Gabriel Esteban está muerto. Tenía solo 5 años. Lo asesinó Gabriel González, su propio padre, en un nuevo episodio de aterradora violencia vicaria. Ese es el término, que no se nos olvide, con el que se cataloga a una de las peores y más extremas formas de machismo usada por los hombres para dañar o causar un dolor eterno a las madres de las víctimas, generalmente sus exparejas, a las que consideran, junto a sus hijos e hijas, objetos de su propiedad. 

El hecho en sí mismo es absolutamente escandaloso, repudiable e hiriente. Pero lo es aún más cuando se conoce que, aparentemente, el Estado habría sido incapaz de proteger al menor y a Consuelo, su mamá, una humilde mujer que llevaba un tiempo denunciando ante la Fiscalía, el ICBF y comisarías de familia de Bogotá el interminable rosario de intimidaciones, amenazas y malos tratos a los que la sometía este individuo. Dolorosa crónica de una muerte anunciada. 

¿Cuál fue la hoja de ruta que se trazó, si es que la hubo, tras la medida de protección con la que una de estas comisarías cobijó finalmente a Consuelo, más no a su hijo?
A la espera de lo que determine la Procuraduría General, que inició una indagación sobre la actuación de las entidades comprometidas, resulta evidente que la respuesta no habría sido todo lo efectiva o diligente que se esperaría, casi nunca lo es, a tenor de la agonía permanente en la que vivía esta mujer cada vez que su pequeño era recogido por su padre para pasar tiempo con él, como lo establece la normatividad legal luego de una separación. 

Hasta cuándo el Estado va a seguir demostrando su incompetencia, además de rampante indolencia, frente a las numerosas víctimas de violencia intrafamiliar y de género que en medio de sus inenarrables tragedias personales tocan las puertas de organismos anacrónicos o funcionarios negligentes implorando por una oportuna intervención institucional que les permita salvaguardar sus vidas. 
Cuántos Gabriel Esteban más tienen que morir en este país para que se reforme el Sistema de Protección de la Niñez y se garantice a los menores de edad víctimas de distintas violencias el efectivo y oportuno restablecimiento de sus derechos. Seguimos fracasando como sociedad. Sobre todo, ahora cuando se ha disparado la violencia intrafamiliar contra niños, niñas y adolescentes. Medicina Legal documenta entre enero y agosto de este año 3.828 casos, un promedio de 478 por mes, cuando en 2021 se contabilizaban 274. Un horror.

De Gabriel, el victimario acusado de homicidio agravado tras asfixiar a su hijo en un execrable crimen cuidadosamente planeado hasta en el menor detalle, se dice que padece trastornos mentales. No está claro. De lo que no queda duda es que al sentir que perdía el control sobre su expareja decidió aniquilarla en vida, matando lo que ella más amaba. Volvemos a la violencia machista ejercida contra las mujeres, pero también contra los hijos. Ellos que comparten hogar con el maltratador de su madre se convierten en víctimas de quien pasa por encima de su interés superior. Así sea su padre. Como si fuera el orden natural de las cosas, su errada visión patriarcal o colonizadora les otorga patente de corso para agredirlos, abusarlos e incluso asesinarlos. Inaceptable masculinidad tóxica de hombres que en su condición de parejas y padres se ensañan por igual contra sus compañeras e hijos, por creer que les pertenecen. En ninguno de los casos son hechos aislados. De fondo, aparece el mismo hilo conductor. 

Es hora de cambiar insanos paradigmas de enseñanza que perpetúan intolerables desigualdades de género para dejar de seguir criando machistas. El único camino es la educación, al igual que la prevención. También es justo que se entienda de una vez por todas que los derechos de la niñez son prevalentes, en especial cuando se trata de menores que conviven en entornos familiares signados por violencias. 
Si el Estado quiere evitar más desenlaces previsibles como el de Gabriel Esteban, los regímenes de visitas deben suspenderse en casos de riesgo, las denuncias por violencia machista e intrafamiliar en las comisarías y otras instancias oficiales no pueden tramitarse como un asunto irrelevante de larga espera y, ante todo, los funcionarios tienen que dejar de actuar como cómplices de padres o parejas que al margen de esta naturaleza son maltratadores o abusadores. Basta de disociar lo uno de lo otro. La violencia machista también mata niños.