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“Gobierno decidirá cuándo, cómo y dónde se aplicará el fracking”: Rodrigo Suárez Castaño

Por: Lupe Mouthón @lupemouthon

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Economía

El funcionario asegura que la mayor parte de las licencias ambientales en la Costa fueron solicitadas por el sector de Infraestructura, en especial para vías 4G, puertos y aeropuertos.

La decisión sobre cuándo, cómo y dónde se aplicará la técnica de fracturación hidráulica (fracking) en los yacimientos no convencionales de hidrocarburos en el país está en manos de alto Gobierno, aseguró el director de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), Rodrigo Suárez Castaño.

En entrevista con EL HERALDO explicó que la Anla es una entidad ejecutora cuya competencia en este campo consiste en evaluar la viabilidad ambiental o no de las solicitudes dentro de un marco normativo, basado en unos principios y el desarrollo sostenible.

El funcionario afirmó que los departamentos de la Costa Caribe y San Andrés y Providencia representan el 19% del total de las licencias ambientales de competencia de la Anla. Actualmente, Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, Sucre y San Andrés, tienen más de 500 expedientes aprobados en sectores estratégicos como infraestructura, hidrocarburos, energía y minería

Si bien, aparecen 205 licencias otorgadas en la Región, el número total se aproxima a 271, teniendo en cuenta que hay proyectos que atraviesan más de uno o dos departamentos, como sucede con los poliductos, oleoductos, vías y líneas férreas.  

Suárez Castaño, un experto en cambio climático, quien se posesionó en septiembre pasado, se refiere a la transformación de la entidad, el uso de las imágenes satelitales para apoyar el proceso de seguimiento de los proyectos, la identificación de la viabilidad ambiental de los mismos desde la etapa de prefactibilidad, el ejercicio de transparencia en las decisiones y la estrategia de reducción de la conflictividad en los territorios, entre otros aspectos.

P. ¿Cómo está la Costa Caribe en materia de licenciamiento ambiental?

R.

Es una región que en los últimos años presenta una dinámica importante, con proyectos significativos de competencia de la Anla, que como se sabe, son infraestructura, energía, minería, hidrocarburos, agroquímicos y proyectos especiales. En cada uno de los departamentos y en San Andrés y Providencia existe una dinámica muy importante, toda vez que, del total de expedientes, el 19% están en esta zona del país.

P. ¿Cuántas licencias ambientales de competencia de la Anla hay en la región?

R.

Tenemos 205 expedientes distribuidos de la siguiente forma: 167 licencias ambientales y 29 Planes de Manejo Ambiental (PMA), más otros instrumentos contemplados en la normatividad de licenciamiento. Si tenemos en cuenta que hay proyectos que atraviesan dos o tres departamentos o vías con varias unidades funcionales, el número de licencias sube alrededor de 271.

P. ¿Cuál es el sector más dinámico en materia de licenciamiento ambiental en el Caribe?

R.

Contrario a lo que sucede en otras regiones, como en los Llanos Orientales donde predominan los hidrocarburos, el mayor número de licencias en la Costa están dirigidas a infraestructura, que incluye vías 4G, puertos, aeropuertos y vías férreas. Del total de licencias y PMA, más de 87 pertenecen al sector de infraestructura.

“Tenemos 205 expedientes distribuidos de la siguiente forma: 167 licencias ambientales y 29 Planes de Manejo Ambiental ”.

P. En este escenario, ¿qué posición ocupa Atlántico?

R.

 Atlántico ocupa el tercer lugar, con alrededor del 17%, después de Bolívar con el 28% y Cesar con el 20%. En el departamento se destacan las obras relacionadas con infraestructura en sus diferentes modalidades.

P. Uno los temas que más preocupa a la región es la solución para la vía Barranquilla – Ciénaga. ¿Hay algún avance en la licencia para la solución planteada?

R.

La Anla mediante resolución 1502 del 4 de agosto de 2010, otorgó licencia ambiental para el desarrollo del proyecto denominado “Diseño y construcción de estructuras de protección costera para la línea de costa entre Bocas de Ceniza y Punta Betín, departamento del Magdalena”. En el marco de dicha licencia ambiental, la Gobernación del Magdalena ha venido desarrollando obras y actividades, las cuales son de control y seguimiento ambiental por parte de la entidad de forma periódica, siendo el último seguimiento efectuado en octubre del 2018.

P. Además de infraestructura, en la Región hay proyectos de gran magnitud en minería, caso Cerrejón y La Loma. ¿Qué otro potencial ve usted?

R.

La región Caribe tiene un gran potencial en Energías Renovables No Convencionales, que es una de las grandes apuestas del Gobierno. Esta revolución ya empezó, y se aprobó la licencia para dos grandes proyectos: uno eólico en La Guajira y otro fotovoltaico en el Cesar. Hay diferentes estudios, según los cuales, la región Caribe cuenta con un gran potencial. Solamente en La Guajira, la posibilidad efectiva de conversión de energía eólica a energía eléctrica es de 20.000 MW.  

P. ¿Cuáles son los principales beneficios de este tipo de proyectos?

R.

Hacen parte de la diversificación de la matriz energética del país. En el caso eléctrico, en la actualidad aproximadamente el 70% de la generación proviene de hidroeléctricas. El desarrollo de las No Convencionales permitirá ampliar el aporte de Colombia a la reducción mundial de emisión de gases de efecto invernadero, fortalecer la autonomía energética del país y disminuir la vulnerabilidad frente a eventos de intensa sequía como El Niño.

P. ¿Vienen más proyectos de este tipo?

R.

Sí. En la Anla hay dos solicitudes en evaluación. Pero es importante mencionar que hay otros proyectos que por sus características están en manos de las corporaciones autónomas regionales. En las subastas de energía que viene realizando el Ministerio de Minas y energía hay una participación importante de las energías eólicas y fotovoltaica, que demandan grandes inversiones y que contribuirán al desarrollo de la región y del país.

P. Hay otro tema de interés que involucra a la Anla. El fracking. ¿En qué va la posibilidad de incorporar esta técnica a la producción de hidrocarburos en Colombia?

R.

Como se sabe, la Comisión de Expertos designada por el Gobierno para escuchar las inquietudes y preocupaciones de la comunidad en las zonas donde existe un potencial de yacimientos de hidrocarburos no convencionales, revisar el marco regulatorio técnico y ambiental existente y realizar un análisis de la seguridad energética nacional y la contribución del sector petrolero, ya entregó el estudio. Definir el cómo, cuándo y dónde, previa la definición de aspectos jurídicos, es una decisión que le corresponde al Gobierno. La Anla es una entidad ejecutora y se encarga de evaluar la viabilidad ambiental o no de las solicitudes dentro de un marco normativo, basado en unos principios y el desarrollo sostenible.

P. ¿Hay en la Costa solicitudes para proyectos No Convencionales?

R.

Había dos en el Cesar, pero fueron archivados.

P. Una de las críticas que se han hecho a la entidad es el atraso en los seguimientos y la oportunidad en las decisiones. ¿Cómo solucionar estos inconvenientes?

R.

Le voy a resumir tres decisiones que tomamos en la nueva visión estratégica, que ya tienen resultados para mostrar: por primera vez, desde cuando se creó la entidad en 2011, tenemos casi todos los expedientes en evaluación dentro de los términos de la normatividad, lo anterior sin sacrificar la calidad de las decisiones; implementamos los pagos de servicios digitales, de modo que cualquier usuario desde Barranquilla, Cartagena o Montería, o desde un pequeño municipio de la Costa, lo pueda hacer sin desplazamiento y trámite adicional alguno; y hemos incorporado un sistema de imágenes satelitales para apoyar los seguimientos a los proyectos, lo que nos permitirá no solo llevar este proceso al 100 por ciento, sino mejorar la precisión y calidad de los mismos. Para nosotros los seguimientos son muy importantes porque ello garantiza que se cumpla al pie de la letra con las obligaciones incorporadas en la licencia ambiental. Por ello hemos optado por este apoyo tecnológico, con una visión regional, que desde luego no sustituye las visitas presenciales.

P. ¿Cómo es el proceso de fortalecimiento de la coordinación interinstitucional?

R.

 Este es un tema muy importante porque el licenciamiento ambiental tiene muchas dimensiones de orden técnico, científico, jurídico y de carácter regional, entre muchos otros. Estamos adelantando alianzas y convenios con las corporaciones autónomas regionales de mayor capacidad administrativa en donde tenemos un importante número de proyectos a nuestro cargo y con los institutos de investigación para que nos apoyen en algunas actividades que están bajo nuestra órbita, aprovechando sus fortalezas y, sobre todo, el conocimiento de los territorios.

P. ¿Y con otros sectores?

R.

Sí, además hemos decidido interactuar con los sectores y gremios para conocer sus necesidades y preocupaciones, tener una especie de inventario de posibles proyectos y, adicionalmente, estamos realizando jornadas académicas para explicar aspectos fundamentales del licenciamiento, entre ellos la nueva metodología para la elaboración de los estudios de impacto ambiental (EIA), valoración económica, impactos acumulativos, compensaciones e inversión de no menos del 1%, entre otros aspectos.

“La energía No Convencional permitirá ampliar el aporte de Colombia a la reducción mundial de gases de efecto invernadero”.

P. En la región ha habido conflictividad en sectores como la minería y algunas vías. ¿Por qué este tipo de obras generan inconformismo en la comunidad y qué hacer?

R.

Este es otro aspecto al que le estamos poniendo mucha atención. Ya nos hemos reunidos con varias comunidades en La Guajira para atender el tema de impactos ambientales en el Cerrejón y hay un seguimiento permanente al desarrollo de los asentamientos del Hatillo, Plan Bonito y Boquerón, en Cesar. Lo cierto es que hemos concebido una estrategia para reducir la conflictividad en los territorios de la cual hace parte el monitoreo constante en las regiones. Toda la información que este nos genera la debemos usar para dar respuestas institucionales diversas: priorización en el seguimiento a esos proyectos generadores de conflictividad, presencia institucional, canales de relacionamiento para conocer más de cerca lo que ocurre, apoyo en las entidades competentes para los temas que no sean ambientales, haciendo oportuno también en este sentido nuestro quehacer.

P. ¿Pero no hay un problema estructural en materia de socialización y participación ciudadana?

R.

Es urgente crear una cultura de gestionar la incertidumbre. Yo invito a las empresas para que socialicen eficiente y eficazmente los proyectos porque nos hemos encontrado que por socialización se interpreta el hecho de reunirse con tres o cuatro personas y presentarlo como prueba. De ahí parte en una medida importante el inconformismo que termina con derechos de petición, audiencias públicas, tutelas, acciones populares y demás mecanismos, incluidas las vías de hecho.  El diálogo debe privilegiarse y avanzar en la creación de condiciones para este.

P. ¿Pero no está un poco ausente en las regiones?

R.

Vamos a estar mucho más presentes en las distintas regiones del país con la estrategia que le menciono. En La Guajira, por ejemplo, nombramos una intérprete wayuu que nos está ayudando al relacionamiento con la comunidad y ya adelantamos el proceso de contratación de inspectores en Santa Marta, Cesar y La Guajira.

P. Hace unos años se hablaba de una Anla politizada. Usted habla de una nueva visión de la entidad. ¿Prima el criterio técnico y profesional al político?

R.

Esta es una entidad netamente técnica, cero politizada. Las decisiones que tomamos son de carácter técnico, fundamentadas en el desarrollo sostenible.

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