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El Editorial | Derribar los muros contra los migrantes

Colombia, segundo país receptor de refugiados en el mundo, apuesta por la inclusión de los migrantes con el Estatuto de Protección Temporal. En Barranquilla se dan pasos importantes en este sentido que empiezan a ser reconocidos por la comunidad internacional.

La tragedia humanitaria alrededor de los migrantes sigue sin tocar techo. Por noveno año consecutivo aumentó el número de desplazados y refugiados en el mundo. Pese a la irrupción de la pandemia en 2020, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) indicó que 82,4 millones de personas, el 42 % de ellas menores de edad, se vieron forzadas a huir de sus lugares de origen por guerras, hechos de violencia o persecución, y otras violaciones de sus derechos humanos. No solo los conflictos provocaron éxodos. El hambre, la pobreza y la búsqueda de oportunidades, sobre todo de empleo digno, empujaron también a personas extremadamente vulnerables a cruzar fronteras, arriesgando sus vidas, para llegar a destinos donde muchas veces deben encarar actitudes hostiles e intolerantes. Los muros de la indolencia siempre serán más infranqueables que los de concreto.

Colombia, tras Siria, es el segundo país con mayor población refugiada a nivel global. 1,8 millones de venezolanos, el 32 % de quienes han abandonado su nación desde 2015, residen en el territorio nacional. Este flujo migratorio, que no cesó ni siquiera cuando las fronteras estaban cerradas por la emergencia sanitaria, puede alcanzar hasta las 2 mil personas diarias, principalmente mujeres con niños o incluso menores solos que cruzan por trochas o pasos irregulares donde son víctimas de abusos aberrantes. Lo soportan porque ansían mejorar su situación en suelo colombiano, pero la crisis socioeconómica derivada de la covid-19 deterioró significativamente sus posibilidades de acceder a medios de subsistencia. Antes de la pandemia, 8 de cada 10 eran autosuficientes, pero hoy dependen de asistencia humanitaria para sobrevivir. El desarraigo y el sufrimiento se ensañan con los más frágiles. Uno de cada tres niños venezolanos se acuesta con hambre, dos terceras partes no han podido seguir estudiando y la violencia sexual y de género contra mujeres y niñas venezolanas en Colombia creció 41,5 % en 2020.

Su frágil equilibrio se alteró por completo en este tiempo tan adverso debido al desempleo o a la escasez de recursos sanitarios, sociales y económicos que también impactan a la comunidad de acogida (a los colombianos) que en general se han caracterizado por integrar a los migrantes. Este proceso mejorable, en muchos aspectos, no puede detenerse ni mucho menos frustrarse por la utilización populista que hacen dirigentes políticos u otros sectores de las complejidades alrededor de la movilidad humana. El lenguaje xenófobo o los señalamientos generalizados que vinculan a la migración con la delincuencia dinamitan la convivencia armónica entre hermanos unidos por una historia común, fraterna y recíproca que sería insensato desconocer. Que nadie se equivoque con algo tan delicado porque hay vidas de por medio.

Con la puesta en marcha del Estatuto de Protección Temporal, Colombia envió un contundente mensaje de acogida humanitaria. En solo seis semanas, más de un millón de ellos ya se registraron para beneficiarse de esta regularización sin precedentes que protegerá sus derechos, pero también les exigirá deberes. Una decisión política valiente del actual Gobierno reconocida por la comunidad internacional que comprometió recursos por más de USD mil 500 millones, en una reciente cumbre de donantes, para brindar atención a 3,3 millones de refugiados y migrantes venezolanos en 17 países de la región. Urge que en medio de esta compleja coyuntura, los fondos fluyan cuanto antes para mitigar las ingentes necesidades de estas personas, pero se requerirá mucho más que eso, en particular voluntad política para superar las causas que originan su huida.

En Barranquilla y municipios del Atlántico, tercera entidad territorial con más población migrante del país, gobiernos locales y sector privado trabajan de la mano para facilitar su integración socioeconómica. Nuestra sociedad resiliente y acogedora ha demostrado en otras ocasiones difíciles una capacidad constructiva ejemplar. Es momento de volver a hacerlo para derribar los muros de la desconfianza y la indiferencia levantados en medio de la actual crisis.

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