Modernización del Cortissoz tiene un avance del 60,5 % del total del proyecto
EL HERALDO dialogó con el Grupo Aeroportuario del Caribe para conocer cuál será el futuro de la operación del aeropuerto y del contrato de concesión.
Después de que la Superintendencia de Sociedades avalara la entrada al proceso de reorganización de la Sociedad Grupo Aeroportuario del Caribe S.A.S (GAC), concesionario del Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz de Barranquilla, la empresa manifestó que esto no implicará cambios en la operación del aeropuerto ni en el contrato de concesión.
“La decisión del concesionario de acudir al proceso de reorganización empresarial tiene como propósito principal salvaguardar la prestación del servicio público de transporte en el Aeropuerto Ernesto Cortissoz”, sostuvo el Grupo Aeroportuario del Caribe a EL HERALDO.
La Supersociedades informó que la admisión al proceso de reorganización se tomó tras verificar que la sociedad tiene obligaciones vencidas por un período superior a 90 días y que las obligaciones en cesación de pagos conjuntamente representan más del 10 % de su pasivo externo.
El GAC dijo que con el proceso de reorganización empresarial busca herramientas para mantener y preservar el negocio en marcha garantizando así la prestación del servicio público en el tiempo.
“Para el concesionario es una prioridad que los usuarios del aeropuerto cuenten con una terminal moderna, a la altura de las necesidades del servicio que requiere la ciudad de Barranquilla”, detalló la sociedad.
A su vez, indicó que la decisión de acudir al proceso de reorganización empresarial beneficia sobre todo a los usuarios del terminal aéreo.
“Este es un mecanismo que asegura que la operación se mantenga en marcha y se regularicen las acreencias que tiene el concesionario dadas las circunstancias que han afectado la ejecución del proyecto, que no son imputables al concesionario y que son de público conocimiento”, afirmó.
Según la información del Grupo Aeroportuario del Caribe, las obras del aeropuerto tienen un avance del 60,5 % de la totalidad del proyecto que va hasta el año 2035 y del 72,25 % del tercer período de intervención que incluye la terminal de pasajeros.
“La operación y mantenimiento es una obligación contractual que se encuentra desde el inicio hasta el final de la concesión, la cual se ha venido cumpliendo oportunamente”, precisó el concesionario.
La sociedad informó que dentro de las mesas de diálogo que se retomaron con el Gobierno nacional se ha explorado la posibilidad de reanudar las obras en paralelo a las negociaciones.
“Sin embargo, la situación de liquidez del concesionario es restringida, por lo que aún estamos evaluando los caminos que nos permitan avanzar en este propósito”, explicó el GAC.
Aclaró que para la culminación definitiva de las obras del aeropuerto dependen bien sea del resultado del trámite arbitral, por la demanda que presentaron, o de la eventual suscripción de un acuerdo conciliatorio con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).
“Tenemos confianza en que la reanudación de las mesas de trabajo sirva para resolver eficiente y rápidamente la situación que estamos enfrentando”, precisó el concesionario.
A comienzos de septiembre, el Gobierno nacional y la sociedad retomaron las mesas de diálogo tras un año de suspensión, para la reestructuración del contrato de concesión de modernización del aeropuerto Ernesto Cortissoz.
El ministro de Transporte, Guillermo Reyes, expuso que se busca acelerar las inversiones que permitan mejorar la operatividad de la terminal aérea ubicada en Soledad y que presta sus servicios a Barranquilla.
A su vez, William Camargo, presidente de la ANI, celebró el inicio de la ronda de revisión de los procesos y dijo que permite “acercar las posiciones de ambas partes para restablecer las obras, explorando mecanismos para viabilizar el reinicio de las mismas”.
Héctor Carbonell, director ejecutivo de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) seccional Norte, recalcó que la entrada de la sociedad aeroportuaria a reorganización es la única salida que tiene para lograr un salvamento.
“Creo que hay que apoyar a la concesión para que de una u otra forma ese proceso que actualmente tienen siga adelante y sea aprobado para que el Aeropuerto Ernesto Cortissoz pueda seguir operando hoy en día”, expresó Carbonell en entrevista con EL HERALDO.
Afirmó que el diálogo es importante para lograr llegar a un acuerdo. “Hemos visto y celebramos que desde el Gobierno nacional se ha abierto la puerta para el diálogo ante esta situación, nosotros desde la CCI hemos venido haciendo un acompañamiento en todo momento a la situación y estamos dispuestos a acompañar al aeropuerto y a la ciudad en la búsqueda de la solución para que muy pronto podamos tener solucionada esta situación”.
Entre tanto, Efraín Cepeda Tarud, presidente del Comité Intergremial Atlántico, manifestó que es evidente que las condiciones del Aeropuerto Ernesto Cortissoz no son las que se merecen sus usuarios ni Barranquilla por la dinámica económica que tiene la ciudad y que exige una infraestructura de primer nivel.
“Las obras de modernización aún no concluyen y para superar esa situación se ha conformado la mesa de trabajo entre el concesionario y la ANI, de la cual esperamos soluciones concretas, a corto y mediano plazo”, expresó Cepeda.
Desde el Comité Intergremial le solicitaron al ministro de Transporte, Guillermo Reyes, que el tema sea prioritario en la agenda del Gobierno nacional.
“No es un problema fácil de resolver, pero confiamos en que con la voluntad de ambas partes y de los otros actores involucrados en las mesas de trabajo hayan acuerdos concretos y pongan en marcha fórmulas para reactivar los trabajos de modernización, terminarlos y ponerlos al servicio de los usuarios en los próximos meses”, resaltó el dirigente.
En septiembre del año pasado el Grupo Aeroportuario del Caribe presentó una demanda contra la Nación, con el fin de dar por terminado el contrato de concesión del aeropuerto Ernesto Cortissoz o restablecer el equilibrio económico necesario para las obras de modernización.
Según la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje), la demanda se basa en una presunta afectación por las medidas adoptadas en el marco de la pandemia de la covid-19, que conllevó una reducción anormal de los ingresos del concesionario y que ha imposibilitado la ejecución de las obligaciones de adecuación y modernización del aeropuerto en las condiciones inicialmente pactadas.
“De forma subsidiaria, se pretende que se declare que se alteró el equilibrio de la ecuación económica del contrato concesión”, sostuvo la Andje.
Actualmente el tribunal de arbitramento convocado por el Grupo Aeroportuario del Caribe se encuentra en etapa de práctica de pruebas.
La Andje ha ejercido su defensa oponiéndose a las pretensiones del concesionario y presentó una demanda de reconvención con la que se pretende que el Tribunal declare la existencia de incumplimientos imputables al concesionario estimados en la suma de $67.716.370.889.
“El Grupo Aeroportuario del Caribe incumplió previamente el contrato de concesión por su falta de gestión en la consecución de los recursos financieros necesarios para continuar con la adecuada ejecución del proyecto”, explicó la entidad.
Agregó que el concesionario “habría sido el único y verdadero causante de la afectación económica al contrato de concesión. “No es cierto que las medidas adoptadas por el Estado para mitigar los efectos de la pandemia, le hayan generado un daño antijurídico al concesionario”, puntualizó.
Sobre este caso, el Grupo Aeroportuario del Caribe manifestó que el proceso arbitral se encuentra cerca de culminar su etapa probatoria.
“Es probable que tengamos una decisión a finales de este año o en los primeros meses de 2023”, sostuvo la sociedad a EL HERALDO.
No obstante, agradecen la voluntad del Gobierno nacional de reanudar las mesas de diálogo sobre la situación del aeropuerto.
“En el marco de las reuniones sostenidas, hemos reiterado nuestra voluntad de lograr un acuerdo que ponga fin a las controversias entre las partes y asegure la viabilidad financiera del contrato de concesión hacia el futuro. Para ello, se están evaluando distintas alternativas que alivien la situación de iliquidez que afronta el proyecto como consecuencia de la pandemia de la covid-19”, manifestó el Grupo Aeroportuario del Caribe.
A comienzos de este año la ANI también impuso una multa al GAC por $3 mil millones por incumplimiento en sus obligaciones del contrato de concesión debido a la no entrega de obras correspondientes a la Etapa 2 del Tercer Periodo de Intervención del Contrato.
