La orden de certificación de Colombia en la lucha contra las drogas, emitida por Donald Trump, es una buena noticia para nuestro país, más allá de la valoración que unos u otros puedan tener sobre la conflictiva  y temperamental figura del presidente de EEUU.

El anuncio supone un balón de oxígeno para el presidente Duque, quien en dos ocasione anteriores había sido objeto de displicentes reproches por parte de Trump. Este dijo, entre otras lindezas, que el mandatario colombiano era “un buen tipo pero no había hecho nada por EEUU” en la lucha antidroga.

También es motivo de alivio para el conjunto del país, por la sencilla razón de que la certificación es instrumento fundamental para mantener unas relaciones estables con la nación más poderosa del planeta y acceder a recursos económicos que, de otra manera, no llegarían. 

Los colombianos sabemos muy bien que no hay país que haya hecho tanto esfuerzo y puesto más muertos en el combate contra las drogas ilícitas. También sabemos que este fabuloso negocio no existiría, o al menos se desarrollaría en menores dimensiones, si no existiera una poderosa demanda del producto, sobre todo en los prósperos EEUU y Europa. Y tenemos claro que, para acceder a la certificación, no se nos debe exigir más de lo que podemos hacer sin riesgo de desestabilización institucional, como sucedió en otras épocas.

Pero, siendo todo ello cierto, no podemos quedarnos en el argumento de la colosal demanda exterior para explicar el problema, que en los últimos años de Santos se extendió hasta alcanzar los cultivos de coca las 209 mil hectáreas.

El anterior Gobierno alegó que dicho aumento era previsible en el corto plazo, como consecuencia del proceso de paz y la desmovilización de la guerrilla de las Farc. Pero que la situación volvería a su cauce con los programas de sustitución de cultivos, voluntaria o –en caso de que esta vía fracasara– forzada. 

El argumento convenció al entonces presidente Obama, pero no a su sucesor,  Trump, quien desde su llegada al poder ha metido presión al país para presentar mejores resultados en la erradicación de los cultivos de coca. Tampoco convenció al presidente Duque, que ha sido muy crítico con los niveles de producción de droga que heredó del anterior Gobierno.

Está por ver si Duque tendrá que recurrir a la polémica aspersión con glifosato para cumplir los objetivos pactados con Trump, consistentes en reducir a la mitad de la producción de coca en 2023.

Ojalá que sea posible. No hay que olvidar que la droga no es solo un problema de EEUU. En Colombia también ha crecido la demanda, y en torno a ella se ha desarrollado  en todo el país una poderosa empresa criminal de microtráfico. El problema, pues, también es nuestro.