El Editorial | La dolorosa verdad de la guerra
La JEP concluyó que entre 2002 y 2008 se registró el 78% del total de víctimas de ‘falsos positivos’ en seis territorios del país, incluida la región Caribe, donde se ubica el 7,3% del universo de víctimas documentadas en este lapso.
Luego de la demoledora revelación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que estableció ejecuciones extrajudiciales de por lo menos 6.402 personas – tres veces más de lo que se estimaba hasta ahora en el caso de los falsos positivos–, Colombia se enfrenta a uno de los capítulos más dolorosos y sombríos de su historia, una infamia que demanda verdad, justicia, reparación, pero ante todo garantías de no repetición para que este horror jamás se vuelva a repetir en el país.
Dos años después del inicio de sus investigaciones, la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP, tras escuchar los testimonios de víctimas y de presuntos implicados en estos atroces hechos, entre ellos militares de distintos rangos, desde soldados hasta generales retirados del Ejército, da a conocer la real dimensión de este fenómeno macrocriminal, un secreto a voces: las muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado. Concluye el organismo que entre 2002 y 2008 se registró el 78% del total de la victimización histórica en seis territorios del país que incluyen a la región Caribe, donde se ubica el 7,3% del universo de las víctimas documentadas en este lapso.
El proceso judicial no deja dudas sobre la participación de integrantes del Batallón de Artillería No. 2 “La Popa" en la comisión de falsos positivos en el norte del Cesar, el tercer departamento con más casos a nivel nacional, y en el sur de La Guajira, que aparece en la novena posición. Además, hay víctimas acreditadas del Atlántico y Magdalena. El tribunal había recibido, hasta mediados de 2019, cerca de 40 declaraciones voluntarias por ejecuciones extrajudiciales entregadas por exmilitares de esta unidad táctica adscrita a la Décima Brigada del Ejército, con sede en Valledupar, en las que confirmaban los asesinatos de personas a las que engañaban con falsas promesas de trabajo, estudiantes, habitantes de calle, indígenas o menores de edad en “combates de mentira”, como los llamaban. Una monstruosidad que muchos aún se resisten a creer o insisten en negar. Imposible seguir tapando el sol con un dedo.
Desde hace más de una década, la Fiscalía General de la Nación ha recopilado versiones de desmovilizados del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), bajo el mando de ‘Jorge 40’, en las que daban cuenta de supuestas alianzas entre oficiales de este batallón y jefes paramilitares para presentar a civiles y miembros de las autodefensas como integrantes de grupos al margen de la ley muertos en combate para ‘inflar’ resultados operacionales por presión de sus superiores, un perverso sistema de incentivos y recompensas que le hizo un daño enorme al país y que nunca más debe prevalecer.
Durante este lapso se han producido algunas decisiones judiciales contra los autores de los asesinatos, pero la gran mayoría de ellos sigue en la más absoluta impunidad. Es hora de que se haga justicia, se reconozcan responsabilidades y se establezca la verdad plena, así como la magnitud de estos hechos inhumanos. El incalculable tormento de las víctimas de los falsos positivos debe terminar, como también el de los miles de afectados por la ignominia del secuestro, especialmente ahora que los excomandantes de las extintas Farc reconocieron, tras la imputación de la JEP, su responsabilidad por el “sufrimiento” provocado a estas personas sometidas a torturas, tratos crueles, violencia sexual y desplazamiento forzado, entre otros delitos relacionados con privaciones graves de la libertad y toma de rehenes considerados hoy por el tribunal como crímenes de lesa humanidad y de guerra.
A pesar de los ataques contra su institucionalidad que no cesan, la JEP avanza en su cometido para esclarecer los horrores del conflicto, con verdad y justicia, poniendo a las víctimas en el centro de sus acciones y contribuyendo a sanar las heridas de un país que transita con inmenso dolor hacia una muy esquiva reconciliación nacional.
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