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Reinician trabajos de construcción del acueducto rural en Montería

La obra estaba detenida desde mediados del año pasado por causa de un rediseño en las redes del acueducto tras ser incluidas 500 nuevas familias.

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Personal trabaja en la construcción del acueducto. Cortesía

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La obra estaba detenida desde mediados del año pasado por causa de un rediseño en las redes del acueducto tras ser incluidas 500 nuevas familias.

Luego de superar una etapa de papeleo y lograr una adición presupuestal de $1.800 millones de pesos, fueron reiniciados los trabajos de construcción del acueducto que beneficiará a las poblaciones de los corregimientos de San Isidro y San Anterito, en la zona rural de la capital cordobesa.

La obra, que tuvo un costo inicial de $7.600 millones de pesos, estuvo paralizada desde mediados del año pasado por causa de la adición de alrededor de 500 nuevas familias que no habían sido incluidas en el censo que se realizó al inicio de la obra.

El alcalde de Montería, Marcos Daniel Pinera García manifestó que “desde nuestra administración hemos hecho un esfuerzo para superar los impasses técnicos, jurídicos y prediales, que nos permitan hacer realidad el sueño de tener agua potable para más de mil familias de la región”, indicó.

El mandatario local sostuvo que los recursos fueron gestionados ante el Ministerio de Vivienda, aunque de igual manera fue necesario comprar los derechos de servidumbre de tres predios por donde debían pasar las nuevas redes del acueducto, algo que generó gran parte de los retrasos que hoy en día presenta la obra, que según los cálculos iniciales de la administración municipal, iba a ser entregada en el mes de abril del 2018.

Además de los corregimientos de San Isidro y San Anterito, el esperado acueducto también beneficia a las familias residentes en las veredas Galilea, Los Mochos, Nuevo Paraíso, Gran Esfuerzo, El Congo, Nueva Ola y Salamina, lo que suman más de mil, equivalentes a más de 5 mil personas.

Servidumbre para 63 kilómetros de tubería

Las obras del acueducto rural de Montería fueron adjudicadas a la empresa Proactiva (Veolia), y se iniciaron en el año 2017. En ellas se invirtieron $7.600 millones de pesos para extender unos 63 kilómetros de redes y tuberías del acueducto.

El contrato se estableció el 23 de octubre del año 2017, con un plazo para su ejecución de seis meses, por lo cual las obras deberían entregarse inicialmente el 23 de abril del 2018. Sin embargo, fue prorrogado por tres meses, es decir para el 30 de julio del 2018, pero nuevamente se prorrogó el 14 de junio del 2018.

Según los cálculos de la Administración Municipal, con el reinicio de los trabajos, la obra estaría terminada y entregada a más tarde en el mes de diciembre del presente año.

El alcalde de Montería, Marcos Daniel Pineda García explicó varios de los requerimientos que surgieron ante la adición de las 500 nuevas familias. “Para que nos dieran la viabilidad en el proyecto, fue necesario escriturar a nombre del municipio una serie de servidumbres que ya se adquirieron para la línea de impulsión que va hacia el río”, indicó el mandatario.

Por los mencionados predios atravesaría la tubería que los ingenieros denominaron una línea de impulsión, con la que se captarían aguas en el cauce del río Sinú.

Agua potable a través de una tutela

Mientras entra en funcionamiento el acueducto rural de Montería, las poblaciones calman la sed acudiendo a pozos artesanales, la lluvia o a recursos de la ley, como ocurrió en el 30 de noviembre de 2015, cuando la Corte Constitucional falló a favor de las comunidades y obligó a las autoridades a garantizar el servicio de agua potable.

El recurso de amparo fue presentado por parte de Lidia del Rosario Yánez González, líder de las madres comunitarias de la zona, en contra la Alcaldía Municipal de Montería; la empresa de acueducto y alcantarillado Proactiva-Aguas de Montería; la Gobernación de Córdoba, y el Plan Departamental de Aguas de Córdoba.

En el fallo de la Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional se ordenó que mientras se ejecuta el proyecto ‘Optimización del sistema de acueducto rural, “se deberá cumplir con la obligación constitucional y legal de asegurar las garantías mínimas del derecho fundamental al agua”.

San Isidro y San Anterito hacen parte del 4 por ciento de Montería  que no cuenta con redes de acueducto, están ubicados a unos 20 minutos del casco urbano. Es necesario indicar que el resto del 96 por ciento de la ciudad cuenta con el servicio agua potable las 24 horas del día.

Hernándo Ruiz, líder cívico de la zona, sostiene que “San Anterito no cuenta con servicio de acueducto y sus habitantes tradicionalmente se han procurado el abastecimiento de agua por medio de dos represas públicas, pero por causa de la creciente demanda y el cambio climático, no alcanza a suplir las necesidades de la población”.

Ruiz manifiesta que en ocasiones, especialmente en temporada de verano, la Alcaldía de Montería envía camiones cisternas, pero eso no da abasto para cubrir la necesidad del preciado líquido en los hogares de la zona.

Los corregimientos de San Anterito y San Isidro son quizás las poblaciones que más padecen en temporada de verano, por lo que siempre son incluidos en las listas de poblaciones en calamidad pública por causa de la sequía, como ocurrió en la temporada seca de principio de este año.

“Nos toca ir a las represas, pero cuando estas se secan tenemos que comprar el agua que tiene un costo de $700 pesos el litro de agua en la tienda. Hay otra gente que trae agua en carretas, procedentes de otras partes y venden cada galón a $500 pesos”, concluyó.

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