Con el contundente informe de la JEP sobre lo que ocurrió en el Batallón La Popa de Valledupar se establece un vergonzoso ránking de hechos que no son dignos del respetable honor militar. A la fecha, la Justicia Especial para la Paz ha recibido 91 declaraciones voluntarias por ejecuciones extrajudiciales. Son los mismos ‘falsos positivos’ que durante varios años cobraron víctimas inocentes, causadas por un turbio plan que buscaba beneficios para los soldados y oficiales. De esas declaraciones, 37 versiones las ha entregado La Popa, que acumula la mayor cantidad de casos confesados.

Esa unidad militar opera en el Cesar y La Guajira, pertenece a la Décima Brigada del Ejército y desde 2004 a 2006 el general Nicacio Martínez –comandante del Ejército– fue el segundo al mando de esta brigada. Por esto ha sido señalado por la prensa internacional y organizaciones de derechos humanos como presunto responsable de pagos de recompensa de esas ejecuciones ilegales.

El Estado está en la obligación de preservar la vida de los ciudadanos y falla si esto no ocurre como es debido. La falla es protuberante cuando son miembros de la institucionalidad quienes atentan contra la integridad de ciudadanos indefensos como ocurrió con cientos de colombianos engañados con el ardid de un empleo. La información de la JEP se conoce ahora, días después de que el General Martínez fue ascendido a cuatro soles con el Senado en pleno. Y con el respaldo de las bancadas oficiales y en contra de la protesta de varios sectores de la sociedad.

Entre las víctimas de ese atroz y macabro entramado están Orlando Villarreal Cortés y Rubiel López, dos estudiantes barranquilleros. Uno de ellos, Villarreal, era estudiante de contaduría en la Corporación Universitaria de la Costa. Como tantas otras víctimas de este plan había decidido irse a Valledupar tras recibir una propuesta de trabajo por parte de desconocidos. Este es solo uno de los tantos casos que pudo ser investigado y dio lugar a medidas de aseguramiento contra varios militares involucrados en el asesinato de los jóvenes, acusados como otros tantos “falsos positivos” de ser guerrilleros de las Farc. Por fortuna la investigación de la Fiscalía estableció que la trayectoria de los disparos no es compatible con situaciones de combate y fue una prueba clave en este proceso contra militares.

A la vergüenza de esta maquinación se suma el asesinato de cinco habitantes de la calle de Fundación. La lista es interminable, por lo pronto se relacionan 283 víctimas, de las cuales 23 son de la época en la que Martínez estaba en La Popa. Para recobrar la credibilidad en las instituciones y en el Estado es imprescindible que encuentren a todos los responsables, con mano firme y justicia.