Editoriales |

Un alivio para los reclusos

El Ministerio de Justicia anunció el viernes la construcción de unos pabellones temporales para ampliar en 510 cupos la capacidad de la Penitenciaría El Bosque, como medida para contrarrestar el hacinamiento a corto plazo. En Barranquilla, y en el país en general, el asunto va más allá de la capacidad de las cárceles para recibir a un cierto número de personas. Se trata del talante con el cual el Estado asume el régimen penitenciario.

Con buenos ojos se recibe el anuncio del aumento de cupos carcelarios en la penitenciaria de El Bosque, hecho por la ministra de Justicia, Margarita Cabello. Las 510 plazas adicionales estarían listas en noviembre, según esas mismas declaraciones.

Han sido muchas las peticiones de diversos sectores preocupados por la situación de los ciudadanos privados de la libertad que cumplen sus condenas o esperan resolver su situación jurídica en este centro de reclusión, que hace mucho tiempo superó su capacidad.

Esas exigencias no carecen de razones. La penitenciaría El Bosque tenía, hasta agosto pasado, un hacinamiento del 162%, lo cual contribuye a que las condiciones en las que los condenados cumplen sus deudas con la justicia sean, en el mejor de los casos, indignas, aunque algunas organizaciones de derechos humanos las han calificado de infrahumanas.

Pero, en Barranquilla, y en el país en general, el asunto va más allá de la capacidad de las cárceles para recibir a un cierto número de personas. Se trata del talante con el cual el Estado asume el régimen penitenciario y su misión constitucional de garantizar la resocialización de los infractores de la ley.

En la mayoría de los casos, sobre todo en las cárceles de baja y media seguridad, los hombres y mujeres privados de la libertad sobreviven en medio del hacinamiento, sí, pero también de la suciedad, las enfermedades, las riñas, la ley de pandillas, la alimentación deficiente, en una muestra de cómo la sociedad cohonesta una especie de castigo adicional al ordenado por los jueces, que en Colombia se limita a la privación de la libertad.

Vale la pena de nuevo hacer un llamado a los organismos de Estado para que enfrenten el problema de las cárceles con un enfoque humanitario, que se respeten los derechos de los reclusos, que se promulguen y ejecuten políticas públicas destinadas a la resocialización y no al abandono de quienes han infringido las normas, no importa la dimensión de sus delitos.

Por otra parte, es claro que es buena la noticia de los nuevos cupos en El Bosque. Sin embargo, la necesidad urgente de que esto ocurriera constituye una voz de alerta, por cuanto demuestra que los niveles de criminalidad siguen aumentando en nuestra ciudad, y el hecho de ampliar la capacidad de las cárceles es solo una parte de la solución. Como lo hemos repetido en varias ocasiones, la reducción del crimen depende de intervenciones sociales decididas y continuas en las zonas más vulnerables: educación, empleo, deporte, cultura, son probadas armas para atacar los caldos de cultivo de la violencia.

Es el deseo de todos que no sean necesarias más cárceles ni más cupos en las que ya existen. Pero no porque queramos que los reclusos padezcan la indignidad de convivir los unos encima de los otros, sino porque podamos encontrar las herramientas para que el crimen sea una excepción y no una regla.

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