El lunes pasado, EL HERALDO reveló que la ampliación de la vía entre Barranquilla y Cartagena se encuentra paralizada debido a que una gasolinera se interpone en el trazado de la carretera a la altura de Tubará.

El Instituto Nacional de Vías, Invías, responsable de la obra, explicó que, para superar el problema, ha promovido en un juzgado civil de Barranquilla un proceso para la expropiación de la estación de servicio, propiedad de Inversiones y Combustibles La María.

Lo que no ha explicado la entidad es por qué permitió que se llegara a este punto, en que un proyecto de capital importancia para la interconexión de la Región Caribe se ve frenado por un hecho previsible, que se debió atender antes de emprender los trabajos.

Pero resulta que el embrollo no acaba ahí. Este diario ha continuado indagando sobre el asunto y ha conocido que la tercera parte del tramo en el que se ha presentado el problema de la gasolinera se encuentra desfinanciado. Según las explicaciones de Invías, el valor de la gestión predial “desbordó los recursos asignados” para la obra, en la que se han invertido ya 93.874 millones de pesos. Siempre de acuerdo con la entidad, “en un alcance de 9,1 kilómetros se identificaron 35 expropiaciones”, entre las cuales se encuentra la estación de servicio.

Miembros de la comisión de Infraestructura del Congreso aseguraron a este diario que el tramo paralizado necesita una inyección de 50 mil millones de pesos para seguir adelante. La primera pregunta que nos asalta es de dónde saldrá esa suma y, sobre todo, cuándo se conseguirá su desembolso, pues bastante experiencia tenemos los costeños con los cuentos del gallo capón que nos echan desde Bogotá para calmarnos cada vez que nos alteramos por el retraso de una obra.

Pero hay otro interrogante más de fondo que se nos viene a la mente y es por qué pasan estas cosas. Dónde tienen puesta la cabeza los planificadores cuando ponen en marcha un proyecto. Porque bien es sabido que los retrasos en los trabajos suelen conducir a un encarecimiento del proyecto, sobre todo cuando la causa es la falta de previsión de la entidad contratante.

Los congresistas costeños, sobre todo del Atlántico y Bolívar, así como las autoridades administrativas y los gremios empresariales, tienen en este caso un nuevo motivo para dar la batalla por su región. Además de razones económicas o comerciales, la culminación de la doble calzada de esta vía es importante para los ciudadanos que se desplazan entre Barranquilla y Cartagena.

Por todas esas razones, hay que movilizarse de inmediato. Demasiados proyectos tenemos frenados ya.

Mucha atención. Los costeños tenemos ya bastante experiencia con los cuentos del gallo capón que nos echan desde Bogotá para tranquilizarnos cada vez que nos alteramos por el retraso de una obra.