Los hechos ocurridos ayer durante la marcha estudiantil en Barranquilla, cuando encapuchados atacaron con  piedras la sede política de la candidata a la Gobernación Elsa Noguera, merecen el rechazo unánime y sin fisuras de la ciudadanía.

No es la primera vez que nos referimos en este espacio editorial a los violentos que se aprovechan de concentraciones públicas para cometer sus fechorías. Y tenemos la desoladora sospecha de que no será la última. Lo importante es que la censura social contra este tipo de comportamientos sea cada vez más amplia  e inequívoca, como por fortuna está sucediendo en el país.

Lo ocurrido ayer fue  un hecho aislado. Las imágenes captadas por cámaras de seguridad muestran a cinco energúmenos lanzando piedras y haciendo pintadas en la sede, mientras algunos manifestantes intentan convencerlos de que cesen la violencia.

La candidata, en un comunicado, hizo una clara distinción entre unos y otros, al afirmar que siempre apoyará el derecho de los estudiantes “a manifestar sus descontentos”. Y pidió a estos que “no se dejen influenciar por personas que tengan otros intereses”.

Tiene razón Noguera en que el ataque de ayer no fue solo contra su campaña electoral, sino contra la democracia. Porque resulta obvio que la intención de los autores de las agresiones es hacer daño a la convivencia y pervertir las reglas del juego de las que nos hemos dotado como sociedad.

El domingo pasado publicamos en nuestras páginas un extenso informe sobre la protesta como derecho, en el que expertos reflexionaban sobre la naturaleza y los alcances de este instrumento  de presión que tienen los ciudadanos para airear sus reivindicaciones y quejas.

Ese derecho ha de ser preservado. Y debemos evitar que los autodenominados defensores del ‘orden’ y la ‘autoridad’ intenten aprovechar episodios como el de ayer para exigir que tal derecho se cercene. Cosa bien distinta es analizar las posibilidades de garantizar con más eficacia su normal desarrollo.

Es cierto que los organizadores de manifestaciones y protestas deben extremar su celo en la vigilancia de los eventos. Por su parte, la Policía no debe escatimar esfuerzos para contribuir al desarrollo pacífico de las marchas, de modo que sus eventuales intervenciones sean proporcionales al desafío que se presente.

No solo en Barranquilla hubo actos violentos. En la multitudinaria protesta en Bogotá, el Esmad actuó con contundencia contra encapuchados que trataron de sembrar el caos provocando disturbios.

La justicia debe actuar con pulso firme contra los violentos. Y la sociedad debe hacerles entender que sus métodos no caben en democracia.