En medio del malestar de un sector del magisterio, el Gobierno y la Federación Colombiana de Educadores, Fecode, seguían ponderando ayer el acuerdo que lograron para levantar el paro que mantuvo, durante dos semanas, en cese de actividades a unos 350 mil maestros de primaria y secundaria y por fuera de las aulas de clases a cerca de 9 millones de estudiantes.
Lo que sigue en la agenda acordada es la normalización del proceso académico. Por lo pronto, los educadores anunciaron ayer por la tarde que el retorno a clases será a partir del lunes, pues hasta hoy estarán “socializando” lo pactado con el Gobierno.
Está por definir el resto del calendario académico, especialmente en lo que tiene que ver con las Pruebas Saber, a realizarse en el segundo semestre.
El arreglo acogió la propuesta del incremento salarial del 12 por ciento que ofreció el Ministerio de Hacienda, que si bien se aleja del 28 por ciento que solicitaron inicialmente los maestros, supera el índice de inflación que sirvió de base para los aumentos de comienzos de año.
Los docentes entendieron el esfuerzo fiscal que hicieron las autoridades nacionales, pues, en medio de las restricciones que impone la caída en los precios de los combustibles, aprobaron un ajuste que cuesta alrededor de 1,7 billones de pesos, contando salarios y bonificaciones.
El otro tema álgido en la discusión fue la evaluación por competencias, que las bases pedían eliminar.
Proceder de esa manera, según la posición de las autoridades gubernamentales, significaba retroceder en los avances que venía logrando el país en materia de calidad de la educación.
Pero las partes identificaron un escenario de diálogo sobre el que se dedicaron a trabajar: la flexibilidad de la prueba.
La evaluación, dijo la ministra Gina Parody, se puede transformar, cambiar y mejorar. Y en esa dirección acordó con la Federación Colombiana de Educadores, Fecode, incorporar un componente de observación de la práctica docente en el aula, a instancia de pares de los mismos profesores que, para el efecto, serán capacitados por la cartera de Educación.
Las pruebas ya no serán escritas, sino presenciales, con un carácter diagnóstico-evacuativo, que le permitirá convertirse en una especie de mapa pedagógico para superar las deficiencias que los docentes puedan estar teniendo o, incluso, ponerse métodos que pueden servir de ejemplo.
Tanto en el salario como en la prueba, las partes dieron muestras de buen juicio para salir de un atolladero que no hacía bien a nadie.
Lo que ha enseñado este conflicto es que, con buena disposición, siempre es posible encontrar puntos de convergencia para dirimir las discrepancias. Lo ideal, por supuesto, habría sido que el paro no se hubiera producido, pues los grandes afectados fueron los alumnos.
Pero lo importante en este momento es no mirar atrás y reanudar las clases. Lo que menos debe permitirse el país es suspender la formación, de la que estamos tan carentes.
