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Córdoba

Un año después no hay capturas por muerte de María del Pilar Hurtado

La Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba pide que el asesinato de la lideresa no sea otro que quede en la impunidad.

El asesinato de María del Pilar Hurtado quedó en la memoria de los colombianos por un video que captó a su hijo de 9 años llorando desconsolado e impotente frente al cadáver de su madre.

El atentado de la reconocida lideresa de 34 años ocurrió a las 6:50 la mañana del 21 de junio del 2019 en la calle 2 del sector La Esperanza, barrio 9 de Agosto de Tierralta,  subregión del Alto Sinú, en el sur de Córdoba.

  María del Pilar se dirigía a su lugar de trabajo en compañía de uno de sus cuatro hijos, quien fue testigo del crimen. Un año después del vil homicidio, líderes de la región, duramente golpeada por la violencia de grupos armados, denuncian que no hay un solo capturado, ni se conocen los móviles de la muerte.

El vocero de la Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba, Ascsucor, José David Ortega, explicó que “la justicia radica en que los responsables paguen por los crímenes. Y la articulación, en que las alertas tempranas sean acatadas a tiempo”.

38 líderes asesinados

Con base en los reportes de la Defensoría del Pueblo, la presencia de los grupos al margen de la ley en el sur de Córdoba sigue siendo la principal causa de riesgo para la población civil y los líderes sociales, quienes se convierten en objetivos en medio de la puja por el control de los negocios ilícitos.

  “En esta ocasión recordamos a María del Pilar Hurtado, pero antes y después de ella también han matado a otros compañeros líderes y a una gran cantidad de personas, cuyas muertes pasan desapercibidas para las autoridades que le ponen un estatus a los muertos para hacer bulla mediática”, sostiene Ortega.

 En Córdoba, desde el 2016 hasta la fecha han sido asesinados unos 38 líderes. En lo  corrido del 2020 se ha reportado la muerte de cuatro personas reconocidas por su labor social. Algunos de los crímenes se han dado en medio de la cuarentena por el coronavirus.

 “La situación ha empeorado después de la muerte de María del Pilar Hurtado, porque a pesar de haber alertas tempranas y los anuncios del Gobierno, siguen asesinando, desplazan comunidades, y lo que vemos es que nadie está suspendido ni investigado por no acatar a tiempo las alertas tempranas”, sostuvo el vocero de Ascsucor.

 El líder de la organización defensora de los derechos humanos recordó que después de la muerte de la lideresa hubo una Comisión de Paz liderada por el Congreso en Tierralta; y en su momento el procurador General se comprometió a llegar hasta las últimas consecuencias, sin embargo, nada ha pasado”.

La mujer, oriunda de Puerto Tejada, era la sexta de 11 hermanos. Le sobrevive su madre, Juana Montaño, que está criando a los cuatro nietos.  Tras el crimen, el cuerpo fue trasladado a Cali.

A pesar de haber alertas tempranas y los anuncios del Gobierno, siguen asesinando, desplazan comunidades, y lo que vemos es que nadie está suspendido ni investigado 

Lío de tierras

Los peritos forenses informaron que el cuerpo de María del Pilar recibió dos disparos en la cabeza.

La mujer llevaba cuatro años en Tierralta, a donde había llegado junto a su compañero sentimental, Manuel Berrío, de una mina de Cali. En Córdoba lideraba a varias familias que habían invadido un lote baldío en el mencionado municipio de propiedad de padre del exalcalde de Tierralta, Fabio Otero.

En su momento la ONG Cordoberxia denunció que las Autodefensas Gaitanistas amenazaron a los invasores de ese lote y que por  eso habrían matado a Hurtado. Sin embargo, Otero aseguró que había conciliado con los invasores.

El 2 de junio del año pasado un panfleto de las Autoridades Gaitanistas se refería a “la gorda hpta mujer del chatarrero”.

Según Cordoberxia se referían a Hurtado. “A estas personas las declaramos objetivo militar, ya estamos cansados de esta manada de (…) desocupados que se la pasan es invadiendo lotes”, decía el panfleto.

Por el crimen de la lideresa, Otero Avilez fue suspendido provisionalmente  a petición de la Procuraduría, al considerar que se había incurrido en una omisión al momento de proteger a Hurtado Montaño, que aparentemente días atrás había recibido amenazas de muerte a través de un panfleto.

Sin resultados

“Primero la Procuraduría hizo un show mediático para anunciar la investigación en contra del entonces alcalde Fabio Otero, pero luego vimos que regresó al cargo y terminó su mandato, como si nada. A pesar de que se demostró una irregularidad en la asignación de la tutela que tumbó la decisión del ente de control”, explicó el líder social.

 Desde la Gobernación de Córdoba se ofrecieron $20 millones de recompensa por información que permitiera ubicar a los responsables.

 Para los defensores de derechos humanos en el territorio nada ha cambiado desde los anuncios gubernamentales, pues el riesgo sigue vigente, como lo evidencia la alerta temprana 054 de la Defensoría del Pueblo, en la que se advierte sobre la presencia de grupos armados ilegales interesados en atentar en contra de la población civil, especialmente contra líderes sociales. “Esa alerta indica que hay una comunidad en riesgo en el sur de Córdoba. La pregunta es qué han hecho por garantizar la integridad y la vida de los líderes sociales. No han hecho nada, porque después de María del Pilar han matado a otros líderes”, puntualizó Ortega.

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