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El Editorial | Régimen de Maduro, en la mira

El presidente Iván Duque llama a Estados Unidos a acabar la relación “connivente y perniciosa” del régimen de Venezuela con los grupos ilegales colombianos en un momento en el que Joe Biden busca aclimatar un diálogo entre el oficialismo y la oposición.

Colombia elevó el tono contra el régimen de Nicolás Maduro. El presidente Iván Duque pidió a Estados Unidos que declare a Venezuela como “país promotor del terrorismo” bajo el argumento de que ofrece protección al ELN y disidencias de las Farc. A estas últimas las acusa de atentar contra la brigada 30 del Ejército, en Cúcuta, y contra su propio helicóptero cuando sobrevolaba esa región del oriente del país, fronteriza con Venezuela. Pruebas en poder del Ministerio de Defensa, la Policía nacional y la Fiscalía General anticipaban que detrás de esas acciones criminales se encontraba el frente 33 de la antigua guerrilla liderada por alias Jhon Mechas. Pero, por si quedaba alguna duda acerca de su autoría, las mismas disidencias del Bloque Magdalena Medio se encargaron de asumir su absoluta responsabilidad en los hechos y, en tono desafiante, anunciaron nuevos ataques.

Sin duda, se trata de una amenaza real que confirma el nivel de articulación y capacidad para desestabilizar instituciones adquiridos por estas estructuras armadas ilegales que, antes de la firma del Acuerdo Final de Paz en 2016, ya estaban en permanente expansión a nivel urbano y rural. A mediados de 2020, el entonces ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, advirtió en el Congreso sobre su crecimiento exponencial en más de 120 municipios y 2.500 veredas del territorio nacional con 5 mil combatientes de las disidencias comandados por ‘Gentil Duarte’ e ‘Iván Mordiscos’, de los ‘rearmados’ de la ‘Segunda Marquetalia’, al mando de ‘Iván Márquez’; y de los emergentes, que conforman grupos más reducidos como el frente Oliver Sinisterra afincado en el Pacífico colombiano.

No son lo mismo ni están unidos, como se podría imaginar. Por el contrario, estas organizaciones al margen de la ley tienen dinámicas territoriales propias y libran una feroz disputa entre ellas por el control de las rutas del narcotráfico y otras lucrativas economías ilícitas. Sin embargo, aunque enemigas entre sí, mantienen vasos comunicantes muy fuertes. Uno de ellos es la declaratoria de guerra contra el Estado, el otro es su ubicación. Varios de sus jefes más importantes han encontrado refugio en Venezuela e incluso amparo del régimen durante más de una década. Viven a sus anchas y ejercen como autoridad en zonas distantes controlando actividades ilegales bajo la anuencia de la dirigencia política y las fuerzas armadas chavistas. 

El llamado del presidente Iván Duque para acabar la relación “connivente y perniciosa” del gobierno de Venezuela con los grupos armados ilegales colombianos es coherente. La defensa de los valores democráticos y el respeto de las libertades y derechos humanos de los ciudadanos resultan innegociables. La lucha contra el terrorismo es una responsabilidad común entre las naciones, y Colombia debe apelar a la cooperación internacional en su propósito de desmantelar estas organizaciones que han sufrido un proceso de degradación interna y descomposición delincuencial que dificulta eventuales espacios de diálogo.

La llegada del presidente Joe Biden abrió la posibilidad de nuevos acercamientos con Caracas, incluida una revisión de sanciones. Pese a los reiterados fracasos y la enorme desconfianza entre las partes, la Unión Europea y Canadá también respaldaron el camino del diálogo que empezará a recorrerse, a partir de agosto en México, con el inicio de conversaciones entre el régimen y la oposición, bajo el auspicio de Noruega. Si estos prosperan, se podría recomponer el panorama político, económico y social de un país sumido en una dolorosa emergencia humanitaria que ocasiona incalculable sufrimiento a sus habitantes, dentro y fuera de sus fronteras. También, por qué no, se podría poner fin a la tolerancia del aparato oficialista con la ilegalidad de los grupos colombianos al margen de la ley. Las elecciones regionales de noviembre son una prueba de fuego para medir la real voluntad de Nicolás Maduro de encontrar una salida concertada a la crisis. La seguridad de Colombia pasa en buena medida por el futuro de Venezuela.

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