Editorial

Morir tras caer en una alcantarilla

La tragedia de Luisa Pacheco jamás debió ocurrir. Si el colector de aguas lluvias en el que cayó hubiera tenido su tapa o, al menos, una señal de que le faltaba, quizás la historia sería otra. Es insólito que los espacios públicos, por vandalismo o indolencia oficial, terminen convertidos en trampas humanas.

Destrozados, familiares, amigos y conocidos de Luisa Fernanda Pacheco Peralta se reunieron, en la tarde del pasado sábado en un cementerio en las afueras de Barranquilla, para despedirla. Pese a los conmovedores mensajes que se escucharon en ese momento, queda claro que no existen palabras -ni siquiera se han inventado- para expresar un dolor tan descomunal. No se trata solo de la natural tristeza por tener que decirle adiós a una joven, de solo 18 años de edad, que apenas empezaba a cimentar las bases de su vida futura. También está la indignación por los hechos que rodearon su absurda muerte. Primero, su accidental caída a un colector de aguas lluvias, que no tenía tapa ni señalización alguna que lo advirtiera. ¿Por qué? Y segundo, los interrogantes en clave de acusaciones de quienes la acompañaron en sus últimos días. Todos en torno a la atención recibida durante su hospitalización en la Clínica Porto Azul Auna, donde falleció tras desarrollar un “shock séptico con foco en tejidos blandos” cinco días después de su ingreso por una fractura de tibia y peroné de la pierna izquierda, producto de la caída, de la que fue operada en ese mismo centro asistencial. 

Demasiadas dudas frente a una gestión que ha quedado en entredicho. Demostrar la probidad o responsabilidad de los involucrados, además lo antes posible, debería ser una prioridad para la Fiscalía que investiga el caso. Es un asunto de elemental justicia con quienes esperan poder atemperar su sufrimiento por la pérdida de un ser tan amado, aunque en el fondo sean conscientes de que nunca llegarán a sobreponerse del todo. Si bien es cierto que a cualquiera de nosotros la vida puede cambiarle en un segundo, lo ocurrido con Luisa Fernanda merece punto y aparte. Bajo ninguna lógica puede consentirse que un ciudadano por el simple hecho de estar en el espacio público quede expuesto a correr un riesgo vital. Las cosas claras y el chocolate espeso. La joven se desplazaba a pie por la carrera 53, justo en la parte trasera de la Universidad del Norte, jurisdicción del municipio de Puerto Colombia, cuando de un momento a otro se precipitó por un hueco de siete metros de profundidad que resultó ser un punto de acopio de aguas lluvias bajo tierra, que no tenía cubierta. Ahí está una de las claves de esta tragedia. 

Luisa Fernanda murió en una clínica, eso nadie lo pone en duda. ¿Por aparentes negligencias médicas? Eso es lo que aún está por verse. Pero más allá de esta consideración de absoluta relevancia en el lamentable suceso, ella no tenía que haber terminado en ese lugar si el colector en el que desafortunadamente cayó hubiera tenido su correspondiente tapa. ¿Por qué no la tenía? Conviene que la investigación también evalúe ese punto. Como suele suceder casi siempre, las autoridades llegan tarde a las fatalidades. En medio de la tormenta mediática, el alcalde de Puerto Colombia, Wilman Vargas, anunció controles con la Policía para hacer frente a las “trampas mortales” en su municipio, donde -como pasa en Barranquilla, Soledad o en el resto del país- vándalos se roban las tapas de las alcantarillas o las rejillas pluviales. Pero, una semana después de la muerte de Luisa (el accidente fue 8 días antes) ni una sola tapa ha sido repuesta o instalada. No al menos, en los puntos, ubicados algunos al lado de colegios o universidades, a tenor de las denuncias ciudadanas que circulan de manera recurrente. 

Con ejemplar resistencia cívica, muchos habitantes de Barranquilla y su área metropolitana insisten en sus llamados a autoridades y empresas de servicios públicos. Al cabo de un tiempo se cansan porque no encuentran respuestas. Es como estar hablándole a una pared. Lo mismo sucede con denuncias de basureros a cielo abierto, ‘malparqueados’ en vía pública o parques a oscuras en las noches. Tal cual. 

Alcaldes, ¿para qué convocan a los ciudadanos a denunciar si muchas veces no les hacen caso? Quien se roba la tapa de una alcantarilla tendrá que responder ante la justicia, lo cual no es garantía de que no lo haga cuando vuelva a tener la oportunidad. Pero, es obligación de los mandatarios y sus colaboradores evaluar alternativas que conjuren los nuevos robos, mientras aceleran la instalación de las tapas y rejillas faltantes antes de que se produzcan nuevas tragedias como la de Luisa Fernanda. Siendo autocríticos, todos podemos hacer mucho más para garantizar mínimas condiciones de convivencia en defensa del patrimonio común, pero son las autoridades las que deben marcar la pauta para evitar vacíos institucionales entre quienes se sienten hartos de vivir en ciudades sin dolientes en las que sus derechos se despeñan en trampas mortales abiertas en cada esquina.

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