¿Amanecerá y leeremos?
La Ley de Financiamiento también incluye en su propuesta la extensión del impuesto al consumo a los periódicos, libros y textos escolares, convirtiéndose en una nueva arista para el tema tributario del país.
La polémica Ley de Financiamiento, radicada en el Congreso por el gobierno del presidente Duque, ha suscitado una comprensible alarma en diversos sectores de la sociedad.
Las principales resistencias a este nuevo plan impositivo, ampliamente registradas por EL HERALDO, surgen de la intención de gravar con el IVA al 80% de los artículos de la canasta familiar, lo cual, según muchos analistas, es injusto e inconveniente para los sectores más pobres del país.
Sin embargo, el proyecto de ley incluye también una propuesta cuyas implicaciones, en caso de que el Congreso lo apruebe, serían igualmente preocupantes: la extensión del impuesto al consumo a los periódicos, libros y textos escolares.
Por una parte, es preciso analizar el asunto desde el punto de vista de las industrias editoriales. En el caso de los libros, se prevé que un eventual aumento en el precio final traiga consigo la disminución drástica de las ventas en un país donde las editoriales apenas subsisten, dada nuestra bajísima tasa de lectura, que apenas sobrepasa el 2%.
En cuanto a las empresas informativas, las cuales enfrentan el reto más importante de su historia, debido a los acelerados avances de las tecnologías informáticas y al decreciente consumo de noticias en papel, el panorama luciría plagado de obstáculos si el proyecto de gravar a sus productos finalmente se convierte en ley.
Pero, al margen de las consideraciones financieras, el parlamento deberá, al estudiar la propuesta, analizar el impacto real que tendría en la sociedad una medida que dificulte el acceso a los bienes culturales y de información. Leer libros, consultar textos escolares y universitarios, e informarse en periódicos y revistas son derechos que han sido tradicionalmente protegidos en buena hora por la legislación colombiana, considerándolos de la mayor importancia si se quieren lograr objetivos urgentes en materia de educación y fortalecimiento de una opinión pública informada y responsable.
Algunos observadores coinciden en afirmar que será muy difícil que la llamada Ley de Financiamiento sea aprobada sin modificaciones e incluso vista con buenos ojos por la Corte Constitucional si llegare a pasar sin apuros los debates en ambas cámaras.
Sin embargo, este optimismo moderado se refiere, principalmente, al gravamen adicional a los alimentos y no a la pretensión de extender el IVA a libros, periódicos y revistas, como si se tratase de artículos de lujo de los que una familia promedio puede prescindir sin problema alguno. Y ese es el peligro que permanece en los entre líneas de este proceso que comenzará en pocos días.
Seguiremos con atención el curso de esta iniciativa, con el convencimiento de que en su discusión se tendrá en cuenta que sería un error asumir que la cultura, la educación y la información son productos similares a los que se pueden encontrar en un supermercado.
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