En el informe trimestral presentado al Consejo de Seguridad de la ONU sobre el funcionamiento de la Misión de Verificación en Colombia, el secretario general de la organización, Antonio Guterres, destacó el apoyo que el gobierno del presidente Iván Duque ha tenido con la implementación del acuerdo de paz con la desmovilizada guerrilla de las Farc. 

El documento destaca que en sus primeros 100 días de gobierno, el mandatario ha insistido en que continuará con el proceso que se inició con la firma del acuerdo en el Teatro Colón, a través de la construcción de políticas públicas que priorizan la equidad, la legalidad y el emprendimiento, con prioridad en los territorios más afectados por el largo conflicto armado.

En ese sentido, Guterres señala que, aunque falta mucho por hacer, es importante la elaboración del plan Paz con legalidad, una iniciativa que busca que el Estado tenga mayor presencia en las zonas más afectadas por la violencia, un punto que, de acuerdo con la ONU, es fundamental para enfrentar el reto enorme de la paz. 

Más allá de las consideraciones que se tengan en Colombia, donde las opiniones están divididas en relación al compromiso de Duque con el acuerdo (el nombramiento de Claudia Ortiz al frente de la Agencia de Desarrollo Rural, por ejemplo, ha desatado una intensa polémica), dicho informe deja en buen lugar al presidente, al menos ante quienes sostienen que iba a hacer “trizas” lo pactado.

Aunque la valoración sobre la voluntad del gobierno en materia de consolidación de la paz es positiva, el documento también llama la atención acerca de la alarmante ola de asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos, cuya cifra asciende a 163. 

Así mismo, manifiesta su preocupación por los 85 desmovilizados de las Farc asesinados desde noviembre de 2016, dos asuntos neurálgicos que el gobierno deberá seguir afrontando con firmeza, no solo para que no se conviertan en obstáculos del proceso, sino para demostrar su compromiso constitucional de proteger la seguridad y la vida de todos los involucrados. 

Este diagnóstico de la ONU es, además, un estímulo para el gobierno en su tarea de seguir atendiendo las urgentes peticiones de los territorios más vulnerables del país, aquellos que vivieron en carne propia los rigores de la guerra. 

El resultado de este informe constituye también una respuesta de la comunidad internacional a las voces críticas que han puesto en duda la voluntad del presidente de cumplir la palabra empeñada por el Estado en el acuerdo que dio por terminado el conflicto más prolongado del hemisferio.