Líderes del sur de Córdoba piden acciones concretas que brinden garantías
Según los querellantes, no han sido eficientes las medidas adoptadas por parte de las autoridades para frenar el denominado paro armado.
Organizaciones defensoras de derechos humanos en el sur de Córdoba aseguran que no han sido suficientes las medidas implementadas por las autoridades para contrarrestar el accionar de la banda criminal ‘Clan del Golfo’ durante los últimos 4 días.
En el documento público, firmado por comunidades, grupos y sectores sociales se indica que al menos 122 municipios de Córdoba, Sucre, Bolívar, y Antioquia se encuentran en un secuestro masivo colectivo y regional, por causa del paro armado.
“Las respuestas institucionales, del estado en su conjunto, pero especialmente de quienes tienen el deber de velar por la libertad y el orden, la seguridad ciudadana y la convivencia pacífica, no han sido suficientes (…). Al paso del paro armado, desarrollan consejos de seguridad implementado medidas de mitigación que hasta la hora y fecha no solucionan la crisis humanitaria”, indica.
Sostienen las organizaciones defensoras de derechos humanos que desde el 5 de mayo se ha podido evidenciar la capacidad bélica de este grupo al margen de la ley que incluso ha afectado a misiones médicas.
“Luego de tres días de paro armado, el grupo armado ilegal AGC, concedió permiso mediante una misiva, tras las súplicas de las comunidades para abastecerse de los elementos vitales y necesarios en materia de alimentación", se puede leer en el documento.
En ese sentido añade: "No obstante, dado que las zonas rurales dispersas, de difícil acceso a la comunicación, además solo permitían comprar, pero no dejaban mover ningún tipo de transporte, las comunidades rurales no alcanzaron a abastecerse por lo cual hoy literalmente aguantan hambre. Ello denota, un aparente desgobierno territorial e incapacidad de control en materia de seguridad por parte de la fuerza pública en su conjunto, avivado esto por el temor latente y evidente de la comunidad”,
De igual manera se solicitó que se realice un consejo de seguridad extraordinario en el que sea partícipe el Consejo Departamental de Paz, Derechos Humanos, Reconciliación y Convivencia del Departamento de Córdoba.
“A las autoridades nacionales, departamentales y municipales les solicitamos brindar garantías integrales para normalizar las actividades en los territorios y comunidades. Asimismo a la ciudadanía en general, no replicar WhatsApp de panfletos, comunicados, imágenes y videos de los actos de terrorismo qué infunden pánico zozobra y miedo entre la misma población, y que en muchos casos resulta irreal. Y a las autodenominadas AGC les pedimos respetar la vida, la dignidad y la honra de la población civil, detener y suspender toda actuación que viole los derechos humanos y el derecho internacional humanitario”, concluyó.
