El Heraldo
Un grupo de personas aparecen a la entrada de uno de los albergues en Puerto Libertador, Córdoba.
Córdoba

Secretario se ‘asila’ por amenazas de muerte

El titular de Gobierno de Puerto Libertador, sur de Córdoba, Rafael Martínez Ricardo, denunció que recibe presión de grupos ilegales armados.

Funcionarios de las alcaldías de Puerto Libertador y San José de Uré, en el sur de Córdoba, están siendo intimidados  aparentemente, por grupos al margen de la ley, situación que los obligó a exiliarse de sus territorios a la espera de que se les asignen esquemas de seguridad que les puedan garantizar sus vidas.

Así lo evidenció el secretario de Gobierno del municipio de Puerto Libertador, Rafael Iván Martínez Ricardo, quien sostiene que se tuvo que exiliar en Montería tras recibir las intimidaciones.

“Desafortunadamente aún no he recibido la asistencia en materia de seguridad que estoy solicitando para poder regresar al municipio para ejercer las labores como tal. Agradezco al Alcalde que no ha nombrado a otra persona, porque entiende que es la institucionalidad la que se encuentra amenazada con toda esta situación”, señaló.

Según el funcionario, aún se desconoce la procedencia de las amenazas en su contra. “Nosotros no hemos podido establecer con claridad cuál es la procedencia de estas amenazas, sin embargo, se le ha puesto en conocimiento de las autoridades y serán ellas quienes tendrá que determinar exactamente de dónde vienen”, indicó.

Martínez Ricardo manifestó que “esta es una situación bastante lamentable que se está presentando en el sur de Córdoba, porque todos los municipios se encuentran afectados por el tema de amenazas, hay una situación en la que todos los días salen panfletos y circulan mensajes en redes sociales, en las que se amenaza a personas”.

El funcionario aseguró, además, que su homólogo en el municipio de San José de Uré, también fue objeto de intimidaciones por parte de los grupos delincuenciales, por lo que fue necesario que se le asignara un esquema de seguridad. “En este momento el secretario de Gobierno, de San José de Uré, se encuentra amenazado, incluso ya tiene un esquema de seguridad asignado por parte de la Unidad Nacional de Protección”, puntualizó.

Según el más reciente informe de la ONU, en el corregimiento de Juan José, rural de Puerto Libertador, se encuentran albergadas 732 familias, que superan las 2 mil personas, procedentes de la zona rural de Puerto Libertador e Ituango, en el departamento de Antioquia, quienes aseguran haber recibido amenazas de muerte por parte de grupos al margen de la ley que les ordenaron abandonar los territorios. Dentro de las víctimas de este flagelo, hay más de 400 indígenas de los pueblos Embera Katío, de Quebrada Cañaveral y Zenú.

La alcaldía de Puerto Libertador y la Defensoría del Pueblo informaron que el censo que se realiza para contabilizar a las familias desplazadas no se ha cerrado, pues se tiene conocimiento de que a la zona podrían estar arribando familias procedentes de los municipios de Montelíbano y San José de Uré.

Las declaraciones de Martínez Ricardo fueron dadas en el marco del Comité Territorial de Justicia Transicional que se realizó el fin de semana en la capital cordobesa, donde las autoridades de resorte departamental buscaban alternativas para los campesinos en condición de desplazamiento, quienes al igual que los funcionarios de las alcaldías en mención, también requieren de garantías para regresar a sus territorios.

Hasta el momento las autoridades judiciales de Córdoba no se han pronunciado sobre las denuncias de amenaza en contra de los funcionarios de las alcaldías, en Puerto Libertador y San José de Uré. 

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