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Editoriales
Actualizado hace 5 años

Con la salud no se juega

Las deudas de las EPS del régimen subsidiado con el departamento del Atlántico y el Distrito de Barranquilla suman 153.675 millones de pesos, lo que incide en la calidad del servicio que prestan a sus usuarios, la mayoría de estratos 1 y 2.

Las deudas de las Empresas Prestadoras de Salud en el Régimen Subsidiado (EPS-S) a hospitales públicos del Atlántico y Barranquilla afectan notablemente la calidad y continuidad de los servicios y tienden a empeorar, a pesar de los anuncios de mejoras en el cumplimiento de las nuevas normas, de las reuniones para conciliaciones, de las intervenciones de los órganos de control y del clamor de administradores y gobernantes territoriales. Suman $153.675 millones y algunas ya tienen la condición de incobrables.

Resolver este ‘chicharrón’ se volvió tarea imperativa. Los servicios han sido prestados por las Instituciones Prestadoras (IPS), y las cuentas presentadas como corresponde. Pero se enfrentan los hospitales públicos con que algunas EPS-S cayeron en insolvencias y hasta procesos liquidatorios, glosan de mala fe las facturas (aun cuando también hay casos de mala facturación por debilidad institucional), no cumplen sus obligaciones de pago oportuno y hasta incumplen los compromisos de pago cuando ha habido conciliación. Son un desastre.

Esto último lo denuncia el gerente del Cari, Ramón Quintero, cuya gestión está interferida por las deudas que no le pagan. Dice que se hacen acuerdos de pago y los deudores cumplen uno o dos meses y luego empiezan  a caerse de nuevo. El Cari factura alrededor de seis mil millones de pesos mensuales y recauda menos del 80 por ciento. El déficit se volvió insostenible, con el agravante, en su caso, de que ya no cuenta con los recaudos por estampilla Pro Hospital. Tras de corneado, apaleado.

Lo que de hecho existe es una relación en que las IPS están en desventaja frente a sus clientes (las EPS-S), y está probado que el control ha sido absolutamente ineficaz. Lo ejercen la Superintendencia de Salud, la Contraloría General de la República y hasta los jueces.

De modo que cunde la desconfianza en todos los establecimientos hospitalarios oficiales y eso termina alterando la continuidad y la calidad de la prestación a cerca de 800 mil usuarios en el Departamento. Son los más pobres de la población, no tienen ingresos fijos, y por eso se encuentran en el régimen subsidiado.

Como se indica en el informe, la cartera en hospitales del Departamento suma $93.828.119.882 (a los hospitales de Barranquilla les deben otros $59.847 millones) y parte de aquella está concentrada en entidades sin solvencia o en liquidación, lo que es secuela de malas decisiones de alcaldes anteriores en la escogencia de EPS sin garantías de sostenibilidad. En algunos casos, por presiones de armados ilegales que tuvieron en la salud su vaca lechera. Los errores de ayer se pagan caro hoy.

De manera que el Plan de Saneamiento Fiscal que anuncia la Administración departamental debe contabilizar estas deudas con su real posibilidad de recaudo y emprender nuevos controles para prevenir un desastre hospitalario allí donde es más doloroso o socialmente más impactante.

Poner al día a estos hospitales, con una inyección proyectada entre 55 y 60 mil millones de pesos, es un buen propósito pero al mismo tiempo es deber frenar la hemorragia por el no pago de las cuentas viejas y las nuevas.

Hay, por otra parte, problemas por débil institucionalidad en esos hospitales, pero ese es otro capítulo. El aquí y ahora es lo financiero. Y no da espera.

Imagen de lina.orozco
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