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Economía

Congelar peajes cuesta $1 billón y pone en riesgo 9 proyectos viales: CCI

El gremio señaló que decretar el congelamiento de las tarifas representa un cambio intempestivo en las reglas de juego.

La medida del Gobierno nacional de no aumentar este año los peajes de las vías concesionadas costará $1 billón al Estado y pone en riesgo los proyectos viales, en especial a las denominadas IP (Iniciativas Privadas) que se financian exclusivamente con el recaudo de dichos peajes aseguró el presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), Juan Martín Caicedo Ferrer.

Es así como los contratos de las IP podrían terminarse de manera anticipada, ante lo cual el Estado tendría que reconocer, adicionalmente, las inversiones realizadas y, además, tendría que finalizar las obras y administrar, operar y mantener las vías.

En estos proyectos hay nueve que estarían en riesgo y son Accesos Norte fase I; Tercer Carril Bogotá – Girardot; Antioquia – Bolívar; Cambao – Manizales; Chirajara – Fundadores (en vía Bogotá-Villavicencio); Vías del Nus; Neiva – Girardot; Girardot – Ibagué – Cajamarca y la Malla Vial del Meta.

El dirigente gremial señaló que decretar el congelamiento de las tarifas representa un cambio intempestivo en las reglas de juego en un negocio de largo aliento, cuya columna vertebral financiera, justamente, se soporta en el recaudo derivado de los peajes como fuente de pago de las inversiones realizadas sobre la infraestructura concesionada.

“El Estado se verá abocado a compensar a los proyectos y entregar, con dineros provenientes del Fondo de Contingencias y presupuestales, el billón de pesos que aproximadamente estos últimos dejarán de percibir, durante el año 2023, como consecuencia de las modificaciones tarifarias adoptadas a comienzos de esta semana”, indicó Caicedo.

Recordó que esto lo ha confirmado el Ministerio de Hacienda. Además, esta medida contemplada en el Decreto 050 de 2023,causa un desequilibrio económico de los contratos, por cuanto las tarifas reales de cada año serán menores a las previstas en la estructuración de los mismos, al no ser restablecidas.

Las consecuencias del decreto

El gremio de la infraestructura dijo que un contexto de inflación, los proyectos concesionados no están exentos de enfrentar la coyuntura económica que vive el país con incrementos derivados de la inflación en el costo de las nóminas o los aumentos en el valor de los insumos, entre muchos otros factores.

“Así pues, no ajustar al alza las tarifas de sus peajes, implica el riesgo de no reconocer el verdadero valor de los bienes y servicios requeridos para la construcción y administración de los proyectos. (Esto puede generar desempleo y eventuales incumplimientos con proveedores, por parte de las concesiones)”, señaló.

De acuerdo con la CCI, la mayor consecuencia para el país de la medida es que a partir de la fecha, serán el Gobierno y todos los colombianos -incluso aquellos que no transitan por las carreteras concesionadas- quienes terminarán respondiendo, vía impuestos, por los dineros que dejen de recaudar los proyectos, dado que dicho recaudo se constituye en la fuente de pago de inversiones realizadas sobre la infraestructura.

“A lo anterior, habría que sumar el hecho de que cambiar las reglas del juego genera un clima de inseguridad jurídica que, por razones obvias, redunda en incertidumbre entre aquellos financiadores e inversionistas que apuestan por iniciativas de esta naturaleza”, agregó.

El imperativo de preservar la confianza

El gremio insistió en que se debe preservar la confianza que se construido entre el sector público y privado a lo largo de 30 años una alianza exitosa y estratégica (Estado-concesiones), en pro del desarrollo y la modernización de la infraestructura nacional.

Esta confianza podría lesionarse con los ya citados financiadores e inversionistas (locales e internacionales) que han creído en el modelo de las concesiones.

“No hay que olvidar que esta confianza ha permitido que la infraestructura pueda entenderse como política de Estado, de largo aliento, que trasciende gobiernos de turno o ciclos políticos. Todo ello, con el apoyo indeclinable de la banca multilateral”, agregó Caicedo.

Destacó que la participación privada en el desarrollo de infraestructura, como principal aliada del Estado, ha sido piedra angular para construir e intervenir, durante los últimos 30 años, más de 10.000 km de carreteras a lo largo y ancho de la geografía nacional que no hubiese sido posible ejecutar a través de obra pública, dadas las insuficiencias presupuestales existentes.

Dijo que el impacto de las mencionadas concesiones sobre el espectro social se traduce en mejor calidad de vida para la sociedad en su conjunto ya que el desarrollo de vías de esta naturaleza genera un encadenamiento productivo que incluye la creación de miles de empleos directos e indirectos, y demanda la utilización de diversos insumos provenientes de sectores como el industrial, el comercial o el financiero.

“El gremio confía en el buen criterio del gobierno y en su buen tino para analizar con detalle todo lo aquí expuesto. Las concesiones del país, por su parte, seguirán con el compromiso inquebrantable de construir, día a día, un mejor país”, concluyó.

El gremio reiteró su disposición para el diálogo con el Gobierno y alertó sobre la zozobra que afecta al sector ya que las instalaciones de algunas concesiones están siendo objeto de atropellos por lo que solicitaron la acción urgente de la autoridad.

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