Las trabas que impiden reducir la informalidad del empleo
El desempleo en el país se ha mantenido por debajo del 10%, pero las cifras del trabajo informal muestran que este tipo de contratación resulta más atractiva para el mercado.
Pese a los intentos que se han hecho por parte del Gobierno por mejorar el empleo formal en el país, la contratación por prestación de servicios sigue siendo uno de los principales problemas a la hora de analizar las cifras del mercado laboral. El informe presentado por el DANE para el segundo trimestre del año ubica el desempleo en Colombia en 9,4% (0,6 puntos porcentuales más que el mismo periodo de año pasado). Sin embargo, los resultados no distinguen el trabajo formal del informal. Un análisis que merece mirar en detalle.
Datos del Ministerio del Trabajo estipulan que en el sector público por cada 100 empleados de planta existen 107 contratistas. Según el SECOP (plataforma de contratación del Estado), el número de contratistas del estado pasó de 242.050 en 2014, a 337.509 en 2016. Un incremento de cerca del 40% en 3 años.
Por parte de los trabajadores, de acuerdo con la Gran Encuesta Integrada de Hogares, se estima que a nivel nacional uno de cada 11 trabajadores independientes tiene un contrato por prestación de servicios, y cerca del 93% de quienes trabajan bajo esta modalidad declara estar trabajando de manera permanente, cuando la naturaleza de estos contratos es de carácter temporal y excepcional.
Es claro que para la empresas existen incentivos para realizar contrataciones bajo esta modalidad. En primer lugar, la carga de aportes recae totalmente sobre el contratista. En segundo lugar, es mucho más fácil recortar personal rápidamente, pues los contratados bajo esta figura no tienen derecho a liquidaciones ni cesantías y el contratante puede terminar la relación sin ningún tipo de formalidad. Y por último, bajo este tipo de contratación el empresario reduce el pago de impuestos derivados de las relaciones laborales, como los aportes parafiscales.
Jorge Quintero, coordinador del Doctorado en Economía de Uninorte, señala que la solución radica en reducir cargas impositivas a pequeñas y medianas empresas, y ve como escenario óptimo tratar de reducir los costos de contratación sin afectar las condiciones de los trabajadores.
“Aunque esta combinación suene imposible, se puede lograr con una política de estímulos e incentivos a las empresas, especialmente las pequeñas y medianas para contratar más empleados, acompañada de una reducción de los costos de contratación en el sector formal, como los parafiscales o los impuestos, pero no en los ingresos de los trabajadores. La reducción en ingresos para el Estado, por menos tasas parafiscales y tributarias, se debería compensar con un aumento en el número de empresas y empleos formales”, agrega Quintero.
Barreras a la formalidad. Una de las principales barreras para la participación en el mercado laboral formal está relacionada con los costos de transacción asociados a la capacidad de las empresas o de los trabajadores independientes para ser reconocidos ante las cámaras de comercio. “Si bien se han disminuido los trámites y el número de días promedio para abrir una empresa, aún existen barreras de trámites y costos implícitos que hay que incurrir para que las unidades productivas logren incorporarse en el mercado formal”, dice David García, profesor del IEEC de Uninorte.
De acuerdo con el catedrático, también falta coordinación entre los trabajadores y otras unidades productivas formales, lo cual no permite generar vínculos para disminuir costos. “Algunas Pymes señalan que si bien se deben hacer declaraciones de IVA cada dos meses, las grandes empresas liquidan sus deudas a 90 ó 180 días, lo cual no les da margen de flujo de caja para responder a esos costos”.
Otras barreras se materializan en la forma como se efectúan los vínculos contractuales entre trabajadores y empleados, específicamente, la contratación por servicios.
“La totalidad de los aportes a seguridad social y salud recaen sobre el trabajador, mientras el contratista debe hacer sus contribuciones a seguridad social antes del momento del pago de sus honorarios, lo que inevitablemente empuja a las personas de menos recursos a la informalidad, pues no disponen de capital libre para efectuar estos pagos anticipadamente”, afirma Andrés Zambrano, investigador del Observatorio de Condiciones Socioeconómicas del Atlántico de Uninorte.
Por esta razón la contratación informal es más común en trabajadores independientes de ingresos bajos, quienes además tienen una carga relativamente mayor en comparación con los de mayores ingresos contratados bajo la misma modalidad.
Por ejemplo, un contratista que gana un salario mínimo debe pagar cerca del 30% del valor de sus honorarios en aportes a seguridad social; por su parte, contratistas que devengan 100 millones de pesos, o más, aportan menos del 5% del valor del contrato, debido a que existen topes en las contribuciones.
Barranquilla
Mayor fuerza laboral
En la capital del Atlántico el desempleo se ubicó en 7,9%, por debajo del promedio nacional. Si bien la dinámica en materia de empleo en Barranquilla es mejor que la nacional, cerca del 70% de todo el empleo creado en el área metropolitana en el último año corresponde al sector informal. Esta situación ha sido persistente en el tiempo, lo que ha hecho que se incremente la participación de trabajadores en el sector informal en el total de la fuerza de trabajo. Según el DANE, para marzo de 2017, de cada 100 trabajadores barranquilleros, 57 lo hacen en el sector informal. Ahora bien, si se comparan los ingresos de los trabajadores por prestación de servicios de la Región Caribe y los de sus contrapartes de Bogotá, se encuentra que en promedio el contratista del Caribe gana cerca de 550.000 pesos menos. Paralelamente, la desigualdad de los ingresos de los contratistas (medida por el coeficiente de Gini, en donde 0 representa igualdad absoluta y 1 desigualdad absoluta) en ambas regiones es relativamente alta (0,45 para la región Caribe y 0,52 para Bogotá).
