Si hay un país en el mundo que ha tenido que librar una fuerte batalla contra las drogas y pagar un enorme precio por ello, con muchas vidas, ha sido Colombia, siempre en el ojo del huracán como el principal productor de cocaína del mundo.

Desde la década de los 80 y 90, en tiempos de Pablo Escobar y los carteles de Cali y Medellín, pasando por el monopolio que en su momento tuvo la guerrilla de las Farc hasta nuestros días, cuando las rentas ilícitas se han multiplicado en diversas manos criminales de grupos armados organizados como el Clan del Golfo, cada gobierno ha tenido que dedicar gran parte de sus esfuerzos a combatir el narcotráfico, destinando gran parte de sus presupuestos al sector Defensa para poder enfrentar un enemigo de mil cabezas que se ha atacado de todas las formas, pero que se reproduce una y otra vez con nuevas estructuras que han sofisticado la producción y distribución de estupefacientes, incluso con inversión de carteles extranjeros que han llegado al país.

Expertos atribuyen a este fenómeno de importación de técnicas y de capital que hoy Colombia produzca más cocaína, a pesar de que en el Gobierno del presidente Duque se ha reportado una disminución importante de las hectáreas de hoja de coca cultivadas.

Según reportes del Gobierno, de 2017 a 2020 las hectáreas cultivadas se redujeron de 171 mil a 143 mil –un 17 % menos de lo reportado al inicio del Gobierno saliente, declaró el pasado viernes la canciller Martha Lucía Ramírez en el lanzamiento del Primer Diálogo en Materia de Drogas entre Colombia y la Unión Europea–.

La producción y el consumo de drogas ha tenido como protagonista a Colombia, pero definitivamente es un problema de salud pública mundial y así lo han entendido las distintas organizaciones internacionales, como la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc, por sus siglas en inglés), que acompañan los esfuerzos que el país realiza para combatir este flagelo, y los países consumidores, como Australia, Albania y Estados Unidos, que cada año destina millones de dólares a la lucha antidrogas.

En 2020, según cálculos de la Unodc, 275 millones de personas consumieron estupefacientes en todo el planeta, un aumento de más de 40 millones en comparación con 2010.

La ‘Ruta Futuro’ implementada por el presidente Duque registró como logros la erradicación de más de 44 mil hectáreas de cultivos ilícitos y la vinculación de 99 mil familias al Pnis (Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos), así como la incautación en 2021 de 669.340 kilos de clorhídrato de cocaína, el desmantelamiento de 239 laboratorios de producción y la captura de 43.461 personas por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Cifras nada despreciables, pero que no logran acabar con el grave problema que representa para Colombia el narcotráfico.

A partir del 7 de agosto Gustavo Petro asume las riendas del país y lo que dejó ver en sus planteamientos de campaña es que definitivamente la aspersión con glifosato no será una opción y que la política que implementará para combatir las drogas estará orientada a sustituir las economías ilegales por unas productivas que no criminalicen a los cultivadores. Para ello promete también una agenda internacional enfocada en los derechos humanos y la construcción de paz.

Más allá del camino escogido, lo cierto es que la lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas, cuyo día internacional se conmemora este 26 de junio, es una lucha sin cuartel que demanda del concurso interinstitucional de todas las naciones, por que es y debe ser tratado como un grave problema de salud pública mundial.