Que nadie se sorprenda. La crisis institucional que hoy sacude a la Universidad del Atlántico es crónica de un desastre anunciado. El que debía ser un sereno relevo rectoral, amparado en el blindaje normativo de su consensuado Estatuto General, derivó en una tormenta que amenaza su estabilidad académica y convivencia. El paro indefinido declarado por ocho de sus diez facultades, la toma de la rectoría, las marchas de protesta y los bloqueos en la Vía al Mar son síntomas de una fractura profunda, producto de la desconfianza en un proceso que gran parte de los estamentos universitarios estiman viciado por falta de transparencia.

La designación del exconcejal y ex secretario de Educación del Atlántico Leyton Barrios como rector es el colofón de un proceso atravesado por la controversia y el desgaste. En el inicio aparece la forzada reforma del Estatuto General que le despejó el camino al entonces rector Danilo Hernández para postularse a la reelección. Luego está la puja de los aspirantes en la que —como si fuera una tómbola— se repartieron respaldos al más alto nivel, entre ellos el del ministro del Interior, Armando Benedetti, y el de las casas políticas del departamento.

En el remate, la sesión del Consejo Superior, de la que cuatro de sus nueve integrantes se marcharon: los representantes de Presidencia de la República y el Ministerio de Educación y los delegados de profesores y exrectores, atizó aún más el fuego de un incendio que ya ardía por las denuncias de supuestas irregularidades o marcado clientelismo. Su retiro puso en entredicho la legitimidad de la votación, cantada además, y escaló la desconfianza, la inconformidad y la sensación de imposición entre distintos sectores que reclaman respeto por la autonomía universitaria y claridad absoluta en las decisiones tomadas.

Llegados a este punto, preocupa no solo la disputa o el pulso por el poder en el interior de la universidad —que ya es bastante—, también el creciente clima de tensión que podría dar al traste con el semestre faltando 15 días para finalizarlo. Por si fuera poco, las protestas, en principio de carácter pacífico y reflexivo, a manera de reclamo legítimo por la defensa de la autonomía, ya empezaron a desbordarse peligrosamente, como sucedió el día jueves.

El uso de la violencia, provenga de estudiantes exaltados o de infiltrados ajenos a la institución, niega el sentido mismo de la mirada reflexiva de la academia, que se edifica con argumentos, no con ‘papas bomba’ ni piedras lanzadas con hondas. Adicionalmente, resulta alarmante la instrumentalización política del conflicto. Desde el Gobierno nacional hasta las autoridades departamentales se han apresurado a tomar partido o a emitir juicios de valor sin contribuir a lo demandado con premura: una salida institucional que solvente la crisis.

El debate legítimo sobre el futuro de la alma mater se contamina con discursos polarizados que en nada aportan a la serenidad y al entendimiento. Ya sabemos cómo actúan y con qué intereses algunos miembros del Ejecutivo para encender los ánimos. No se equivoquen. La Universidad del Atlántico no debe ser botín de ninguna fuerza política ni laboratorio de tensiones ideológicas o adoctrinamientos sectarios para sumar votos en futuros procesos electorales. Tampoco puede convertirse en un campo de confrontación de unos contra otros, donde la razón ceda ante la intolerancia.

Es urgente que todos los actores —estudiantes, docentes, autoridades locales y el Gobierno nacional— actúen con sensatez. El respeto, el debate razonado y la búsqueda de consensos deben prevalecer sobre el ruido de la agitación. Solo mediante el diálogo transparente y la concertación será posible recuperar la confianza y restablecer la normalidad universitaria.

El rector reitera su compromiso con la protesta pacífica. No obstante, enfrenta un escenario adverso en el que la legitimidad de su elección es cuestionada desde la base misma de la comunidad académica. En ese sentido, lo esencial no es defender un nombre, sino preservar la institucionalidad. La Uniatlántico debe estar por encima de cualquier rector, casa política o Gobierno de turno. Es imprescindible que el señor Barrios lo tenga en cuenta a la hora de tomar decisiones. La Procuraduría indaga para esclarecer los hechos del jueves en los que se denuncian supuestos excesos de la Policía. Paso necesario, pero insuficiente si no se acompaña de una genuina voluntad de concertación entre los estamentos en pie de lucha.

La violencia jamás será punto de partida ni de llegada para validar una causa. La autonomía universitaria no es escudo para la arbitrariedad ni la protesta una excusa para vandalizar. Ambos son derechos que deben ejercerse con responsabilidad. La Universidad del Atlántico ha superado muchas crisis y de todas ha salido fortalecida cuando la conciencia académica sale victoriosa sobre la pasión política. Es el deber ser de un espacio para deliberar, disentir, y construir con respeto—nunca para dividir ni destruir—. Hacemos votos por su paz social.