¿Hasta cuándo el Caribe colombiano tendrá que tolerar la inacción, negligencia o desinterés de un gobierno que ha normalizado además la mentira o el cinismo como su modus vivendi?

Lo que ocurre con el megaproyecto de restauración social y ambiental del canal del Dique, revelado por EL HERALDO, es inaceptable. A menos que el Ejecutivo rectifique de inmediato su decisión de aplazar los recursos de las vigencias futuras destinados a financiarlo, el 30 de noviembre se suspenderá la preconstrucción de una obra esencial para 1,5 millones de habitantes de Atlántico, Bolívar y Sucre, que la han esperado largamente para reducir sus riesgos de inundación, mientras se les garantiza resiliencia ambiental y seguridad hídrica.

¿Cómo explicar que un gobierno que se vanagloria de ser defensor del equilibrio ecológico y de los territorios deje sin respaldo financiero la obra que más contribuye a la adaptación y mitigación del cambio climático en el Caribe? ¿Dónde queda su discurso ambiental si los hechos refutan lo que dice? Palabrería para la foto, porque la evidencia demuestra lo contrario.

Así que la indignación regional es más que justificada. La insensata decisión de aplazar los recursos de las vigencias futuras, una exigencia que tiene nombre propio: Gustavo Petro, pone en riesgo no solo la continuidad del proyecto, sino la estabilidad jurídica del contrato. Sin la certeza de los pagos, su liquidación anticipada se convierte en una posibilidad real, lo que con toda seguridad derivaría en una demanda del concesionario. A la fecha, la deuda de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) asciende a más de $508 mil millones, incluidos los intereses moratorios que generan un impacto sobre el patrimonio de la nación.

El asunto no tiene discusión. La estructura financiera del proyecto, una asociación público privada (APP), fue diseñada para asegurar estabilidad económica durante todas sus fases, vía vigencias futuras. Sin embargo, la omisión del Gobierno con el desembolso pactado para junio pasado rompió esa seguridad, pese a que no se configuraba incumplimiento alguno de las obligaciones contractuales del concesionario ni hubo “mutuo acuerdo” que justificara semejante medida. De manera que la obra quedó en el limbo, sin certidumbre ni estabilidad.

Ciertamente la parálisis del proyecto, por la falta de retribución económica que reclama el contratista en pago de sus actividades durante esta primera fase, podría resultar mucho más costosa que la actual deuda, si es que el Estado es obligado a indemnizar más temprano que tarde al concesionario. Pero, sobre todo, frenar la restauración del canal del Dique no solo significa suspender las actuales labores de dragado, mantenimiento y protección de sus orillas, indispensables para el bienestar de sus moradores, también equivale a condenar —quién sabe por cuánto tiempo más— a la bahía de Cartagena, la ciénaga de La Virgen y al resto del ecosistema a un nuevo ciclo de deterioro ambiental y sedimentación incontrolada.

Tanto es lo que está en juego que la Contraloría General ya le pidió explicaciones a la ANI. También lo han hecho autoridades, gremios y líderes sociales de las comunidades ribereñas que levantan su voz para exigir seriedad. Tienen razón: el Caribe merece respeto, no esos rastreros golpes que hemos recibido de un gobierno mediocre, atascado en su propio caos e improvisación. Si el Ejecutivo habla de justicia territorial, pues debe empezar por honrar sus compromisos con la región, en vez de desfinanciar una obra que es garantía de futuro.

El canal del Dique no puede quedar a la deriva. ¿En qué están pensando? Es indispensable que la ANI, o en su defecto el Ministerio de Hacienda, libere los recursos de inmediato, asegure la continuidad de las obras y se comprometa con un esquema financiero estable. No hacerlo sería otro batacazo a la confianza del Caribe en el Gobierno y una afrenta a tantas personas humildes que esperan que el desarrollo sí les llegue, esta vez, por las aguas del Dique.