El Editorial | Flagelo que no cede
Mientras que el Gobierno avanza en la lucha contra el narcotráfico, en el medio de la batalla de los GAO por los territorios estratégicos quedan los ciudadanos que deben dejar todo para salvar sus vidas y sus familias.
El desplazamiento forzado es un flagelo que pareciera estar pegado hasta los tuétanos en la historia de nuestro país, tanto que se resiste a desaparecer de los registros de la historia que se sigue construyendo en los territorios golpeados por la violencia, ahora protagonizada por los grupos armados organizados que se disputan el control de las zonas estratégicas para el desarrollo de economías ilícitas.
El histórico reportado en el Registro Único de Víctimas da cuenta de que 7,5 millones de colombianos han sido víctimas de este flagelo, que solo en el último año tuvo 28.509 nuevas víctimas de 8.192 familias en 90 desplazamientos masivos que reportó la Defensoría del Pueblo. Estas cifras representan un aumento del 252% con respecto a 2019.
En la Región Caribe, el flagelo tampoco cedió en los registros del año pasado: 871 personas de 327 familias debieron dejar lo que tenían en zonas como Achí, El Carmen de Bolívar (Bolívar), San José de Uré, Puerto Libertador (Córdoba), incluso el barrio Las Gardenias en Barranquilla, en un caso de desplazamiento interurbano.
Esta cifra solo obedece a los registros que lleva la Defensoría del Pueblo, cuyos reportes evidencian siete eventos de desplazamiento masivo en el 2020 en la Costa.
Sin embargo, otras entidades como el Centro de Pensamiento UNCaribe, de la Universidad del Norte, tienen registros de al menos otros cinco casos de desplazamientos masivos en Córdoba y Bolívar, que afectaron a muchas más familias.
Los eventos son atribuidos a los enfrentamientos entre grupos armados ilegales, que además se ensañan con los más vulnerables de estas apartadas regiones cometiendo toda clase de delitos, incluyendo violencia sexual, reclutamiento y desapariciones, que a la postre llevan a la gente a tomar la decisión de huir y dejar todo atrás, y en buena parte de los casos por segunda vez. Muchos habían vuelto con la esperanza de que la paz finalmente sería una realidad, pero se estrellaron de frente con la realidad violenta que no se ha ido de sus territorios.
El Gobierno sigue trabajando y entregando resultados de erradicación de cultivos ilícitos e incautaciones de drogas. Justo ayer el Ministerio de Defensa le informó a EL HERALDO que en 2020 se destruyeron 5.473 laboratorios para la producción de estupefacientes y las incautaciones se incrementaron un 17%. Cifras para destacar, sin duda.
La situación es que mientras se avanza en esa lucha, miles de personas siguen en el fuego cruzado de grupos armados ilegales, en territorios donde hay pocas oportunidades, donde no siempre llega o basta la presencia de la Fuerza Pública, y donde la mano del Estado no lleva todo lo que se requiere para acabar de una vez por todas con el flagelo del desplazamiento que no nos abandona.
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