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Economía

Procuraduría pone lupa a los proyectos eólicos en La Guajira

Solicita suspender el proyecto de transmisión Colectora. Señala que hay dudas frente a las consultas previas y licencias.

Suspender la ejecución del proyecto de la línea de transmisión asociada a la conexión Cuestecitas-Colectora 1 a 500 kV, en los municipios de Uribia, Albania, Maicao, Manaure y Riohacha en La Guajira, solicitó la Procuraduría General de la Nación hasta tanto, no se agote el procedimiento de consulta previa y obtención del consentimiento libre, previo e informado de las comunidades étnicas que se encuentran dentro del área de influencia. El llamado del ente implica que también pare el desarrollo de proyectos eólicos en la región.

Los procuradores Judiciales para Asuntos Administrativos de Riohacha Edwin José López Fuentes, Víctor Sierra Deluque y German Gutiérrez Frías basan su solicitud en un estudio realizado por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) y que está en el libro “El viento del Este llega con revoluciones. Multinacionales y transición con energía eólica en territorio Wayuu”.

En el libro, Indepaz afirma que a pesar de los lineamientos de la jurisprudencia constitucional, en la práctica, “los procesos de consulta en desarrollo de proyectos de parques eólicos se rigen por medio de normas administrativas expedidas por el Gobierno nacional y en donde éste y las empresas entienden las consultas como un mero requisito formal y no como una vía efectiva para que las comunidades participen de manera efectiva en las decisiones que afectan sus derechos territoriales y culturales, entre otros derechos”.

Asegura que en el caso de La Guajira, “las comunidades no han sido informadas sobre la magnitud de cada uno de los proyectos y del profundo cambio que sufrirá todo el territorio ancestral. En algunos casos, las familias piensan que la antena de medición con la que se investiga el potencial del lugar consiste en todo el proyecto”.

El proyecto

El proyecto Colectora a cargo del Grupo Energía Bogotá (GEB), que avanza en la estructuración del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y está pendiente de la reactivación de las consultas previas con las comunidades de la zona de influencia, conectará la subestación La Loma (Cesar) con la subestación cercana a los parques eólicos de La Guajira, que aún no se han construido, contempla 475 kilómetros de línea de transmisión.

El Ministerio del Interior había presentado la estrategia “Guajira consulta y actúa” que busca la articulación de acciones a favor del pueblo wayuu para garantizar el derecho a la consulta previa de los grupos étnicos y minorías de este territorio y precisamente una de estas consultas es la del Grupo de Energía de Bogotá, que involucra a 204 comunidades wayuu  para el proyecto de la línea de transmisión asociadas a la conexión colectora 1 – Cuestecitas a 500 KV.

Sobre este tema, el GEB dijo que “estudia detalladamente” la solicitud del Ministerio Público a las entidades estatales, relacionada con los procesos de consulta previa en La Guajira, donde desarrolla el proyecto Colectora, que conectará los siete parques de energías renovables que se construyen en ese departamento con el SIN.

Cabe recordar que en la reciente subasta del cargo por confiabilidad en la que fueron asignados proyectos de generación a partir de fuentes no convencionales de energía renovable que comenzarán a aportar al Sistema nacional en 2022, en la Guajira fueron asignados seis proyectos de generación eólica por 1.160 megavatios.

Lo que pide la Procuraduría

Los procuradores Judiciales para Asuntos Administrativos de Riohacha también solicitan a la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme) y al Ministerio de Minas y Energía que adopten las medidas necesarias para proteger los derechos colectivos a la defensa del Patrimonio Cultural de la Nación, goce de un ambiente sano, la moralidad administrativa y el derecho colectivo a la participación, consulta previa y consentimiento libre, previo e informado de las comunidades wayuu y tribales que encuentran dentro del área de influencia de los proyectos directa o indirectamente relacionadas con la energía eólica.

Igualmente pide la inaplicación de las resoluciones que adoptan o modifican los Planes de Expansión de Referencia Generación y Transmisión, en relación a la planeación de la incorporación de la energía eólica al sistema interconectado nacional (SIN) y a las obras para la incorporación de renovables en La Guajira, por violación de normas convencionales y constitucionales sobre la consulta previa a comunidades indígenas y tribales.

Al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible se le solicita adoptar la inaplicación de la Resolución 1312/16 que establece los términos de referencia para elaboración del estudio de impacto ambiental requerido para el trámite de la licencia ambiental de proyectos de uso de fuentes de energía eólica continental, “por violación de normas convencionales y constitucionales sobre la consulta previa a las comunidades indígenas y tribales”.

 A Corpoguajira se pide que inicie un procedimiento administrativo para establecer si en el otorgamiento de las licencias ambientales relacionadas con el diseño, construcción y operación comercial de parques eólicos existió fraccionamiento artificial de la capacidad instalada de estos proyectos, en aras de que la competencia correspondiera a esa autoridad ambiental y no a la ANLA y de ser afirmativo, proceda en el marco de sus competencias a establecer las consecuencias de tal infracción.

Al Ministerio del Interior se hace un llamado para diseñar y elaborar una guía metodológica obligatoria o un acuerdo de consulta previa macro en relación con los proyectos de diseño, construcción y operación comercial de parques eólicos en el departamento de La Guajira y en otros departamentos, en aras de que exista equilibrio y ponderación en los beneficios de todas las partes que están implicadas en la puesta en marcha de tales proyectos. Todo esto en coordinación con las comunidades concernidas, las empresas inversionistas y las autoridades territoriales, con presencia de los entes de control.

Lo que dice Indepaz

Los procuradores afirman que entrevista con los investigadores de Indepaz conocieron que en La Guajira se instalaran más de 2.600 aerogeneradores de energía que, a 2031, funcionarían en parques eólicos para producir 6.500 megavatios para el sistema de interconexión nacional, cuando se efectúe todo el despliegue, La Guajira tendrá la capacidad de producir 30 gigavatios (GW), casi el doble de lo que ahora consume el país.

Aseguran que la estrategia de las empresas consiste en dividir un gran parque en varios proyectos, con ello pretenden no tener que gestionar permisos ante la ANLA, por iniciativas mayores a 100 megavatios, sino regionalmente en Corpoguajira.

Indican que los 65 parques eólicos ocuparían cerca de 90.000 hectáreas, el 98% ubicadas en territorio colectivo wayuu, estos proyectos, impactarían a 600 comunidades étnicas de los más de 30 clanes existentes, los indígenas dicen desconocer la magnitud de estas iniciativas, argumento que confirman los investigadores de Indepaz, quienes desde hace dos años adelantan un estudio sobre el impacto que esta revolución energética generará paral a zona.

“El Ministerio del Interior solo se ha dedicado a expedir los certificados en los que les informan a las empresas sobre las comunidades indígenas presentes en el territorio, preocupa que en materia de regalías no exista una normatividad que regule las fórmulas de pago a las comunidades y, más aún, en términos de un recurso renovable como el viento, se están aprovechando de las comunidades, a partir del velo de desinformación existente”, agregan.

 

 

 

 

 

 

 

 

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