La noticia, revelada ayer por Semana, no puede ser más estremecedora: la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha emprendido una diligencia de prospección y exhumación de cuerpos en un cementerio de Dabeiba, Antioquia, en la que sería la mayor fosa común de ‘falsos positivos’ en el país.

Según testimonios recogidos por el tribunal de justicia transicional, en dicha fosa estarían sepultados al menos 50 cadáveres de personas que en su momento fueron presentados falsamente por la fuerza pública como guerrilleros caídos en combate.

Eran otros tiempos. Tiempos en que la amenaza despiadada al Estado por parte de las guerrillas y grupos paramilitares, junto a la intervención muchas veces siniestra de sectores del Ejército, desataron una de las espirales de violencia más sangrientas que haya pacido nuestro atormentado país.

Pero, ¿podemos decir que ese pasado quedó realmente atrás? ¿Que cesó la horrible noche y quedamos inmunizados contra el espanto? ¿Estamos en capacidad de afirmar con sinceridad que aquella violencia particular, que por poco logra hacer pedazos al Estado y sus instituciones, ya ha quedado en los rincones de la historia?

Los mismos interrogantes resultan pertinentes con motivo del trigésimo aniversario, que se cumple justamente hoy, de la muerte del capo Gonzalo Rodríguez Gacha a manos del Ejército. ¿Podrían volver a instalarse en Colombia  brutales maquinarias criminales como lo fueron en su día los carteles de Medellín y Cali, con capacidad para poner en serio peligro las instituciones democráticas?

Sería exagerado afirmar que el país se encuentra hoy en las mismas circunstancias extremas de barbarie que cuando estuvo en juego su propia supervivencia. Pero sería igualmente excesivo  decir que aquellos capítulos de horror están enterrados.

La violencia guerrillera persiste (aunque con menor intensidad, sobre todo a raíz de la desmovilización de las Farc), y por el territorio nacional pululan poderosas organizaciones criminales herederas del paramilitarismo. Se han presentado además episodios más que polémicos por parte de las fuerzas armadas que han evocado las épocas de los ‘falsos positivos’.

Esperamos que el trabajo de la JEP en Dabeiba, más allá de permitir el esclarecimiento de la verdad en unos crímenes execrables, nos invite a reflexionar sobre lo que nos estamos jugando como país y el tortuoso camino que nos falta recorrer para dejar atrás, definitivamente, nuestra vieja ‘cultura’ de la violencia. 

Son las instituciones las que deben abanderar, con convicción, este esfuerzo. Y han de hacerlo con premura, porque nuestro pasado tormentoso sigue ahí, bien vivo, pisándonos los talones.