El anuncio de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) de aplazar, por segunda ocasión, la apertura del proceso de licitación y publicación de los pliegos definitivos de la APP del río Magdalena, tensa aún más la cuerda de unas relaciones marcadas por los desencuentros. Sin ofrecer, en ese momento, las razones del porqué de su decisión ni explicar cómo avanza el proceso, la entidad –adscrita al Ministerio de Transporte– informó en la noche del viernes 17 de diciembre sobre la reprogramación de las fechas en las que se pondrá en marcha la crucial iniciativa, con la que el Gobierno nacional busca recuperar la navegabilidad por la “principal arteria fluvial de Colombia”, a lo largo de 668 kilómetros, entre Bocas de Ceniza (Barranquilla) y Barrancabermeja (Santander).

De acuerdo con la redefinición del cronograma, la licitación se abriría –valga decirlo así, de manera condicional, para evitar incurrir en imprecisiones por la ausencia de certezas– este viernes 24 de diciembre. Sí, el día de la celebración de la Navidad, con lo que la audiencia de adjudicación del proyecto, prevista para el 2 de junio, se postergó para el 10, nueve días antes de la segunda vuelta presidencial, y un mes después de la primera fecha dada a conocer por la ANI para adjudicar el proyecto en el que se invertirán $1,53 billones.

Más allá de los motivos que con seguridad sustentan el nuevo aplazamiento resuelto por la ANI, y que convendría socializar para evitar caer en especulaciones innecesarias, sí es cierto que tres fechas distintas de apertura de la licitación en menos de un mes despiertan inquietudes acerca de la materialización de la APP del río. Sobre todo, porque cada vez que el Gobierno central hace un anuncio sobre el proyecto los plazos que entrega no solo no cuadran, sino que además terminan postergándose, con lo que la ventana de su tiempo empieza a cerrarse. No está de más indicar que Iván Duque cierra su mandato el 7 de agosto de 2022. Parece distante, pero se encuentra a la vuelta de la esquina.

Lejos se está de estructurar un memorial de agravios contra el jefe de Estado, la ministra de Transporte, el presidente de la ANI o el director de Cormagdalena, quienes en los últimos tres años y medio han reiterado, de todas las formas posibles, su compromiso con Barranquilla para impulsar y sacar adelante este proyecto que convertirá al río Magdalena en el eje del intermodalismo en el país, una de las grandes apuestas del actual Ejecutivo. De hecho, Ángela María Orozco insistió a EL HERALDO, tras el nuevo aplazamiento, que el cronograma pactado se cumplirá. Confiamos en ello.

Pero, no deja de ser una paradoja, pese a la voluntad expresada por el presidente Duque, la similitud de las circunstancias a la que la actual iniciativa de la APP del río se ve abocada, en relación con lo sucedido hace cuatro años cuando Juan Manuel Santos concluía su periodo. Con fundamentos más que justificados, representantes de los gremios del Atlántico advierten sobre el riesgo implícito de que el proyecto no se adjudique por la coyuntura electoral. Ya pasó una vez, por tanto es más que razonable demandar del Gobierno nacional certezas o garantías para que esto no vuelva a ocurrir y se evite una nueva frustración para Barranquilla, y en particular para su zona portuaria.

Al mismo tiempo, conviene actuar con liderazgo estratégico. ¿Cuáles son las alternativas frente a nuevas dilaciones que imposibiliten concretar la APP del río? Es necesario empezar a evaluarlas, desde una perspectiva realista, para asegurar la navegabilidad del canal del acceso. Perderla, como ha ocurrido varias veces durante este aciago 2021, atenta contra la competitividad, confiabilidad y reputación de la ciudad como destino portuario nacional e internacional, y pone en entredicho el bienestar económico y social de más de 24 mil trabajadores del sector.

El futuro de la zona portuaria de Barranquilla no debería depender de determinaciones que tecnócratas toman desde sus oficinas con vista a los cerros de Bogotá, muchos de los cuales jamás han estado cerca del río. En consecuencia, para garantizar la estabilidad del canal navegable es pertinente abrir el debate –bajo el liderazgo del Distrito, sector privado y Bancada Caribe– de las opciones que, a manera de plan B, puedan ejecutarse, ejerciendo una decidida defensa de nuestros intereses.