Más vale tarde que nunca. La Procuraduría General de la Nación inició proceso disciplinario contra 17 representantes de EPS que, prácticamente desde el inicio de la pandemia, han venido incurriendo en retrasos tanto en la toma de pruebas de Covid-19 como en la entrega de sus resultados. Adicionalmente, estas Entidades Promotoras de Salud, según las acciones preventivas de vigilancia y seguimiento del Ministerio Público y las denuncias de sus propios usuarios en todo el país, también habrían cometido “presuntas irregularidades en el proceso de toma y embalaje de muestras PCR para el diagnóstico del virus”. Todo un catálogo de despropósitos que ha afectado la respuesta que en muchas regiones se le ha dado a esta crisis sanitaria sin precedentes.

La Procuraduría advierte de atrasos superiores a 30 días en el procesamiento y entrega de resultados de más de 70 mil pruebas, mientras que la Superintendencia de Salud eleva ese máximo a 72 días. ¡Increíble que una persona tenga que esperar cerca de dos meses y medio para saber si adquirió el virus! No hay garantía de cumplimiento en las obligaciones de oportunidad y calidad en la toma de muestras e identificación de casos positivos con semejantes retrasos. ¿Cómo activar una estrategia efectiva de contención del virus en un barrio, un municipio o en todo un departamento si hay miles de pruebas represadas que impiden conocer cuál es el avance de la enfermedad o la situación real de contagios? En Montería, por ejemplo, donde la tasa de letalidad triplica el promedio nacional (10,14% frente a 3.4%), están confirmados 3.807 casos, pero se estima que hay más de 5 mil pruebas represadas y en todo el departamento de Córdoba son 9.472.

Desde finales de mayo, cuando la Covid-19 empezaba a hacer estragos en el Atlántico, las autoridades de Barranquilla y el resto del departamento lanzaron las primeras voces de alerta para denunciar el deficiente manejo que las EPS le estaban dando a esta compleja coyuntura de salud pública. Los llamados a rectificar sucedían casi a diario, así como las reuniones con sus representantes para buscar salidas al angustioso malestar ciudadano, cuya desazón aumentaba de manera paralela a la curva de contagios y fallecidos. El panorama no podía ser más desolador. Mientras el país estaba en otro momento de la pandemia, en Barranquilla y el Atlántico la lamentable gestión de las EPS por su insufrible retraso en la toma de muestras y entrega de diagnósticos oportunos hacía estragos.

La limitada reacción de las EPS llevó a las secretarías de Salud a dejar de esperar un milagro que no iba a llegar. Así que estableciendo alianzas con otros actores del sistema pusieron en marcha sus propias estrategias como el programa de atención preventiva para el adulto mayor Baq+60, en Barranquilla, que ha logrado salvar centenares de vidas, y los planes de contención del virus en los municipios, donde la gobernadora Elsa Noguera coordina con los alcaldes la búsqueda activa de casos, toma de pruebas y realización de cercos sanitarios. ¿Las EPS en los municipios? Ausencia absoluta, como si Suan, Repelón o Ponedera estuvieran blindados frente a la Covid. Han sido los profesionales y técnicos de salud quienes adelantan la recolección de muestras que se procesan en el Laboratorio de Salud Pública del Atlántico.

En Barranquilla, según la Procuraduría, hay 854 muestras pendientes de resultados, mientras que en Atlántico el informe habla de 1.599. En Antioquia son más de 21 mil y en Bogotá el Ministerio Público señala que hay casi 16 mil pruebas en procesamiento en el laboratorio público de la ciudad y no hubo reporte de los privados que no entregaron información. Por los retrasos detectados en 18 departamentos, 4 distritos y 88 municipios del país, el organismo de control también inició acciones disciplinarias contra funcionarios de sus secretarías de Salud.

La pandemia, lo más parecido a un huracán que aquí estuvo a punto de arrasarlo todo y que aún se ensaña con otras regiones del país, destapó aún más las enormes falencias de un sistema que descuida la atención preventiva y primaria en salud. Gran error que hoy se paga muy caro.

Casi cinco meses después del anuncio del primer caso, la avasallante realidad de la Covid superó con creces la capacidad de respuesta de ciertas EPS, IPS y laboratorios, de acuerdo con denuncias documentadas por los entes de control, entre ellos la Contraloría General, que también inició actuaciones fiscales en su contra por el represamiento de pruebas. No se trata de una cacería de brujas, pero los ciudadanos, que demandan respuestas, merecen que se respete su derecho fundamental a la salud.