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juan Pablo Liévano, Superintendente de Sociedades.
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Economía

Empresas afectadas por COVID-19 podrán acceder rápido a proceso de insolvencia

Decreto del gobierno, considerado como de medida transitoria por Supersociedades, permite que en los próximos dos años podrán solicitar su aceptación a los procesos de reorganización empresarial en condiciones más flexibles.

A través del decreto legislativo 560, expedido este miércoles 15 de abril, el Gobierno da vía libre que las empresas que tengan dificultades tendrá acceso expedido al proceso de insolvencia durante los próximos dos años.

En este periodo podrán solicitar su aceptación a los procesos de reorganización empresarial en condiciones más flexibles.

El Gobierno explica que con el fin de crear un sistema de recuperación empresarial, amplio e incluyente, que facilite la preservación de la empresa y el empleo, sin descuidar el crédito, y que abarque a todos los actores de la economía proporcionando soluciones efectivas y ágiles, para afrontar eficazmente la crisis empresarial generada por el Covid-19.

"Desde el momento en que se presentó la declaración de Emergencia Económica, Social y Ecológica, la Superintendencia, que venía estudiando y analizando desde el mes de julio de 2019 el régimen de insolvencia para una reforma estructural, señaló que era necesario contar con diferentes herramientas jurídicas de coyuntura para facilitar los acuerdos entre deudores y acreedores y así preservar la empresa y el empleo. El Gobierno nacional, con la expedición de este Decreto Ley,  generó diferentes opciones para que las empresas puedan acceder a mecanismos para salir adelante en esta crisis y preservar la empresa y el empleo", dijo Juan Pablo Liévano, Superintendente de Sociedades.  

La Supersociedades es la entidad que tiene la responsabildad de avalar una reorganización con una auditoría de la información financiera y contable de la empresa. Ahora la responsabilidad quedará también en cabeza del contador de la firma, aunque de forma posterior al proceso de admisión el organismo de control podrá solicitar más información para asegurar la veracidad de los datos.

El decreto permite que uno de los principales alivios consiste en que la empresa quedará cubierta para pagar anticipadamente deudas no mayores al 5% de su pasivo externo.

Igualmente, la norma incluye mecanismos de alivio como la capitalización de pasivos, mediante acciones, bonos de riesgos y otros mecanismos que suscriban los acreedores, que podrán convertirse en socios de la empresa.

El decreto puso en marcha la figura de los pactos de deuda sostenible. Estos no contemplan un cronograma de pago y la extinción total de las obligaciones a favor de las entidades financieras como parte del acuerdo, sino una reestructuración o reperfilamiento, para lo cual deberá ser aprobada por el 60% de los acreedores financieros.

La norma incluyó una figura de salvamento ante una liquidación inminente, que permite que cualquier acreedor podrá evitar la desaparición de la empresa presentando su interés en aportar capital fresco.

El decreto legislativo indica que el objetivo es preservar la empresa, el empleo y el acuerdo de reorganización.

Sobre las cuotas de los acuerdos de reorganización en ejecución correspondientes a los meses de abril, mayo y junio de 2020, de los deudores afectados por las consecuencias de la pandemia del COVID-19, no se considerarán vencidas sino a partir del mes de julio de 2020.

La incorporación de la figura de la negociación de emergencia en acuerdos de reorganización y la posibilidad de que los procesos de recuperación empresarial se adelanten a instancias de las cámaras de comercio es otra de las medidas que incluye el decreto.

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