El Editorial | Amenaza golpista en Brasil
Miles de personas marcharon en Brasil en respaldo al presidente Jair Bolsonaro, quien elevó sus amenazas contra el poder judicial que lo investiga en dos procesos. Las protestas con tintes antidemocráticos incrementaron la preocupación de sectores sobre la suerte del país.
Jair Bolsonaro, el ultraderechista presidente de Brasil, tensó aún más la cuerda de la agria disputa que, desde su llegada al poder, mantiene abierta con la institucionalidad, en especial con el poder judicial que hoy lo investiga en dos procesos distintos. En un provocador discurso durante la conmemoración del Día de la Independencia –jornada festiva que convirtió en un pulso social entre sus seguidores y contradictores– Bolsonaro elevó el tono de sus amenazas contra magistrados de las más importantes instancias de justicia, acrecentando la preocupación de las fuerzas políticas, sectores económicos y sociales, ante una posible ruptura democrática. “No queremos pelearnos con ningún poder. Pero (...) no podemos permitir que una persona ponga en riesgo nuestra libertad”, expresó, con soberbia, el mandatario refiriéndose a eventuales decisiones del Supremo Tribunal Federal que podrían llegar a interponerse en su aspiración de ser reelegido en 2022.
Brasil afronta un momento complejo de su historia reciente azuzado por líderes de grupos radicales de derecha que convocan a realizar actos antidemocráticos para minar la confianza de los ciudadanos en sus instituciones. Entre el peligroso listado de sus llamados, amplificados en redes sociales, aparecen desde la invasión de las sedes del Parlamento o la Corte Suprema hasta el asesinato de jueces y políticos opositores. Preocupa el nivel de polarización de la sociedad brasileña, pero en particular la posición asumida por grupos oficialistas y dirigentes empresariales que exigen de Bolsonaro, y su entorno más cercano, una “intervención militar” o la clausura del Congreso y de la Corte Suprema de Justicia. Y en este sentido, analistas estiman que lo acontecido en la actualidad se ubica en la misma línea histórica que la dictadura de 1964.
Los crecientes gestos autoritarios e intimidantes en las apariciones públicas de Bolsonaro, en las que suele estar rodeado por militares –se calcula que más de 6 mil están vinculados a ministerios, organismos de vigilancia y entidades estatales–, se asocian con la caída de su popularidad. De cara a las presidenciales de 2022, juega una carrera contra el tiempo e inobjetables realidades que han desacreditado su Gobierno, entre ellas la muerte de 585 mil personas por la pandemia. Una tragedia incalculable de la que directamente se le responsabiliza por su actitud negacionista frente al virus, la temeraria apuesta que hizo por medicamentos ineficaces y, lo más grave, las demoras para firmar los contratos de compra de vacunas. No es lo único por lo que se le cuestiona. Su estrategia de gobernar usando mentiras o coaccionando a sus adversarios políticos tampoco le ha servido para superar la fortísima crisis económica derivada de la emergencia sanitaria que provocó aumento del desempleo, la pobreza y la desigualdad.
Todo en Brasil induce a la agitación. Al mejor estilo del expresidente Donald Trump, Bolsonaro no cejará en su empeño de deslegitimar, a toda costa, el proceso electoral del próximo año, al que se enfrenta con posibilidades reducidas. Luego de su derrota en el Congreso, donde no obtuvo el respaldo de los legisladores para modificar el sistema de votación –de electrónico a papeleta–, ha seguido insistiendo en que el resultado no será confiable, pese a no presentar una sola prueba. En la mira del gobernante se encuentra el Tribunal Superior Electoral, que también lo investiga por filtración de datos y al que acusa de preparar un fraude para conducir al poder al exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva, favorito en todas las encuestas, y quien, a su vez, acusa a Bolsonaro de incitar al "odio" y los "enfrentamientos".
Cuestionar el resultado de los comicios es, a día hoy, la principal estrategia electoral del gobernante que ha llegado a amenazar con no realizarlos; mientras prohíbe, vía decreto, a las empresas de redes sociales remover publicaciones por sus contenidos en forma "arbitraria", según él. ¿Quién es el arbitrario?, se preguntan hoy en Brasil sectores del Parlamento, la Justicia, los empresarios, la banca o los organismos sociales que confían en mantener firmeza y determinación ante el embate autoritario del presidente. Está claro que, una vez más, el papel de las Fuerzas Armadas será definitivo en el futuro del país.
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