En enero de 2017, Ana Cecilia Niño, una mujer de 42 años, murió en Sibaté, Cundinamarca, a causa de un cáncer de mesotelioma. Se descubrió que su enfermedad fue producida por el contacto continuo –durante más de 20 años– con el asbesto que usaba la fábrica de tejas que funcionaba muy cerca de su casa. 

El asbesto es un material utilizado principalmente en la fabricación de tejas, pero también es materia prima de pastillas para frenos de automóviles, baldosas, papel, productos textiles, envases, pinturas y barcos, ya que cuenta con excelentes propiedades aislantes y térmicas, y es resistente a condiciones climáticas extremas. Es por eso que su uso, sobre todo en la industria de la construcción, ha sido muy extendido en Colombia. 

Sin embargo, las evidencias científicas de que la exposición prolongada al asbesto puede causar enfermedades potencialmente mortales como cáncer del pumón, laringe, ovario y mesotelioma –el que mató a Ana Cecilia Niño–, encendieron las alarmas de la ciudadanía, sobre todo de poblaciones cuyas viviendas tenían porcentajes importantes de este material en sus viviendas y edificaciones. 

El clamor de las comunidades en riesgo surtió efecto, luego de años de campañas y de discusiones que pasaron de lo económico a lo científico. Esta semana, en último debate y por unanimidad, la Cámara de Representantes prohibió el uso del asbesto en el país, lo cual implica que Colombia se une a los 68 países del mundo que han tomado esta decisión para favorecer la salud pública. 

Con esta decisión, el Congreso demuestra que es posible legislar a favor de la vida humana, y que es fundamental para los agentes del Estado escuchar a las comunidades, a las personas de carne y hueso que son las que conocen de primera mano la realidad de sus vidas cotidianas. 

Las iniciativas populares, la preocupación y la persistencia de la gente, fueron los motores de la alarma nacional que terminó en esta orden legislativa que comenzará a regir en 2021. Es necesario ahora que las autoridades sanitarias hagan un esfuerzo por encontrar métodos que les permitan saber con exactitud las verdaderas consecuencias del uso indiscrimindado y sostenido en el tiempo de este material, identificar las zonas más problemáticas y los grupos humanos que, sin saberlo, pueden estar padeciendo de enfermedades originadas en el asbesto. 

Encontrar a las personas enfermas y brindarles tratamientos que puedan salvar sus vidas debe ser la prioridad en un proceso que no termina con la sanción de la ley de prohibición. 

Felicitamos al Congreso por esta decisión y a las comunidades que hicieron posible que el Estado se hiciera cargo de un problema que amenazaba con acabar la vida de cientos de miles de personas.