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Economía

Prolongar aislamiento agravaría crisis económica del país: ICP

La organizacion indica que los que sectores productivos más impactados con la medida reepresentan el 70 % del PIB aproximadamente y que su parálisis costará al menos 10% del PIB correspondiente a cada mes que estén detenidos

El Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga (ICP) abrió el debate sobre las repercusiones económicas que tendría para el país la ampliación del aislamiento obligatorio para prevenir la expansión de la COVID-19 en Colombia y que está vigente hasta el próximo 13 de abril.

En un carta enviada al presidente Iván Duque el ICP asegura que tras una videoconferencia realizada con académicos, dirigentes políticos, empresariales y gremiales del país, se concluyó que es necesario adoptar medidas “para evitar que la actividad económica realcaiga de forma drástica y persistente, afectando al aparato productivo, agravando la situación de los sectores más vulnerables de la población y generando inestabilidad social y política”.

Es así como esta organización de la sociedad civil elaboró una propuesta en la que solicita al mandatario nacional continuar imponiendo medidas de control y contención, a esta población más vulnerable frente al contagio, incluyendo estudiantes, trabajadores del hogar, pensionados, sin afectar a la fuerza laboral activa, entre otros puntos orientados a la reactivación económica del sector productivo.

“Si se mantiene en aislamiento a los niños y jóvenes en edad escolar y universitaria y a las personas que realizan oficios del hogar, así como a los servidores públicos y docentes, los mayores de 70 años, funcionarios y empleados de organismos internacionales y trabajadores del sector servicios, cuyas actividades puedan ser desempeñadas mediante teletrabajo, se podría levantar la medida de aislamiento a la fuerza laboral de las industrias, los comercios, las empresas y a quienes se encuentran en los sectores informales, sin afectar las tasas recomendadas de confinamiento, para controlar la epidemia del COVID-19”, indica la carta.

Un análisis realizado por la organización indica que los que sectores productivos más impactados con la medida reepresentan el 70 % del PIB aproximadamente y que su parálisis costará al menos 10% del PIB correspondiente a cada mes que estén detenidos. “Permitirles volver a desarrollar actividades económicas debe ser una prioridad”, indica la misiva.

Las recomendaciones que se plantean contemplan la aplicación de medidas sanitarias, epedemiológoca y logísticas a través de las cuales se contenga y mitigue la propagación del virus en el territorio nacional como imponer el uso obligatorio de mascarillas en público, restricción a eventos masivos, reducir el acceso de pasajeros al transporte masivo y aumentar la aplicación masiva de pruebas.

En materia laboral se propone flexibilizar y liberalizar el mercado laboral, adoptando las medidas necesarias para permitir la contratación por horas y que durante e 6 meses el Estado asuma el 100 % de los parafiscales. Igualmente se plantea suspender por un año la obligatoriedad de aportes a las cajas de compensación, tanto por parte de las empresas como de los trabajadores y el fortalecimiento del teletrabajo.

De la misma forma no consideran recomendable incurrir en el control de precios, ni en la emisión de dinero para cubrir el déficit fiscal, ya que los impactos de mediano y largo plazo de medidas de esta naturaleza, en un escenario de choque de oferta, será traducirían en desabastecimiento, inflación y mercados negros.

Se propone la creación de una comisión consultiva en la que participen empresarios, industriales y comerciantes al igual que representantes de diferentes sectores económicos que brinden asesoría al Gobierno para el diseño y aplicación de las medidas de reactivación del sector productivo.

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