El lío de los subsidios eléctricos
Las principales organizaciones del sector eléctrico han expresado al presidente Santos su preocupación porque el Presupuesto no recoge la totalidad de los subsidios previstos para los estratos 1, 2 y 3. Alertan de posibles alzas en el servicio.
Las aguas del sector energético están agitadas estos días. Las informaciones que viene publicando EL HERALDO sobre la nueva fórmula de ajuste del precio del gas ha reabierto el debate sobre la actuación de la Comisión Reguladora de la Energía y el Gas, Creg, a la hora de establecer métodos de cálculo para la renovación de los contratos de productores con distribuidores y comercializadores del combustible.
En nuestra edición de hoy recogemos distintas voces de gremios, empresarios y políticos costeños que, alertados por las publicaciones de este diario, exigen al órgano regulador explicaciones sobre su decisión. Sobre todo, por qué excluyó de la fórmula uno de los tres componentes –el precio internacional de petróleo WTI– que constaban en la propuesta original y que tenían ya el aval de la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC. Ese componente, de aplicarse, facilitaría un descenso en el precio del gas para beneficio de los consumidores, como está sucediendo en muchos países del mundo.
Los problemas no se limitan al gas. Tal como revela además este periódico en su edición de hoy, el sector eléctrico también se encuentra en un momento complicado por cuenta de la falta de claridad sobre los subsidios que se suelen otorgar a los usuarios de estratos 1, 2 y 3 mediante pagos a los prestadores del servicio.
EL HERALDO ha tenido acceso a una carta que en agosto pasado enviaron algunas de las organizaciones más representativas del sector al presidente de la República, Juan Manuel Santos, en la que le expresan su preocupación porque el Presupuesto General de la Nación no recoge en su totalidad la partida prevista para los citados subsidios. El monto global de estas ayudas es de $2,6 billones, de los cuales el Estado, según cálculo del sector eléctrico, debe aportar $1,6 billones, mientras que el billón restante lo sufragan los usuarios de estratos 5, 6 y comercial.
De acuerdo con los firmantes de la misiva –Ascodis (distribuidores y comercializadores), Acolgen y Andec (generadores) y Andesco (servicios públicos y comunicaciones)– en este momento hay en el Presupuesto una asignación de $1,15 billones para los subsidios, con lo que faltarían $450.000 millones. Y recuerdan que el plazo para introducir adiciones en las cuentas públicas vence el 15 de octubre próximo.
Fuentes del sector señalaron a este diario que el 45% de los subsidios tiene como destino la Región Caribe. Advirtieron que, si el problema no se resuelve debidamente, de modo que el sector eléctrico reciba garantías de que recibirán la totalidad de los subsidios, las facturas para los usuarios domésticos pueden dispararse un 50%, en estrato 1, y un 30%, en el estrato 2.
El tema está en este momento en las comisiones tercera y cuarta del Congreso. El tiempo corre. Más allá de las opiniones que puedan suscitar estos subsidios –en concreto, si los cálculos son o no ajustados a la realidad de la prestación del servicio–, el hecho es que estamos ante otro frente abierto en el sector energético. El aumento drástico del precio de kilovatio en la bolsa eléctrica, del que informó días atrás este diario, es una señal de las tensiones a que está sometido el sector.
El Congreso –con su bancada costeña– y el gobierno de Santos tienen la palabra.
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