Como era de esperarse, de nada han servido los llamados, presiones o sanciones de la comunidad internacional para que se ponga fin a la brutal represión ordenada por el régimen de los ayatolás, en Irán. Casi cuatro meses después del inicio de las manifestaciones masivas desatadas por el asesinato de Mahsa Amini, la joven de 22 años detenida bajo el pretexto de no llevar el velo islámico de la forma correcta, más de 500 personas han muerto en las calles, otras 18 mil han sido detenidas por los cuerpos paramilitares –buena parte de ellas torturadas en cárceles secretas–, 400 sentenciadas a penas de hasta 10 años de prisión y, al menos, 17 más condenadas a pena de muerte. Hasta el momento, cuatro hombres, todos menores de 30 años, entre ellos un campeón nacional de karate, han sido ahorcados en espantosas ejecuciones públicas, acusados de ser “criminales de guerra”, de acuerdo con los radicales preceptos de la justicia impuesta por la teocracia gobernante en la nación persa, desde la Revolución Islámica de 1979.

A pesar de demostraciones barbáricas como estas, propias de un oscurantismo medieval que provoca repudio, indignación e impotencia, cuesta reconocer que –por el momento– no se vislumbra un desenlace distinto para quienes aguardan su ejecución. En vano, organismos defensores de los derechos humanos, como Amnistía Internacional, han denunciado procesos judiciales injustos en los que no se respeta el debido proceso ni se permite a los abogados de los acusados a muerte acceder a sus expedientes. En medio de la gravedad de la actual coyuntura, millones de personas en todo el mundo son testigos de cómo el grito de “mujer, vida y libertad”, que inspiró las multitudinarias movilizaciones feministas de una combativa generación de iraníes, tanto mujeres como hombres, intenta ser ahogado a toda costa y al precio que sea por la asfixiante y violenta opresión de los ayatolás, secundada por la poderosa Guardia Revolucionaria de Irán, que con sus actuaciones han demostrado desconocer cualquier medida de humanidad.

Haciendo gala de su absoluta intolerancia frente al clamor de una sociedad que exige garantías fundamentales, derechos políticos o libertades civiles, las autoridades iraníes han redoblado en esta última semana sus amenazas contra todo lo que consideran, según sus atávicos baremos, un insulto al islam. Para que no queden dudas de sus advertencias, han rememorado con ironía el salvaje ataque al escritor Salman Rushdie, autor de ‘Los versos satánicos’, apuñalado en agosto pasado en Nueva York, 33 años después de la emisión de la fatua o decreto religioso en la que se pedía su muerte. En la mira, el siempre crítico semanario francés Charlie Hebdo y una larga lista de abogados, activistas de derechos humanos, periodistas, artistas y deportistas, que han expresado respaldo o participado en la movilización social. Uno de ellos, el futbolista Amir Nasr-Azadani, quien acaba de ser condenado a 26 años de prisión, por el delito de “odio contra dios”. 

Como tantas otras veces cuando se revelan atrocidades de esta naturaleza, consideradas algo natural por quienes las perpetran –en este caso los fundamentalistas que lideran el régimen ultraconservador de Teherán–, indigna comprobar cómo los tratados, instrumentos o mecanismos del Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos de la ONU, por citar uno, tienen una eficacia tan limitada. Cabe preguntarse, entonces, cuál es el futuro que le espera a habitantes de naciones como esta condenados, por sus propios gobernantes, a una incomprensible exclusión social, económica y política. ¿Represión, desestabilización, sufrimiento? Sin duda. Lo de Irán es una larga agonía que costará aún muchas vidas antes de que se produzca el ansiado cambio por el que tantos luchan con admirable valentía. Que el mundo nos los deje solos.