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El titulo es:Se mantiene el pulso de Gobierno y campesinos

Se mantiene el pulso de Gobierno y campesinos

Las negociaciones por la implementación del programa de sustitución integral de los cultivos ilícitos se seguirán debatiendo en Córdoba. 

Cortesía.
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Reunión entre representantes del Gobierno y delíderes campesinos en el centro de convenciones de Montería. Cortesía.

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Las negociaciones por la implementación del programa de sustitución integral de los cultivos ilícitos se seguirán debatiendo en Córdoba. 

Las negociaciones por la implementación del Programa de Sustitución Integral de los Cultivos Ilícitos continuarán en su etapa de discusión entre los representantes del Gobierno Nacional y las diferentes asociaciones de campesinos del sur del departamento de Córdoba.

Un plazo de 10  días se acordó entre el Gobierno Nacional y los campesinos del sur de Córdoba para definir la hoja de ruta para la implementación del Programa Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos, que beneficia a más de 5 mil familias en esta zona del país.

Tras dos días de negociaciones, las partes se levantaron de la mesa sin llegar a un acuerdo claro, pues por un lado los campesinos exigen el cumplimiento de los acuerdos pactados en La Habana frente al tema de sustitución de la hoja de coca, mientras que el Gobierno Nacional insiste en que hay una falla en la implementación que no fue tenida en cuenta por el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos.

Al término de la reunión, Emilio José Archila Peñalosa, alto Consejero para el Posconflicto, manifestó que “seguimos apoyando a estas familias en su decisión de volver a la legalidad, vamos a reactivarnos en las instancias de discusiones”.

El alto funcionario continuó diciendo que “vamos a tener 10 días para mirar si es posible que haya un apoyo adicional a las familias a las que, por la falta de planeación de la pasada administración, se les ha atrasado el programa”.

Según Archila Peñalosa, desde la Presidencia de la República se está realizando una revisión a los acuerdos conforme a los mecanismos de planeación fijados en el Plan de Desarrollo Territorial

Por su parte, Arnovis Zapata Martínez, dirigente agrario de la Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba, indicó que “llegamos a unas conclusiones que permitirán reactivar los escenarios que habíamos perdido con el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos. Sin embargo, aún faltan temas por discutir, se abre la mesa de negociación y esperamos recibir una contrapropuesta del Gobierno en un plazo de 10 días, en cuanto a las familias que quedaron sin asistencia alimentaria”.

Zapata Martínez agregó que “dentro de los primeros acuerdos se fijó que se empezará la ruta de ejecución del Programa de Sustitución de Cultivos Ilícitos en el municipio de Tierralta, donde estaba suspendido desde hacen dos años. También se retoman las asistencias técnicas para establecer los proyectos productivos que permitirán la sustitución de la hoja de coca en el territorio”.

Retomar acciones

Además del inicio del Programa de sustitución de Cultivos en el municipio de Tierralta, fijado para este 1° de mayo; el Gobierno y los campesinos acordaron que el próximo 6 de abril se paguen los subsidios que se les deben a las familias del municipio de San José de Uré.

Según el cronograma de trabajo establecido en la hoja de ruta, los proyectos productivos que se acuerden con los campesinos se podrían estar implementando en terreno a partir de los meses de agosto y septiembre. “Hay que esperar la contrapropuesta que nos haga el Gobierno Nacional, para eso se acordó un tiempo perentorio”, puntualizó el líder campesino.

Otro de los miembros de la mesa fue José Lisandro Lascarro, más conocido con el seudónimo de Pastor Alape, miembro de la Dirección Nacional del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común y delegado al Consejo Nacional de Reincorporación, quien manifestó que “el tema es preocupante en el sentido de que no se ve una ruta clara por parte del Estado colombiano.  Esta es una oportunidad de todos los campesinos para erradicar los cultivos ilícitos, porque en todo el país hay incumplimientos que al cumplirse, permitirían el retorno de las familias a la legalidad”.

“Los campesinos están planteando la necesidad de $15 mil millones; es decir, USD3 millones, esa cantidad de dinero no es nada frente a todo lo que se puede lograr con la implementación de los proyectos productivos con los campesinos”, puntualizó delegado al Consejo Nacional de Reincorporación.

El programa de Sustitución Integral de Cultivos Ilícitos se desarrolla especialmente en los municipios de Tierralta, Valencia, San José de Uré, Puerto Libertador y Montelíbano, ubicados en el sur del departamento de Córdoba, donde según la ONU las hectáreas sembradas con hoja de coca incrementaron en un 49 por ciento.

Fabio Otero Avilez, alcalde del municipio de Tierralta, manifestó que “es una situación difícil para nosotros y para todo el sur del departamento de Córdoba, porque vemos a un Gobierno Nacional que hoy viene sin una respuesta para los campesinos. Estas son situaciones a las que hay que buscarles soluciones rápidas”.

“Tierralta está sufriendo con toda esta situación. Ahora mismo tenemos una invasión en la entrada al municipio. Esperamos que no se vuelvan a cerrar las vías porque el municipio colapsaría”, indicó el mandatario. 

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