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Editorial

El lío de las indemnizaciones

El Gobierno ultima un decreto que modulará los requisitos para que las víctimas del conflicto accedan a un resarcimiento, ante el enorme desafío presupuestario que suponen los pagos. La polémica está servida.

El plan de indemnización a las víctimas del conflicto armado se ha convertido en un dolor de cabeza para el Gobierno. No solo por la complejidad en la tramitación de los expedientes o por las mafias que ya se han establecido en torno a los cobros, sino, sobre todo, por el abultado presupuesto que implica el tema para las arcas del Estado.

Según informó el director de la Unidad para Víctimas, Ramón Rodríguez, hasta el momento se ha indemnizado a un millón de víctimas, lo que ha supuesto un desembolso de $6 billones. Teniendo en cuenta que hay registradas en torno a siete millones de víctimas, los recursos necesarios para resarcirlos tendrían que ascender a unos $45 billones.

Por supuesto que las  personas que padecieron el conflicto merecen todo el apoyo de la sociedad, y no hay que escatimar recursos en esa tarea. El problema es que estamos hablando de una suma exorbitante que el Estado no está, por lo menos en las actuales circunstancias, en capacidad de atender.

Ante tal situación, el Gobierno se ha sacado de la manga un decreto en el que redefine ciertos criterios para acceder a las indemnizaciones. Se tendrá en cuenta, por ejemplo, si la víctima de un desplazamiento se apartó de su territorio por un tiempo limitado o si se tuvo que marchar para siempre. Se plantea también que los pagos a las víctimas no suban, como hasta ahora, según el incremento del salario mínimo, sino del IPC. O que la indemnización se conceda exclusivamente a la persona que pudo sufrir un desplazamiento y no a la totalidad del grupo familiar que habría conformado después de aquel suceso.

 El director de la Unidad de Víctimas, dijo que el objetivo de estos cambios es poder cumplir las obligaciones “de manera responsable”, ya que, según señaló, numerosas víctimas han manifestado que prefieren recibir menos dinero hoy a tener que esperar 20 años a que el Estado les pague, si es que logra hacerlo en el futuro.

El decreto, que se encuentra en etapa de socialización, está llamado a la polémica. Los argumentos del responsable máximo de la Unidad para Víctimas son comprensibles, pues estamos hablando de unos montos difíciles de conseguir. Sin embargo, muchas víctimas alegarán, también con razones, que sus sufrimientos han sido enormes y que el Estado debe cumplir con lo que se comprometió.

Una situación complicada, sin duda, herencia de un conflicto que desangró al país y que sigue dejando hondas heridas. Más allá del debate que pueda suscitar el decreto, lo importante de momento es evitar que políticos en busca de votos o abogados de rapiña se sigan aprovechando del padecimiento ajeno para intentar montar un ‘cartel de las indemnizaciones’.

Lo importante de momento es evitar que políticos en busca de votos o abogados de rapiña se sigan aprovechando del sufrimiento ajeno para intentar montar un ‘cartel de la indemnización’.

editorial - EL HERALDO - espacios de opinión -

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