A Diana Esther Beleño la mató su pareja, Marlon Jiménez Ortiz.  Le prendió fuego tras rociarla con gasolina. Tenía toda la intención de dañarla. No fue un accidente, como les aseguró a los médicos que recibieron a la mujer, casi moribunda, con el 70% de su cuerpo quemado.

La agonía de Diana, que se prolongó varios días, acabó el 28 de febrero cuando su organismo, devastado por la gravedad de sus lesiones, colapsó. Diana dejó una hija de 8 años y dos pequeños niños. El menor apenas de un mes de nacido.

Ella alcanzó a decirle a su hermano que él la maltrataba. La sometía a violencia física, sicológica y económica. Pero nunca lo denunció. El día que le prendió fuego, Diana le reclamaba porque ella y sus hijos tenían hambre.

 A Marlon le esperan de 41 a 50 años de cárcel por el feminicidio de Diana.

 Historias como esta se repiten a diario en Colombia. Solo en enero de este año, Medicina Legal documentó 71 casos de homicidios de mujeres, varios de ellos se investigan como feminicidios. Adicionalmente, se recibieron 2.471 reportes de lesiones por violencia interpersonal y cerca de 4 mil por violencia intrafamiliar, en los que las víctimas fueron mujeres.

 ¿De qué sirve la batería de normas y leyes que hoy existe en el país para hacerle frente a los diversos tipos de violencia contra las mujeres, si nos seguimos quedando cortos en su aplicación dejando espacios para la impunidad al no considerar todas las formas de abuso de los victimarios?

 Las rutas de prevención frente a las distintas violencias contra la mujer siguen sin ser claras, útiles y ágiles. Los funcionarios no son diligentes a la hora de solicitar medidas de protección inmediatas y carecen de una adecuada y pertinente capacitación para hacerle frente a las particularidades de su labor. No existen campañas de sensibilización dirigidas a las propias mujeres para enseñarles a ser conscientes de sus derechos, para ayudarlas a que sean capaces de reconocerse como víctimas de discriminación, violencia de género y violencia intrafamiliar y sepan cómo actuar. 

 Hoy este editorial está dedicado a Diana y a todas las mujeres víctimas de violencias de género que, como ella, son invisibles para la institucionalidad política, jurídica, social, económica tanto del nivel nacional, regional y local. Invisibles hasta que su tragedia salta a las páginas judiciales de los diarios.

Por asesinatos como el de Diana; por agresiones físicas, atropellos laborales, vejaciones sexuales, discriminaciones de género, raza o condición social y por todo tipo de ofensas que a diario sufren las mujeres y que las obligan a bajar la cabeza una y otra vez, causándoles profundas heridas en su dignidad porque, además, se mantienen en la más absoluta impunidad, hoy no hay nada que celebrar. 

 Es necesario reivindicar políticas laborales equitativas, empleo digno y estable y bien remunerado para que las mujeres no tengan que esperar 200 años el cierre de la brecha salarial con los hombres. Hay que reclamar conciliación en la vida laboral y familiar, más oportunidades para mujeres con la misma capacidad de sus compañeros de ascenso laboral, pero que siguen sometidas a los odiosos techos de cristal que no las dejan crecer.

Hay que cambiar paradigmas de exclusión y sometimiento para que la pobreza, la desigualdad y la inequidad no sigan condenando a las mujeres de la ruralidad y sectores más vulnerables a 100 años de soledad y olvido.

 No esperemos que otros actúen. Cada uno de nosotros debemos hacer mucho más para erradicar esta maldita violencia machista que está cobrando la vida de mujeres como Diana. El tiempo se agota para estas víctimas que lo han perdido todo, hasta la esperanza.

 No es hora de callar. Ni una más, ni una menos.