Si el proceso que condujo al acuerdo de paz con las Farc fue extremadamente tortuoso, los acontecimientos posteriores a la firma del documento han derivado en un enredo colosal que tiene a muchos colombianos confundidos acerca de la situación real del posconflicto.

Uno de los hechos que están centrando la atención informativa en las últimas semanas es la súbita desaparición de algunos destacados exguerrilleros que, según lo acordado,   debían permanecer en las denominadas zonas de reincorporación. Entre los líderes en paradero desconocido se cuenta el jefe de las negociaciones de La Habana, ‘Iván Márquez’.

Esta situación ha colocado bajo la lupa a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Hace cinco días, la Fiscalía General de la Nación anunció la apertura de indagaciones contra “algunos funcionarios” de la JEP que habrían encubierto la salida de los exguerrilleros de las zonas de reincorpración, lo cual constituiría una vulneración de la ley.

La presidenta de esta institución, Patricia Linares, respondió poniéndose a disposición del Ente acusador para esclarecer sus denuncias.

Defensores de la JEP sostienen, a modo de atenuante, que  ninguno de los citados por la Fiscalía forma parte del elenco de magistrados. El argumento no resulta tranquilizador como se pretende. Lo que esperamos de un ente como la JEP es que la probidad no sea virtud exclusiva de los togados, sino que sea la característica dominante en todos y cada uno de los integrantes de la institución.

Desde su nacimiento, la JEP ha sido objeto de acalorados debates, lo cual no debe sorprender si se considera la complejidad de su muy particular naturaleza. Estamos hablando de un sistema judicial transicional que resolverá los crímenes –muchos de lesa humanidad–  cometidos a lo largo del conflicto, con base en una legislación que ha sido en sí misma  objeto de polémica. Entre otras cosas, por abrir la puerta para que delitos como los abusos de menores o el narcotráfico se consideren conexos a la lucha armada.

En un momento como el actual, la JEP debería hacer el máximo esfuerzo por demostrar imparcialidad y granjearse la confianza ciudadana. Para empezar, haría bien en aclarar cuántos exguerrilleros han salido de las zona de reincorporación y si lo han hecho con el beneplácito de las autoridades.

A estas alturas, la mayoría de los colombianos está enredada con la maraña del posconflicto. Y eso, evidentemente, no conviene al país.