Nada más sintomático del drama que viven los migrantes venezolanos que los cambuches que han ocupado la zona aledaña del velódromo y del estadio Metropolitano.

Las condiciones que viven en ese entorno las familias que se han desplazado de la nación vecina son, si cabe una sola palabra para definirla, deplorables.

Allí hay ancianos, mujeres embarazadas, niños de todas las edades, hacinados en paredes de cartón y de plástico que escasamente los salvaguardan del frío de la noche o la lluvia de estos días. Ya se podrán imaginar nuestros lectores las condiciones sanitarias y la alta exposición que tiene la salud de esas personas que, con todo, tienen la esperanza de sobreponerse a la situación que dejaron en su país.

Se trata de un drama que se repite en otras ciudades colombianas, donde, según el DANE, debe haber ya más de 9 millones de venezolanos.

Estamos ante un doble reto para los gobiernos locales.

La migración, en primer lugar, está en primer orden en la agenda global de desarrollo.  Con la aprobación de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ODS), el mundo también llamó la atención de los estados sobre la necesidad de extender un tratamiento humanitario a quienes ya padecen la dura circunstancia del desarraigo.

La premisa básica, para empezar a entenderlo, es que estos ciudadanos fueron expulsados de su tierra por guerras o gestiones políticas desacertadas. Lo peor que podrían hacer las sociedades receptoras es generarles un nuevo rechazo. Y cuando hablamos de sociedades nos referimos a todos los actores, vale decir, habitantes, gobiernos, empresarios, a quienes les cabe una cuota de tolerancia, solidaridad y por supuesto de oportunidades.

Pero la Unesco, en concordancia con los principios esenciales de los llamados acuerdos del posmilenio, clamó por el reconocimiento de los valores del espacio público para la calidad de la vida urbana. 

Pese a que estamos ante un desafío muy complejo, debemos como sociedad hacer el máximo esfuerzo para que las administraciones públicas de nuestras ciudades, y Barranquilla no podría ser la excepción, se integren y garanticen la  “calidad, cantidad, cuidado y uso de los espacios públicos”, particularmente “en las zonas de bajos ingresos”, de manera que se les mejore y se les integre constantemente al desarrollo sostenible.

La migración, pues, no puede convertirse en un problema más ni para los inmigrantes  ni para los barranquilleros, en este caso.

Se requiere una política pública consistente que, por un lado, les brinde atención digna a los recién llegados y, por el otro, preserve los que organismos internacionales llaman espacios vitales para la equidad y la justicia social.

Es de esperar, entonces, un proceso garantista de los derechos de ambas partes, y en tal contexto, que las autoridades procedan a realojar a las familias en un sitio digno que hable de nuestra condición humana como urbe, y permita la devolución los parques ocupados para el disfrute de todos.