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Sociedad

El mensaje con el que llega el niño ambientalista a la ONU

Francisco Vera, el niño ambientalista fue designado como Asesor Infantil del Comité de los Derechos para los niños por la ONU.

Francisco Vera fue designado Asesor Infantil del Comité de Derechos del Niño de la ONU. El niño ambientalista colombiano, que promueve su activismo por la defensa y el cuidado del medioambiente a través de las redes sociales, ahora es consejero para Naciones Unidas.

Vera, además de haber creado una comunidad digital que promueve la preservación de los ecosistemas, también es el fundador del Movimiento Ambiental Guardianes, quienes se reconocen como multiplicadores de la conservación del planeta.

El pasado 15 de abril, por medio de sus redes sociales, Vera dio a conocer la mención que le hacía la ONU para que hiciera parte del comité de observación No. 26 que con la ayuda de expertos busca identificar las problemáticas de los niños en el mundo y consecuentemente crear estrategias y planes de acciones.

En entrevista con EL HERALDO, el niño explicó cuál era su motivación principal en la vida y cómo esta le ha permitido participar en escenarios de cambio a nivel internacional.

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Tecnología

Una de estas será escogida como la foto del año de National Geographic

La revista National Geographic abrió su concurso anual de fotografía que premiará el mejor registro que se haga de la naturaleza mundial. La competencia llamada ‘Nature Photographer of the Year’ estará abierta hasta el próximo 17 de noviembre y está dividida en las categorías de Fauna Silvestre, Paisajes, Aéreas y Submarinas. ¿Cuál es su favorita?

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Economía

La naturaleza como potencial de recreación

El turismo de espacios naturales se entiende como una categoría que comprende todas las formas de actividades turísticas que involucran el uso o apreciación de recursos naturales accesibles, en estados silvestres y en ambientes más o menos rústicos. Este tipo de turismo ha recibido creciente atención en el país por su potencial para financiar las áreas protegidas al tiempo que podría contribuir al logro de los objetivos ecológicos y sociales de la conservación que se desarrolla en estos espacios.

Acá la palabra clave es “podría”, pues hay suficiente evidencia académica y documental indicando que este turismo en diversas ocasiones se ha constituido en causa de degradación ambiental y disrupción de las condiciones y tejidos sociales de comunidades.

En Colombia, por ejemplo, la zona de Playa Blanca en el Parque Nacional Natural Islas del Rosario recibe visitas que superan, y hasta duplican, la capacidad de carga del área. En el páramo de Sumapaz la situación es similar, al punto que habitantes de la región han tomado vías de hecho para limitar la llegada de turistas.

Es claro que el turismo de naturaleza es una posibilidad, no una certeza. Ahora, mientras unas áreas protegidas enfrentan presiones por la alta afluencia de personas (por ejemplo el Parque Tayrona recibe cerca del 40% del total de visitas a algún parque natural del país), otras quisieran atraer más personas. Para estas últimas el reto es identificar las actividades recreativas con mayor potencial de demanda y que además sean compatibles con el manejo ambiental del parque.

Una investigación reciente que realizamos encontramos que para el Vía Parque Isla de Salamanca los deportes náuticos de bajo impacto (kayak) son atractivos para la población joven, mientras que el avistamiento de aves es más interesante para individuos de más edad y una mayor inclinación hacia la apreciación estética del entorno. El mensaje es claro, contar con atractivos naturales no es suficiente para ser visitado.

Lo importante son las actividades a partir de las cuales se deriva la experiencia de contacto con la naturaleza. Pero, como se indicó arriba, el afán de atraer turistas no debe comprometer la consecución de los objetivos de conservación, pues esta es la esencia y mandato de un área protegida. Hacerlo bien no es fácil, pero es posible. En todo caso, el turismo debe ser visto como un medio para la conservación, pero no el fin mismo de las áreas protegidas.

*Profesor del IEEC, Uninorte. Las opiniones expresadas aquí son responsabilidad exclusiva de los autores y no comprometen la posición de la Universidad ni de EL HERALDO.

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A Chucho ya no es posible devolverlo a la vida silvestre pues ya se acostumbró a los cuidados que recibe y a su hábitat. Colprensa
Barranquilla

Corte Suprema ordena libertad para oso ‘Chucho’

La decisión sin precedentes califica a los animales como seres sintientes y sujetos de derechos. El oso se encuentra en el Zoo de Barranquilla y debe ir a un hábitat natural.

La Corte Suprema de Justicia determinó que los animales son seres sintientes y sujetos de derechos.

La decisión sin precedentes va más allá de la calificación de los animales como “seres sintientes” que hizo la Ley de Protección Animal, la 1774 de 2016, para establecer, de una buena vez, que también tiene derechos.

“Los animales son sujetos de derechos sintientes no humanos que como tales tiene prerrogativas en su condición de fauna protegida a la salvaguarda por virtud de la biodiversidad y del equilibrio natural de las especies, y especialmente la de naturaleza silvestre. Como tales, deben ser objeto de conservación y protección frente al padecimiento, maltrato y crueldad injustificada”, señaló.

La Corte señala que esta “asignación de derechos” solo puede verse como una extensión de los principios jurídicos de las personas a los seres sintientes en forma proporcional y amplia, sin afectar desarrollos agroindustriales, sin menguar avances médicos y sin desatender la solución de las necesidades alimentarias de los seres humanos.

“Se trata sí, de reconocer y asignar derechos y personería jurídica para determinar epistemológica, ética, política, cultural y jurídicamente la irracional destrucción de nuestro planeta, y de toda la naturaleza que aqueja en forma vergonzante y trágica la generación de nuestro tiempo”, dice el fallo.

La crucial determinación la tomó la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, al conceder un recurso de habeas corpus en favor de un animal y ordenó la libertad de un oso de anteojos al que llaman ‘Chucho’, que está hace 41 días en el zoológico de Barranquilla, a donde fue trasladado de la reserva Río Blanco de Manizales.

La decisión que da un giro jurisprudencial en materia de protección de los animales aclara que, como seres sintientes, tienen derechos pero no deberes y que quien deben velar por esos derechos es el hombre. En ese sentido, se trata de un cambio trascendental, que no se centra en el debate común sobre el sufrimiento de los animales.

“No se trata de la modificación de una postura jurídica desde una perspectiva exclusivamente biológica o moralista, o desde el dolor con criterio de sensiblería fruslera y trivial porque los animales sufren, sino desde una textura filosófico jurídica diferente y creadora; desde un compromiso existencia radical con la vida del hombre mismo, de las futuras generaciones, de las especies, de la conservación de la naturaleza como lucha individual y colectiva”, dice la determinación.

El fallo, de 36 páginas, señala que se debe cumplir con la ley 1774 de 2016, que cita como estándares mínimos que los animales no sufran de hambre ni sed, que no sufran injustificadamente malestar físico ni dolor, que no les sean provocadas enfermedades por negligencia o descuido, que no sean sometidos a condiciones de miedo ni estrés y que puedan manifestar su comportamiento natural.

No al cautiverio

“Es constitucional y convencionalmente válido, como fuente normativa, abogar por la protección de todos los seres sintientes, incluyendo a los animales, para preservar el medio ambiente como parte de la fauna mundial, al estar integrados en un orden público ecológico nacional y mundial, debiendo rechazarse todo acto de maltrato y cautiverio”, dice el fallo.

La determinación va más allá y señala que todos los animales que estén en cautiverio deben ser readaptados, en forma escalonada, a las condiciones naturales, con ayudas profesionales de veterinaria, zootecnista, biológica, alimentaria y biotecnológica que sea necesaria.

“Para esta Sala es urgente dimensionar las fronteras entre el hombre y la naturaleza, entre lo humano y lo no humano, aniquilando la separación también entre lo cultural y lo natural entre todos los sujetos de derecho. No dar este paso es mantener y concitar la destrucción inmisericorde de nuestro hábitat natural”, dice el histórico fallo.

El oso ‘chucho’

Como los animales son seres sintientes y sujetos de derechos, “son titulares de la prerrogativa a la libertad, así sea a vivir una vida natural y a tener un desarrollo con menor sufrimiento”, dice la Corte.

En ese sentido, aunque el habeas corpus es para los seres humanos, no resulta incompatible con seres sintientes. Así, dice la Corte Suprema, una persona, de ahora en adelante, podrá exigir la protección de la integridad física, cuidado, mantenimiento o reinserción a su hábitat natural.

En el caso concreto, la Sala ordenó a la Fundación Botánica y Zoológica de Barranquilla, la Corporación Autónoma Regional de Caldas, Aguas de Manizales, Parques Nacionales Naturales y el Ministerio de Ambiente que, en 30 días, trasladen al oso de anteojos ‘Chucho’ a una zona que mejor se adecue a su hábitat, “con plenas y dignas condiciones de semicautiverio”, prioritariamente a la Reserva Natural Río Blanco.

Lo que dice el Zoo

El Zoológico de Barranquilla se refirió al tema y aseguró que “rechaza” la decisión de la Corte. Este es el comunicado que envió la entidad:

El pasado 16 de junio de 2017, la Fundación Botánica y Zoológica de Barranquilla, entidad sin ánimo de lucro que administra el Zoológico de Barranquilla desde 1993, recibió un oso de anteojos macho, proveniente de la Reserva Natural Río Blanco, en el departamento de Caldas, lugar en el que vivía en cautiverio desde hace más de 19 años.

Cumpliendo con el protocolo establecido por la Resolución 2064 de 2010, la Corporación Autónoma Regional de Caldas (CORPOCALDAS) autorizó el traslado del oso desde abril de este año, con el objetivo de mejorar sus condiciones de bienestar, después de una evaluación de más de cuatro meses sobre sus opciones de reubicación.

El oso, que nació en cautiverio en la Reserva La Planada, ubicada en Nariño, y que posteriormente fue trasladado a Manizales, no puede ser liberado bajo ninguna circunstancia, teniendo en cuenta que se encuentra habituado al contacto humano desde su nacimiento y siempre ha dependido de las personas para subsistir.

Es importante aclarar que los animales criados en contacto cercano con personas no son aptos para ser devueltos al medio silvestre, pues perciben a los humanos como proveedores de alimento y no como una amenaza. Adicionalmente, no desarrollan habilidades naturales y sociales para interactuar con otros individuos de su especie y con su hábitat natural. Un oso de anteojos sin temor a los humanos será más susceptible de entrar en conflicto con comunidades rurales. En este sentido, los zoológicos y acuarios sirven de apoyo a las autoridades ambientales, acogiendo animales que cumplen un rol para reforzar sus actividades de educación ambiental.

El concepto técnico emitido por CORPOCALDAS, mediante el cual se autorizó el traslado del oso al Zoológico de Barranquilla, reconoce la necesidad de mejorar el cuidado y el manejo veterinario y nutricional del animal, así como de convertirlo en un embajador de su especie, en el marco de los programas de educación para la conservación liderados por el Zoológico.

 Desde su llegada a Barranquilla, el oso cumplió un período de cuarentena, con el fin de garantizar su estado de salud. El ejemplar se encuentra actualmente en buenas condiciones y ha mostrado una rápida adaptación a su nuevo entorno. Adicionalmente, ha respondido positivamente al acercamiento con la hembra de la misma especie, que habita en el Zoológico desde 1999.

Este 27 de julio, la Fundación fue notificada del fallo de la Corte Suprema de Justicia que concedió el derecho de hábeas corpus a favor del oso, sin que se hiciera claridad sobre el lugar donde debía trasladarse, y suspendiendo el proceso de adaptación y acercamiento del oso con la hembra.

Aunque la Fundación es respetuosa de la decisión judicial, está evaluando la posibilidad de utilizar mecanismos legales para garantizar el bienestar del oso, bajo la premisa de que es una entidad idónea para alojar al animal, teniendo en cuenta su experticia de más de 40 años en el manejo de la especie.

Respecto al fallo, Farah Ajami Peralta, Directora Ejecutiva de la Fundación, manifestó, en primer lugar, que la protección animal no implica que los animales sean sujetos de derechos, sino que más bien les impone a los humanos obligaciones para garantizar esos derechos. Con respecto al hábeas corpus, aclara que es un mecanismo de protección de la libertad de las personas, exclusivamente, y que se utiliza de manera equivocada el concepto de cautiverio como sanción, cuando éste es un mecanismo de protección.

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Agencia Colprensa
Colombia

Por primera vez se le da un lugar a los derechos de la naturaleza

En Colombia es la primera vez que se le da derechos a un río, a los recursos como tal, más allá de las personas y de las comunidades.

Como un hito histórico calificó Ximena González la sentencia de la Corte Constitucional que declaró por primera vez que un río “es sujeto de derechos” y ordenó la protección y conservación inmediata del Río Atrato, su cuenca y afluentes, a cargo del Estado.

González es la vocera del Centro de Estudios para la Justicia Social Tierra Digna, quien presentó la tutela que motivó el histórico pronunciamiento, en representación del Consejo Comunitario Mayor de la Organización Popular Campesina del Alto Atrato, el Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato, la Asociación de Consejos Comunitarios del Bajo Atrato, entre otros.

“Es un fallo muy importante, histórico para Colombia, porque por primera vez se le da un lugar a los derechos de la naturaleza. En Colombia es la primera vez que se le da derechos a un río, a los recursos como tal, más allá de las personas y de las comunidades”, señaló.

González explicó que la Corte Constitucional declaró que el río Atrato es vital para las comunidades, por lo que el Estado debe intervenir para recuperarlo, en bienestar de los chocoanos.

“Lo que hace la Corte es un experimento de darle por primera vez derechos a este río. Ordena que se cree una comisión de Guardianes del Río Atrato, integrada por personas de las comunidades y el Gobierno Nacional. Ordena que se cree una Comisión de Expertos que asesoren a esos guardianes del río, con la idea de generar un plan de intervención integral para recuperar y proteger al Atrato”, explicó.

La abogada explicó que la tutela se interpuso en representación de varios consejos comunitarios del Chocó porque el río Atrato, como el tercero más importante del país, estaba viéndose afectado por diversas situaciones de extracción de oro de manera ilegal y por la ausencia del Estado de proveer a los ciudadanos de la zona con servicios básicos.

“Las comunidades viven del río, su cotidianidad, para consumir alimentos, para bañarse, requieren del río. Así que todos los efectos contaminantes de estas actividades extractivas estaban teniendo un efecto preocupante en la salud de la población, en el ambiente, presencia de mercurio con las consecuencias que esto implica. El río estaba siendo destruido”, explicó González.

La abogada señaló que el Centro de Estudios espera una medida estructural, tras tantos años de olvido, por lo que la determinación está acorde a sus intereses. No obstante, consideran el fallo como un inicio del trabajo que está por hacerse en pro del río Atrato.

“Colombia está cansada de tantos fallos de papel que no transforman la realidad. Para nosotros es claro que el fallo es un inicio en lograr la materialidad de estos derechos. Tenemos que hacer un gran trabajo, necesitamos que haya recursos para que esto se pueda materializar en programas reales”, explicó.

La sentencia ordenó no solo un ataque frontal contra la minería ilegal, sino también que se detenga el uso de sustancias tóxicas para la extracción de minerales, tanto de manera legal como ilícita. Sobre la contaminación que produce el mercurio, González explicó que cuando este entra en contacto con el agua se vuelve metilmercurio que “es aún más tóxica”.

“El mercurio que está en el agua los peces lo consumen y va a terminar a los seres humanos. Estamos ante un problema de salud pública de enormes dimensiones. Por otro lado, todo ese río con grandes cantidades de sustancias tóxicas desemboca en el mar caribe y de ahí con efectos que no conocemos. El hecho que la Corte estableciera medidas sobre el mercurio era más que necesario”, agregó.

En fallo de tutela, la Corte declaró que el río Atrato es sujeto de derechos que implican su protección, conservación, mantenimiento y restauración del río en sí mismo y ordenó que el Gobierno Nacional debe ejercer la tutoría y la representación legal de los derechos del afluente:  “La Corte ordenará al Gobierno Nacional que ejerza la tutoría y representación legal de los derechos del río (a través de la Institución que el Presidente de la República designe, que bien podría ser el Ministerio de Ambiente) en conjunto con las comunidades étnicas que habitan en la cuenca del río Atrato en Chocó”.

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