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Medio camino

Para alcanzar esa deseada “Hambre cero” en 2030, los países debimos desde el inicio adquirir el compromiso de asegurar el acceso permanente de todas las personas, en particular aquellas en situación de vulnerabilidad –incluidos los niños menores de 2 años– a una alimentación sana, nutritiva y suficiente. También a ponerle fin a todas las formas de malnutrición, incluso comprometiéndonos a que, a más tardar en 2025, alcanzaríamos las metas convenidas internacionalmente sobre el retraso del crecimiento y la emaciación de los niños menores de 5 años.

Estamos casi a medio camino del horizonte de tiempo que se fijó la ONU en 2015 para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible–ODS. Las cifras del reciente informe de la desnutrición aguda moderada y severa en menores de 5 años que publicó la semana pasada el Instituto Nacional de Salud, me permiten analizar hoy los avances nacionales en torno al Objetivo 2: Hambre cero.

Para alcanzar esa deseada “Hambre cero” en 2030, los países debimos desde el inicio adquirir el compromiso de asegurar el acceso permanente de todas las personas, en particular aquellas en situación de vulnerabilidad –incluidos los niños menores de 2 años– a una alimentación sana, nutritiva y suficiente. También a ponerle fin a todas las formas de malnutrición, incluso comprometiéndonos a que, a más tardar en 2025, alcanzaríamos las metas convenidas internacionalmente sobre el retraso del crecimiento y la emaciación de los niños menores de 5 años.

Los organismos gubernamentales nacionales, basados en nuestra realidad económica y social, adaptaron las metas y adquirieron el compromiso de reducir la tasa de mortalidad infantil por desnutrición en menores de 5 años a “solo” cinco muertes por cada 100.000 y que la prevalencia de desnutrición sería de 0,9% en esta población, en 2030.

Pese a que el país ha trabajado con ahínco para lograrlo, los datos del reciente informe deben encender todas nuestras alertas: en departamentos como el Vichada, Vaupés y Guajira la prevalencia de desnutrición de los menores de 5 años está aun muy por encima de la meta nacional y su tendencia, al igual que la nacional, fue al alza en el último año, muy seguramente influida por el impacto económico de la pandemia.

Las cifras también permiten concluir que la gran mayoría de niños colombianos menores de 5 años desnutridos, identificados en el reporte, habían nacido a término con un peso adecuado, por lo que los factores que seguramente los llevaron a la condición de desnutrición estarían relacionados con inseguridad alimentaria y nutricional de las familias –esto parecería estar en consonancia con las cifras reportadas últimamente por el DANE–.

Sufrir de desnutrición crónica en los primeros años de vida produce graves efectos para el resto de nuestra existencia. Los niños que padecen esta condición ven disminuido su cociente intelectual hasta en 15 puntos cuando se les evalúa de adultos. En promedio, la escolaridad en estas “víctimas” es cinco años menor que la de los controles que contaron con una alimentación infantil adecuada.

Como si lo inmediatamente anterior no fuera suficientemente grave, los desnutridos en la infancia, cuando ingresan al mercado laboral ganan un 54% menos de salario en comparación con quienes no padecieron esa condición.

Por lo anterior es deseable, que el nuevo gobierno que pronto elegiremos, implemente acciones contundentes de manera urgente que permitan atender esta dura realidad de algunos niños en nuestro país.

@hmbaquero

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La Guajira

ICBF encuentra niños en riesgo de desnutrición en asentamiento de Uribia

Fueron atendidos y se incluirán en alguno de los programas que presta la institución.

Una Unidad de Búsqueda Activa (UBA) del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) focalizó y verificó el estado nutricional de seis niños de la comunidad 23 de Abril del municipio de Uribia, en La Guajira.
 
Según Yaneris Cotes Cotes, directora del instituto, la atención se prestó en cumplimiento del compromiso adquirido mediante la visita de inspección judicial en el municipio de Uribia, donde se dispuso el traslado de la Unidad Básica de Atención, que verificó en territorio el estado nutricional de los menores con riesgo de desnutrición aguda.
 

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La Guajira

Crítica radiografía de la desnutrición en La Guajira: Defensoría

El defensor afirma que entre enero y septiembre de 2021, se notificaron 115 muertes de niños menores de 5 años probablemente por desnutrición.

El defensor del pueblo Carlos Camargo presenta este lunes en La Guajira el informe  ‘Desnutrición en la primera infancia; causas estructurales y vulneraciones prevenibles y evitables’, en el da a conocer las cifras de casos de niños fallecidos por desnutrición en el país.

Afirma el funcionario que en este departamento se tiene el mayor número de casos notificados de niños y niñas afectados con 26 (22,6%), seguido de Magdalena  con 11 (9,6%); Chocó con 10 (8,7%); Cesar con 7 (6,1%) y Antioquia  con 6 (5,2%).

En el informe indica que, tan solo entre el 24 de agosto y el 4 de septiembre de 2021, se notificaron 8  muertes de niños y niñas menores de 5 años  asociadas a desnutrición  en el país.  Mientras que entre el primero de enero y el 4 de septiembre de 2021,  se notificaron 115 muertes de niños y niñas  menores de 5 años probablemente por desnutrición y causas asociadas, siete más que en la misma semana epidemiológica del año pasado.

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La Guajira

Multan a EPS por muerte de cuatro niños wayuu por desnutrición

Según Supersalud, la EPS Asociación Indígena del Cauca, no garantizó la atención integral a los menores.   

La Superintendencia Nacional de Salud impuso una multa cercana a los $2.270 millones a la EPS Asociación Indígena del Cauca (AIC), después de comprobar que en 2019 incurrió en infracciones al sistema de salud al no garantizar la atención integral a cuatro menores con diagnóstico de desnutrición aguda, que fallecieron. 

El organismo explicó que ese año un equipo de la Supersalud  realizó una visita de inspección a dicha EPS indígena en el departamento La Guajira y elaboró un informe que dio inicio al proceso administrativo sancionatorio por los hallazgos que daban cuenta de posibles irregularidades. 

En el reporte del Comité de Vigilancia Epidemiológica (COVE), se estableció que “en estos casos las muertes de los menores eran evitables si se hubiesen realizado acciones articuladas entre IPS y EAPB, encaminadas a realizar una adecuada y oportuna detección temprana y protección específica, atenciones oportunas y con adherencia a las guías de manejo de las morbilidades presentadas”. 

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La Guajira

Fallas en atención de mortalidad infantil por desnutrición en La Guajira

La Supersalud las detectó en las secretarías de Salud, las EPS y las IPS de este departamento.

Múltiples fallas encontró la Superintendencia Nacional de Salud en el plan de acción  para disminuir índices de mortalidad infantil por desnutrición en La Guajira, donde este año han muerto 45 menores por esta causa.

 Durante una semana el ente de control realizó acciones de inspección y vigilancia en el departamento, en el distrito de Riohacha y en los municipios de Maicao, Uribia y Manaure para verificar el cumplimiento al plan de acción suscrito el 15 de noviembre de 2019.

El organismo indicó que por parte de las secretarías de Salud hay fallas en el seguimiento a la atención integral de los niños y niñas menores de 5 años con desnutrición e incumplimientos en las coberturas de vacunación y en la verificación de las condiciones de habilitación.

Igualmente detectó incumplimientos en la oportunidad y continuidad en la contratación del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas y asegura que no se evidenció la implementación de una política de seguridad alimentaria y nutricional.

En cuanto a las Entidades Promotoras de Salud – EPS la Supersalud encontró fallas en el proceso de afiliación de los menores de 5 años y en el seguimiento de los lineamientos previstos para la atención integral.

También afirma que hay incumplimiento en las coberturas de vacunación y fallas en la verificación de los esquemas de vacunación, deficiencias en el proceso de auditoría a la red prestadora de servicios y falta de seguimiento a la entrega y disponibilidad de fórmulas terapéuticas.

La Superintendencia halló deficiencias en el seguimiento a los menores diagnosticados con desnutrición por parte de las EPS.

Durante la inspección el organismo identificó  que las Instituciones Prestadoras de Servicios –IPS tenían  kits de atención extramural incompletos y el incumplimiento por parte de estas en  los estándares de habilitación.

Igualmente detectó dificultades en el proceso de referencia y contrarreferencia de los pacientes. 4-. No hay disponibilidad de las fórmulas terapéuticas en la atención ambulatoria.

El ente de control reiteró el llamado a las autoridades locales para trabajar articuladamente con los diferentes actores y mejorar los resultados en salud que serán objeto de permanente seguimiento.

La Superintendencia Nacional de Salud trasladó un equipo multidisciplinario al departamento   para verificar en campo las acciones implementadas desde las secretarías de salud, las EPS que operan allí y la red prestadora de servicios de salud, para atender la desnutrición aguda en menores de 5 años de edad, y dar cumplimiento a las órdenes proferidas en la Sentencia T/302 de 2017.

“Desde 2017 venimos desarrollando labores de inspección, vigilancia y control, en 2019 formalizamos un plan con el objetivo de articular las acciones interinstitucionales para garantizar una disminución en los indicadores de mortalidad infantil. En desarrollo del mismo, identificamos avances en algunos temas y persisten dificultades en materia de aseguramiento y prestación de servicios”, aseguró el Superintendente delegado para la Supervisión Institucional, José Oswaldo Bonilla.

Agregó que las autoridades departamentales y locales continuarán bajo la lupa del órgano de vigilancia, y serán objeto de seguimiento para verificar el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades frente al Sistema General de Seguridad Social en Salud.

“Este diagnóstico nos proporciona unas líneas claras para que el Departamento, el Distrito de Riohacha y los municipios objeto de este seguimiento, adelanten acciones de mejora que permitan garantizar una atención integral a los menores, identificarlos y promover una política de atención integral”, aseguró el funcionario.

Dijo que como resultado de este análisis, el Gobernador del departamento, alcaldes y secretarios de salud reforzarán las acciones implementadas con el acompañamiento de un equipo de expertos de la Supersalud para superar los hallazgos identificados.

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El Heraldo
Un especialista toma una muestra de Covid-19.
Política

La ley del Montes | Los verdaderos problemas

Mientras los partidos y movimientos políticos se ocupan de futuras candidaturas presidenciales, los colombianos tienen otras preocupaciones.

Mientras los candidatos y partidos políticos afinan desde ahora sus estrategias para buscar un triunfo en las elecciones del 2022, el “país nacional”, les envía un mensaje contundente acerca de los verdaderos asuntos que deben ocuparse. A los colombianos en su inmensa mayoría no les importa la mecánica de cómo serán escogidos los futuros aspirantes a la Presidencia, ni tampoco si son de derecha, centro o izquierda. Por ahí no pasan sus desvelos y trasnochos.

A los colombianos les preocupa -y mucho- la corrupción, el desempleo, la inseguridad, la economía y el coronavirus. En ese orden. Así lo muestra la más reciente encuesta de Invamer Gallup, que mide los principales obstáculos que deben afrontar los colombianos para alcanzar buenos niveles de desarrollo.

De acuerdo con la encuesta de Invamer, el 22,2 por ciento de los colombianos está preocupado por la corrupción del país, el 18,4 por ciento por el desempleo, el 8,5 por ciento por la inseguridad, el 8,1 por la economía y el 7,3 por el coronavirus. Estos son los verdaderos problemas que aquejan a los colombianos en estos momentos. Muy pocos están pensando al menos por ahora –como creen los políticos– en la escogencia del sucesor de Iván Duque en la Casa de Nariño, ni tampoco en su ideología. Sus prioridades y sus necesidades son muy distintas.

El que la corrupción siga siendo el problema que más preocupa a los colombianos demuestra lo poco o nada que han hecho los gobiernos nacionales o regionales para combatirla. Y también evidencia –que todo hay que decirlo– lo poco o nada que ha hecho el sector privado para dejar de fomentarla.

Aunque casi siempre se destaca a los “corruptos oficiales”, que sobornan y piden coimas para adjudicar contratos, no hay que olvidar que del otro lado de la mesa hay “corruptos privados” que ofrecen el pago de dichos sobornos y coimas. La corrupción es un problema de doble vía: hay quienes piden para dar y hay quienes ofrecen para recibir. Así funciona ese perverso fenómeno que tanto preocupa a los colombianos y tanto mal causa en materia de desarrollo. ¿La razón? A mayor corrupción, menos desarrollo y progreso, más desnutrición infantil, menos escuelas y hospitales, menos carreteras y acueductos. La corrupción es inversamente proporcional al desarrollo.

La preocupación por el desempleo también es recurrente y constante en las últimas décadas. Si bien es cierto que se venía logrando algunos avances en los últimos años, hasta el punto de llevar el desempleo a un dígito, por cuenta del Coronavirus la desocupación en Colombia se disparó y hoy es una de las más altas de América Latina.

La informalidad –que es muy grave en algunas de las principales ciudades del país, entre ellas Barranquilla y Cartagena– también se desbordó por cuenta de la pandemia. Es evidente la pauperización de sectores productivos de la economía, que han tenido que apagar máquinas, despedir empleados y declararse en quiebra. Las ayudas ofrecidas por el Gobierno nunca llegaron o no llegaron a tiempo.

La inseguridad también desvela a los colombianos, tanto en las principales ciudades como en el campo. Los colombianos no se sienten seguros. Esa es la triste realidad. Los atracos, asaltos y robos a residencias y locales comerciales son cada día más frecuentes en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. Mientras la inseguridad crece, las autoridades se muestran impotentes para contener a los delincuentes. En algunos casos las propias autoridades son señaladas de ser cómplices de los delincuentes. En este caso se mezclan la corrupción con la inseguridad.

La economía que preocupa a los colombianos tiene que ver directamente con sus bolsillos y con lo poco que les alcanza lo que ganan con lo que gastan. Su preocupación es muy simple: sienten que sus ingresos son menores que sus egresos. Es más lo que se les va en arriendo, agua, luz, teléfono y pago de impuestos, que lo que reciben por cuenta de su trabajo o sus actividades comerciales.

Llama la atención que en la encuesta de Invamer Gallup el coronavirus esté por debajo de la corrupción, el desempleo, la inseguridad y la economía. La lectura optimista es que el Gobierno ha hecho bien la tarea y logró con sus medidas evitar una verdadera tragedia humanitaria. Pero la lectura realista y si se quiere cínica muestra que los colombianos decidieron morirse de coronavirus y no de hambre. Es decir, aunque la Covid-19 es sin duda grave, las necesidades que tienen que ver con la sobrevivencia y el día a día de los colombianos resultan más apremiantes y urgentes que la propia pandemia. Veamos, pues, cuáles son los verdaderos problemas que preocupan a los colombianos:

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Cartas de Lectores

Colombia en crisis

Los superhéroes de la Covid-19.

Ah propósito de la peste Wuhan China, hoy se cumplen 2 años y 51 días que llegó a la presidencia de Colombia, el Dr. Iván Duque Márquez que para muchos ha sido un buen gobernante, y más por la forma como ha tratado la endemia de la Covid-19, el cual es considerado como un héroe, un súper héroe e inclusive algunos lo ven como Superman (en mi pueblo todavía hay un mural que dice: “Iván es el man”, refiriéndose a Superman, pero otros dicen que es a nuestro señor Jesucristo, por lo del padre Linero, (¡qué tal esto!). Lo mismo pasa con la apocalíptica alcaldesa de Bogotá la Dra. Claudia López, la cual es considerada como una heroína por la forma como ha tratado la pandemia de la Covid-19 y muchos en Latinoamérica la consideran la mujer maravilla, por la forma maravillosa con la que ha desarrollado la cuarentena de su ciudad.

Yo en cambio tengo otra imagen de nuestro país, y de la ciudad de Bogotá (han cerrado 58 mil empresas y negocios). Veo un país totalmente descuadernado, desilusionado y desesperanzado, por el alarmante desempleo, la pobreza, la desnutrición infantil, el aumento de la criminalidad en todas sus formas, mucha especulación y altos costos y carestía de los productos de la canasta familiar. Produciendo un desmejoramiento en la calidad de vida de millones de colombianos, ya que el dinero alcanza para comprar menos. Lo cual quedó confirmado el pasado viernes 25 de septiembre, expresado por el director nacional del DANE el Dr. Juan Oviedo el cual manifestó en noticias Caracol de la mañana: “miles de hogares solo se están comiendo 2 comidas diaria y miles una 1 sola comida”, lo que quiere decir que la situación económica de muchos hogares de Colombia no es la mejor, por falta de producir ingresos económicos.

También en mi opinión desde que se decretó el pasado 16 de marzo el estado de emergencia social, económica, sanitaria y medio ambiental, las 32 gobernaciones y las 1103 alcaldías de nuestro país, están prácticamente semiparalizadas, unas que otras dependencias están funcionando, produciendo traumatismos entre la ciudadanía del nivel departamental y municipal, ya que ha sido tradición que diariamente muchas personas de los municipios cercanos y lejanos, y funcionarios públicos, visiten estas oficinas solicitando ayuda de todo tipo. Desde que comenzó esta cuarentena, estas entidades departamentales y locales  parecen unas moles de cemento y concreto, solitarias en donde no hubiera funcionario alguno.

Así hoy Colombia tenga más de 10.000 camas UCI y múltiples ayudas y subsidios económicos, creados por este gobierno considero con todo respeto, que la situación de nuestro país es calamitosa.

Obdulio Antonio Julio García

Obduliojulio60@gmail.com

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El Heraldo
Redacción ELHERALDO.CO

La hacienda pública

En Colombia es un hecho notorio que hemos tenido escándalos de corrupción que nos han indignado. Entre muchos, el del Guavio, Foncolpuertos, Interbolsa, Carrusel de la contratación, Saludcoop, Odebrecht, Reficar, el cartel de la hemofilia, el r

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Los habitantes de Puerto Estrella encontraron una solución al problema de desabastecimiento de agua. Cortesía
La Guajira

Puerto Estrella encontró una solución para la falta de agua

Crearon un comité para gestionar el arreglo y materiales necesarios para hacer funcionar una planta desalinizadora, dañada desde hace años.

Un grupo de habitantes del corregimiento de Puerto Estrella en la Alta Guajira, no se conformaron con la falta de agua que padecen debido a múltiples razones y se unieron para arreglar la planta desalinizadora que fue instalada hace cinco años, pero que permanece dañada.

Según explicó Asunción Ruíz Tromp, una de las habitantes de esta zona rural del municipio de Uribia, se usó un mecanismo con sacos y tuberías que se instalaron para sacar el agua del mar y procesarla para que pueda ser apta para el consumo.

“Para implementar lo que se quería necesitábamos 5 millones de pesos, por eso organizamos un pequeño grupo identificado como Comité de Agua y gestionamos los recursos para arreglarla”, indicó.

Dijo que se seleccionó un joven para que estuviera al frente del comité y de la distribución del agua de manera gratuita.

“También se gestionó el químico que se necesita, el mantenimiento y el combustible que se alternaba tomándolo como préstamo de la planta que produce energía al pueblo”, agregó Asunción.

Dice que ahora están tratando de adquirir paneles solares para evitar usar el ACPM que es muy costoso y a veces no se consigue tan fácilmente.

“Aquí padecíamos mucho porque traer un viaje de agua del corregimiento de Nazareth cuesta entre $600 mil y $800 mil y es un grave problema de supervivencia el que teníamos”, anotó Asunción.

Ahora al menos tienen algo de agua para solventar las necesidades de los hogares en varias comunidades de Puerto Estrella, corregimiento de 2.500 habitantes aproximadamente y donde el gobernador Nemesio Roys Garzón y el alcalde de Uribia Bonifacio Henríquez Palmar se posesionaron  en enero de este año de manera simbólica ante las autoridades tradicionales.

Precisamente en ese evento la población wayuu que habita en esta población de la Zona Norte Extrema de La Guajira, solicitó el mejoramiento y la optimización de la planta desalinizadora.

“Hago un llamado a nuestros líderes wayuu que se encuentran más cerca del gobierno central, para dar a conocer nuestras necesidades. Aquí la misma población se ha encargado de apoyarse para adquirir el agua arreglando la planta porque el  agua es vida, es salud, pero si nos apoyan con una solución definitiva, se acabará la sed”, manifestó Asunción.

En múltiples fallos de diferentes instancias, incluido el de la Corte Constitucional que declaró el estado de cosas inconstitucional en La Guajira, se comprueba que el Estado colombiano no garantiza el servicio de agua potable para muchas comunidades del pueblo wayuu

Una de las provisiones de agua de los indígenas está en los jagüeyes que por esta temporada están secos  debido a la ausencia de lluvias y los pozos artesanales que muchas veces quedan lejos de sus viviendas, por lo que tienen que recorrer largas distancias que van desde 3 hasta 6 kilómetros.

También hay comunidades con molinos de viento y otras con microacueductos, aunque este agua se usa para cultivos, los animales y algunas necesidades del hogar porque no es potable.

Esta situación fue ampliamente documentada  en el informe de Human Rights Watch (HRW) y el Centro de Salud Humanitaria Johns Hopkins que advirtieron la agudización de la crisis humanitaria entre indígenas wayuu por efectos de la pandemia, a lo que se suman graves problemas como falta de agua, alimentos y desplazamiento de migrantes.  que resulta sumamente preocupante en el contexto actual del Covid-19.

 Para los organismos, esta situación ha contribuido al incremento de  los niveles de desnutrición infantil.

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El Heraldo
La Guajira

“Muchos wayuu comen cactus porque no hay nada más”

Tras la advertencia de HRW sobre el riesgo de supervivencia de la etnia, líderes dicen que en la Alta Guajira aún caminan kilómetros en busca de agua.

Entre tres y seis kilómetros debe recorrer Ender Epinayu, un joven de la comunidad Jolotsoin del corregimiento de Tawaira, en la Alta Guajira, para buscar agua en uno de los jagüeyes o pozos que están en la zona.

“Nos tenemos que levantar muy temprano para ir en burro o en moto si hay gasolina y traer agua para el consumo y para los animales”, explicó.

El relato lo hace en Sulu'upuna Woumain - Informativo Audiovisual desde Territorio Wayuu,  la estrategia de comunicación que realiza la Red de Comunicaciones del Pueblo Wayuu en alianza con la Unicef desde los territorios indígenas para informar sobre cómo es la vida de los miembros de la etnia en medio de la pandemia de la COVID-19.

 Elimenes Zambrano, miembro de la Red, afirma que en la zona extrema de la Alta Guajira no hay acceso al agua potable y por lo tanto no es posible cumplir cabalmente con las medidas para prevenir el virus, como el lavado de manos y la desinfección de los utensilios para preparar los alimentos.

“Las familias acuden a los pozos o jagüeyes y no es agua potable, porque los carrotanques de la Triple A, entidad contratante de la administración municipal de Uribia, no son suficientes y algunos no cumplen con el reparto en los diferentes corregimientos”, explica.

El abogado Carlos Balcázar, asesor de Shipia Wayuu, asegura que en muchas comunidades están comiendo cactus, porque no hay más nada que consumir.

En ese sentido, Zambrano asegura que poblaciones de Bahía Honda, Puerto Estrella y Tawaira han sido atendidas parcialmente, porque en mayo recibieron kits alimentarios, pero las autoridades no han suministrado más ayudas. “Hay que esperar que vuelvan o confiar en una bendición y que llueva pronto en la Alta Guajira”, manifestó.

La sequía, el hambre y la falta de agua son problemas históricos en las comunidades wayuu de La Guajira, que se han agudizado con la aparición de la pandemia de la COVID-19.

Así lo describe el informe de Human Rights Watch (HRW) y el Centro de Salud Humanitaria Johns Hopkins que advirtieron la agudización de la crisis humanitaria entre indígenas wayuu por efectos de la pandemia, a lo que se suman graves problemas como falta de agua, alimentos y desplazamiento de migrantes.

Los líderes que hacen parte de la Asociación Shipia Wayuu, quienes gestionaron las medidas cautelares otorgadas en diciembre de 2015, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a favor  de los niños, niñas y adolescentes de las comunidades de Uribia, Manaure, Riohacha y Maicao del pueblo wayuu,  frente a temas que los aquejan como la desnutrición infantil, la falta de agua y el acceso a un buen servicio de salud, afirman que “el desacato de estas es lo que sigue causando daños irreparables a nuestro pueblo wayuu”.

Incluso afirman que en muchas comunidades las familias están consumiendo solo el cactus porque no tienen qué comer en esta cuarentena.

En febrero del 2017 y por considerar que las mujeres gestantes wayuu de los municipios de Manaure, Riohacha y Uribia, en La Guajira, también estaban en una situación de gravedad y urgencia y que su vida está en riesgo, la CIDH amplió estas medidas cautelares para que se garantice su vida e integridad personal.

A pesar de estas medidas y fallos, José Miguel Vivanco director para las Américas de Human Rights Watch, reitera en el informe que “las comunidades indígenas de La Guajira no tienen acceso a alimentos suficientes ni al agua necesaria para practicar una higiene básica, incluyendo para lavarse las manos, y la información y acceso a la atención en salud es sumamente deficiente”.

Niños, víctimas.

 Para Vianco, esta situación ha contribuido a que durante años los wayuu hayan sufrido uno de los niveles más altos de desnutrición infantil en Colombia, lo que resulta sumamente preocupante en el contexto actual del Covi-19.

Según el Instituto Nacional de Salud, este año en La Guajira han muerto 22 niños a causa de la desnutrición o por motivos asociados.

Entre los años 2010 y 2018, en la peor crisis humanitaria en el departamento, un total de 4.440 niños fallecieron en hospitales y rancherías.

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La Guajira

Niños indígenas wayuu en riesgo de muerte y desnutrición

HRW y el Centro de Salud Humanitaria Johns Hopkins denunciaron que se debe mejorar acceso a alimentación, agua y atención en salud durante pandemia.

Los niños wayuu, pueblo indígena que habita en Colombia y Venezuela, están en riesgo de desnutrición e incluso de muerte debido a la pandemia de coronavirus y las medidas de aislamiento decretadas para combatirla, denunciaron Human Rights Watch (HRW) y el Centro de Salud Humanitaria Johns Hopkins.

En un informe conjunto divulgado este jueves, las dos entidades alertan de las dificultades de supervivencia de los miembros de este pueblo en el departamento de La Guajira, para quienes es "sumamente difícil acceder a alimentos, agua y atención médica en un momento en que estos servicios son más necesarios que nunca".

"El Gobierno colombiano debería adoptar medidas urgentes para proteger los derechos de los niños y las niñas wayuu", alertaron.

En el informe, se explica que "las comunidades indígenas de La Guajira no tienen acceso a alimentos suficientes ni al agua necesaria para practicar una higiene básica, incluyendo lavarse las manos, y la información y acceso a la atención en salud es sumamente deficiente", señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.

"Esta situación ha contribuido a que durante años los wayuu hayan sufrido uno de los niveles más altos de desnutrición infantil en Colombia, y resulta sumamente preocupante en el contexto actual de la COVID-19", añade.

Las dos entidades han divulgado también una publicación multimedia, denominada "Un pueblo resiliente: El pueblo indígena wayuu de Colombia enfrenta una crisis de desnutrición en medio de la pandemia", sobre las dificultades que enfrentan las familias wayuu en La Guajira, "marcada por la inseguridad alimentaria e hídrica y un acceso limitado a la atención en salud".

También se indica que "la mala administración y la corrupción gubernamental generalizada, la crisis humanitaria en Venezuela y los efectos del cambio climático han agudizado los problemas de inseguridad alimentaria y desnutrición", así como las actividades mineras que "han degradado la calidad del agua y el acceso a ésta".

Con una población de al menos 270.000 personas, los wayuu son el grupo indígena más numeroso de Colombia y la gran mayoría vive en La Guajira, que tiene un territorio parcialmente desértico. Casi todos habitan en áreas rurales o poblados pequeños y sus fuentes de alimentos y de ingresos tradicionalmente han sido la agricultura de subsistencia, la búsqueda estacional de alimentos, la cría de cabras o la pesca.

El informe divulgado se basa en las cerca de 200 entrevistas realizadas por investigadores de HRW y del Centro de Salud Humanitaria de Johns Hopkins en La Guajira y en Bogotá, incluidos miembros y autoridades del pueblo wayuu, exiliados venezolanos, funcionarios de Naciones Unidas y del Gobierno colombiano, representantes de ONG, funcionarios de organismos humanitarios, personal de atención de la salud, docentes y científicos ambientales.

También analizaron información y datos proporcionados por numerosos organismos gubernamentales, hospitales y organizaciones no gubernamentales internacionales y locales, así como varios documentos judiciales y de la Fiscalía General de la Nación sobre investigaciones en materia de corrupción. 

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