Tributaria atenta contra la sostenibilidad de las zonas francas: ANDI

La reforma establece que las tasa para las empresas en las zonas francas se mantienen en 20 %, pero el pago de esta tarifa estará sujeto al cumplimiento de determinadas condiciones y umbrales en función de la fuente principal de ingresos netos como ventas dentro del territorio nacional (no en función de las exportaciones, como se establecía en el proyecto inicial). En caso contrario, tendrán que pagar la tarifa completa.

El gremio plantea que los topes de ventas máximas al territorio aduanero nacional no observan la normatividad internacional ni la realidad del aparato empresarial.

“Hemos reiterado en todos los escenarios, que las zonas francas son el mejor instrumento para lograr los objetivos de internacionalización de la economía, así como el aumento y diversificación de la oferta exportadora del país; en el marco de las negociaciones no hemos aceptado la imposición de límites a las ventas al territorio aduanero nacional o el establecimiento de compromisos de exportación, e igualmente hemos evidenciado el grave perjuicio que supone la pérdida de la calidad de usuario en casos de incumplimiento en los límites o umbrales propuestos en el proyecto de artículo”, señala la Cámara de la Andi.

Recuerda que el 90 % de los empresarios ubicados en zona franca son mipymes y para cumplir con los objetivos de aumento de sus exportaciones requieren de planes de internacionalización graduales, que atiendan particularidades propias de su realidad empresarial, tales como el sector al que pertenecen, el tamaño y ubicación geográfica de la respectiva zona franca.

“No hay ninguna empresa en Colombia ni en el mundo que exporte por mandato de ley, esto es un proceso que requiere la conquista de mercados altamente competidos, e igualmente, contar con el concurso del Estado, lo que no puede lograrse en un año como lo establece el proyecto de reforma tributaria”, agrega.

Advierte que de aprobarse como se presentó y con la que el sector no está de acuerdo, se afectará el régimen de comercio exterior que caracteriza a las zonas francas en el mundo y Colombia perdería una oportunidad de oro para atraer inversiones, fortalecer la industrialización e insertarse en cadenas regionales y globales de valor.

Para la Cámara de la Andi, la propuesta significa no solamente la ruptura de unas reglas que sirvieron para la toma de decisión de negocios y de inversión en el país, sino también un perjuicio inmenso a un aparato productivo que ha invertido más de $45 billones y que ha generado más de 147.000 empleos, de los cuales dependen las familias vinculadas a las zonas francas y las comunidades de influencia con las que se han generado cadenas empresariales y sociales.