas de las objeciones planteadas parecen, a primera vista, bien orientadas a la clarificación del alcance del acuerdo. Otras pueden dar la impresión de que buscan complicar la implementación de la paz.

Pero el hecho es que será el Congreso, no Duque, el que diga la última palabra. Entre tanto, tal como señaló la propia presidente de la JEP, este tribunal seguirá funcionando a plenitud mientras se sustancia el debate parlamentario.

¿Se ha producido un ‘choque de trenes’ entre los poderes Ejecutivo y Judicial? Es posible. Sin ánimo de restar trascendencia a la complejidad de la situación, es algo que ocurre en las mejores familias democráticas. Lo importante es que el engranaje institucional funcione con normalidad, y que el Legislativo se pronuncie sobre las objeciones con responsabilidad, con prontitud y con la vista puesta en el interés colectivo de los colombianos.