Acompañar a La Guajira
Es importante que las recientes actuaciones de organismos como la Fiscalía y la Procuraduría sean sostenidas en el tiempo, para que las cosas empiecen a cambiar verdaderamente en el mediano plazo.
El pueblo guajiro merece una mejor suerte, y, para lograr un verdadero cambio de fondo que represente en el mediano plazo un mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, se requiere de un acompañamiento sostenido desde el orden nacional y acciones concretas que reflejen una mayor voluntad política que la demostrada hasta ahora.
En los últimos meses, los distintos organismos del Estado han volteado su mirada, como nunca, a La Guajira. Desde diferentes niveles se han liderado esfuerzos para intentar desentrañar la grave crisis que afecta al departamento. Por ende, se puede esperar que las perspectivas sean más positivas que en el pasado, si las intervenciones surten el efecto buscado. En el camino, ha terminado por salir a la luz pública que los problemas habían echado raíces mucho más profundas de lo que se creía, en una explosiva mezcla de factores que, sumados, formaron la tormenta perfecta.
La consuetudinaria muerte de niños wayuu por problemas asociados a la desnutrición fue apenas la consecuencia más evidente y dramática de la crisis, y la que movió las fibras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual exhortó al Gobierno a adoptar acciones para proteger los derechos de la población. La Fiscalía General de la Nación realizó una actuación en la que develó un entramado de corrupción que, prácticamente, manchó con el signo del latrocinio y el despilfarro los principales frentes de inversión pública. Temas tan sensibles y cruciales para el progreso de la población como la infraestructura educativa, los programas para alimentación infantil y las obras de saneamiento básico y acueductos cayeron en las garras de los corruptos. Ello sumado a los hallazgos de manejos irregulares en las millonarias regalías, reportados por la Contraloría General. Ello ha desembocado en que los dirigentes políticos de los últimos años han terminado tras las rejas, señal de que no eran parte de la solución, sino un ingrediente principal en la raíz del problema.
Ahora es la Procuraduría General de la Nación la que solicita declarar el “estado de cosas inconstitucionales” en La Guajira, por registrarse la violación de manera masiva de derechos consagrados en la Constitución. Busca así un nuevo mecanismo para instar a las autoridades competentes a resolver la situación, cada una desde sus frentes de trabajo.
Ojalá estas declaraciones trasciendan los anuncios, y repercutan en acciones que susciten transformaciones constatables. Ya han habido muchas declaraciones de buenas intenciones con La Guajira, y ha sido imposible cortar el chorro de la corrupción.
Con la designación del Weildler Guerra como gobernador, el presidente Santos cuenta con un aliado para acometer la titánica tarea de empezar a resolver el drama guajiro. El funcionario, como muchas veces lo ha declarado, llega sin matices políticos ni “deudas” que lo obliguen a comprometer la contratación pública, como tantas veces ha pasado antes.
Pero es claro que el problema no se cambia con un solo funcionario, pues para que la maquinaria de la corrupción funcione se requiere de toda una red de complicidades. Una golondrina no hace verano, versa la sabiduría popular.
Por eso en esta batalla por La Guajira, el nuevo gobernador no se puede quedar solo. La voluntad nacional mostrada por estos días debe mantenerse.
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