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El Editorial | Última legislatura, hora de la verdad

Cuenta regresiva para la última legislatura del Congreso, al que se le agota el tiempo para aprobar acuciantes iniciativas en un año preelectoral. Es tiempo de construir consensos en beneficio de la gente que intenta ponerse en pie, tras el embate de la pandemia.

La cuarta y última legislatura del Congreso, que se instala hoy, pone a prueba la verdadera voluntad política de los parlamentarios. Este escenario de poder, epicentro del debate y la democracia en nuestro país, debe –sin más demoras- dedicarse a examinar y, en lo posible, conciliar la apremiante agenda de iniciativas económicas y sociales que en las calles demanda la ciudadanía golpeada por los efectos de las sucesivas crisis pandémicas, en particular las mujeres y los jóvenes que han visto cómo sus extremas carencias se han agudizado durante más de un año.

Al margen de sus colores políticos o tendencias ideológicas, los congresistas están obligados a entenderse por el bienestar de los colombianos, que hoy no se sienten representados. No solo tienen el deber de cumplir las expectativas de reconstruir la confianza perdida en la clase política que encarnan y de esforzarse en superar el descrédito institucional que arrastran. También están convocados a ser actores principales en la descomunal tarea de encauzar el rumbo de la nación, luego del embate de la emergencia sanitaria y la devastación económica, que diezmó a la clase media y empobreció a los más vulnerables. Una catástrofe que derivó en un estallido social sin precedentes, tras la presentación de la fallida reforma tributaria de infausta recordación.

Apagar el incendio de la rabia e indignación que continúa ardiendo en amplios sectores de la población también compete a los senadores y representantes a la Cámara que, con contadas excepciones, han pasado de agache frente a las protestas, bloqueos y hechos de violencia alrededor del paro nacional. Ni rajan ni prestan el hacha. En este crucial periodo, repleto de acuciantes proyectos, bastante complejo por escenificarse en un año preelectoral, se debería evitar a toda costa convertir al Legislativo en un campo de batalla, para que las desgastantes disputas entre unos y otros sectores con evidentes diferencias estratégicas no interfieran en la discusión y aprobación de asuntos esenciales para los colombianos.

No es responsable aplazar por más tiempo el debate de una reforma tributaria de emergencia o transición, principal reclamo de esta legislatura, para asegurar la continuidad de programas sociales, la entrega de subsidios y beneficios económicos, garantizar la gratuidad en la educación superior para la población necesitada, y mantener el apoyo a la nómina de las pequeñas y medianas empresas. Temas clave, en los que con diferente enfoque y fuente de financiación, coinciden proyectos anunciados por el Gobierno y los integrantes del Comité Nacional del Paro (CNP). En la bolsa de iniciativas además aparecen la propuesta del ministro de Defensa para reformar la Policía, que también busca la oposición, la reglamentación de la protesta social,  la ley antivandalismo –no exenta de polémica antes de su presentación- y la eliminación del cuatro por mil, entre muchas otras.

Este Congreso tiene fecha de caducidad. De la forma en que aborde la culminante legislatura que hoy inicia dependerá cómo será valorado por millones de ciudadanos inmersos en una agobiante realidad social y económica, que se cansaron de tragar entero y de tolerar a legisladores incapaces de dar respuesta a sus necesidades. Senado y Cámara pueden, y deben hacer mucho más para acometer las reformas estructurales que el país demanda para disminuir la pobreza y la desigualdad ofreciendo un horizonte razonable de posibilidades a compatriotas, sobre todo a los más jóvenes que han visto frustradas sus expectativas de progreso material y emocional. Atender sus reivindicaciones legítimas es prioridad, que el Congreso asuma lo que le corresponde por el bien y la estabilidad de todos.

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