La compra de votos es una realidad inocultable en el país. Las autoridades administrativas y judiciales lo saben, la Fuerza Pública lo sabe, los medios de comunicación lo saben, la ciudadanía lo sabe, todos los actores que participan directa o indirectamente en una jornada electoral como la del domingo están al tanto de esta práctica que ha deformado la manera de hacer política en Colombia y ha enlodado la reputación de quienes aspiran a cargos de elección popular, acudan o no a mecanismos ilícitos para conseguir su objetivo. Sin embargo, pocas veces las investigaciones por delitos contra el sufragio arrojan resultados.
Por eso el caso de la representante conservadora Aida Merlano llama tanto la atención. Porque a pesar de ser una práctica extendida por todo el país, la investigación de la Fiscalía contra la campaña de la hoy senadora electa ha sido rápida y contundente.
Hasta ahora, el centro de estas investigaciones habían sido los llamados ‘mochileros’, líderes barriales que tienen a su cargo el reclutamiento, organización y pago a los votantes, pero los beneficiarios directos, es decir, los candidatos, habían, como se dice coloquialmente, “pasado de agache”.
En el comando de Merlano en el barrio El Golf, conocido como la ‘casa blanca’, el ente fiscalizador encontró pruebas que vincularían a la campaña de la congresista con la compra de votos. Cinco personas fueron capturadas, entre ellas una hermana de la parlamentaria, y 268 millones de pesos incautados. Pero lo que más despertó el interés de los investigadores es el sistema de código de barras empleado para identificar y rastrear a los votantes. Según el propio fiscal general, Néstor Humberto Martínez, cada sufragio habría sido cancelado a 40.000 pesos, con un subsidio para transporte de $5.000. Incluso, algunos documentos dan cuenta de una lista de incentivos para los coordinadores por número de votos aportados.
Por sus implicaciones, el caso Merlano puede ser el punto de partida para erradicar viejas y dañinas prácticas. Ayer, la Procuraduría suspendió por tres meses a la representante, y su partido podría verse afectado si se le aplica la figura de la ‘silla vacía’.
Varios son los políticos, como quedó evidenciado en la tertulia realizada el martes en El Heraldo con algunos de los congresistas electos de la Costa, que ven en las listas cerradas una solución para fortalecer y proteger a los partidos y, al tiempo, reducir el costo de las campañas.
Eliminar el voto preferente surge entonces como una opción para extirpar el tumor de la compra de votos, que ha convertido la política en un negocio, como lo demuestra hasta ahora el caso Merlano.
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