Apenas cuatro días después de haber reiniciado las clases presenciales, Francia ordenó el cierre de 22 colegios debido a casos confirmados o sospechosos de Covid-19. Es una cifra muy reducida, corresponde apenas al 0,03% del total de centros educativos de ese país, pero según el protocolo establecido por el Ministerio de Educación galo son suficientes tres casos del virus para cerrar una clase o una sede escolar.

A pesar del rebrote que afecta al país, con más de 7 mil nuevos casos diarios, el Gobierno decidió apostar por el regreso a las aulas de sus más de 12 millones 300 mil estudiantes porque señala “que la escuela es fundamental en la vida y una sociedad no puede permitirse vivir sin colegio”.

En Colombia, rectores de universidades y centros educativos, reconocidos docentes y académicos, así como representantes de distintos sectores de la sociedad, piden el regreso gradual, contextualizado y seguro de la educación presencial en el país. En una carta advierten de las devastadoras consecuencias en la salud física y mental de los niños, niñas y adolescentes derivadas del cierre de los colegios por la pandemia, que ha puesto en jaque el acceso de los menores de edad al derecho fundamental a la educación.

Una realidad adversa y compleja, mucho más dramática cuando se trata de instituciones públicas, y especialmente en zonas rurales, que no cuentan con conectividad. A pesar de los esfuerzos del Ministerio y de las secretarías de educación para mitigar el impacto del cierre de los colegios, el proceso de aprendizaje de los alumnos está resultando seriamente afectado.

Una inminente ‘catástrofe educativa’, anticipada por Naciones Unidas, que merece ser analizada a fondo en Colombia. Los hechos son tozudos, de acuerdo con el informe de los académicos: el prolongado cierre de las escuelas, que en Colombia supera los cinco meses, resultaría en una pérdida de entre 0,3 y 0,9 años de escolaridad, según el Banco Mundial. Por su parte, el Instituto Colombiano de Neurociencias estima que el 88% de los menores ya evidencia alguna afectación en su salud mental y comportamiento, que podría empeorar con el paso del tiempo y tener efectos duraderos. Además, es un hecho comprobable que las niñas corren mayor riesgo de ser víctimas de abusos sexuales en sus hogares, a diferencia de los entornos escolares que constituyen ambientes seguros y sanos. Por tanto, el “regreso a las instituciones educativas no admite espera”.

Señalan que la educación es un servicio esencial que “debe primar en el cupo epidemiológico de cada municipio o ciudad”, y proponen un retorno bajo parámetros de prudencia, seguridad y organización concertado con los padres de familia de cada comunidad, evaluando modelos de alternancia y ofreciendo garantías para seguir formándose en casa a quienes decidan no volver. Un asunto clave es la protección y cuidado de la salud y estabilidad laboral de los maestros, muchos de los cuales no cuentan con las condiciones adecuadas para ejercer sus actividades en las aulas.

En la mayor parte del Caribe colombiano, atendiendo las limitaciones en la prestación del servicio de agua y la conectividad, gobernadores y alcaldes decidieron que no habrá regreso a las instituciones educativas oficiales en lo que resta del año. Sin embargo, la discusión aún está abierta en zonas donde hay baja o nula afectación de contagio por el virus, tanto en colegios oficiales como privados.

La educación es un derecho fundamental, que hoy afronta una crisis sin precedentes por la afectación de 1.600 millones de escolares en 190 países debido a la pandemia. Evitar una catástrofe generacional exige un debate que debe ser abordado con argumentos y teniendo en cuenta los enormes riesgos que corren los menores, especialmente los más vulnerables, si no regresan con prontitud a las aulas. A nadie se le debe obligar a volver, pero este es un proceso que no puede dilatarse indefinidamente, sobre todo porque el acceso a la vacuna demoraría más de 6 meses.

La recuperación del trabajo femenino también depende de la reapertura de los colegios. Garantizar protocolos de bioseguridad, suministro de elementos de protección personal y adecuaciones de infraestructura resultan prioritarios en este proceso gradual con “sentido de urgencia”, en el que deben prevalecer los derechos de los menores. Su presente está en riesgo.