Masacre en Montería fue por mala calidad de la droga que se vendía
Clan del Golfo habría ordenado ejecutar la masacre.
Una aparente rencilla por la mala calidad del alucinógeno que se comercializaba en una olla de vicio del barrio Mocarí, sería la razón por la cual el ‘Clan del Golfo’ había ordenado la comisión de la masacre ocurrida esta semana en la capital cordobesa.
Un juez con funciones de Control de Garantías cobijó con medida de aseguramiento intramural a las tres personas que fueron capturadas tras ser señaladas de participar en la masacre ocurrida en el sector La Invasión, del barrio Mocarí, de Montería, donde fueron acribillados cuatro jóvenes que, según las autoridades, se dedicaban a labores de expendio de alucinógenos en esa zona de la ciudad.
Los detenidos fueron identificados como Eloina Rosa Muñoz Suárez, de 38 años, natural de San Pelayo y conocida con los alias de Nikita o la Mona; Eudis Miguel Roqueme Mestra, de 24, el ‘Berenjena’, de Montería; y María Marcela Monterrosa López, alias Mayito, de 32, oriundo de Tarazá, Antioquia.
Los tres capturados son procesados por el delito de homicidio agravado en concurso homogéneo con porte ilegal de armas de fuego.
Según el relato de la Fiscalía, las tres personas judicializadas serían las responsables de la muerte de Luis Alfredo Teherán Díaz, apodado como ‘el Dany’; Jainer José Berrío Díaz, ‘el Churro’; y Luis Armando Mercado Gamarra, ‘el Cartagena’, y Luis David Díaz Contreras. En hechos ocurridos durante la noche de este lunes 29 de abril.
Las autoridades aseguran que para la comisión de la masacre, los hoy indiciados actuaron bajo diferentes roles que permitieron ubicar, señalar y posteriormente asesinar a las víctimas.
El ente acusador detalló que para el caso de Eloina Rosa Muñoz, alias ‘la Mona’, fue la encargada de disparar dos armas de fuego, una de ellas con silenciador, las cuales fueron usadas para ultimar a los cuatro jóvenes antes mencionados.
De igual manera el Fiscal del caso señaló que Eudis Miguel Roqueme, era el encargado de informar sobre los movimientos cotidianos de los objetivos, mientras que María Monterrosa fue la que según las autoridades, señaló a las personas que iban a matar ese día tras llegar al sitio, con el pretexto de comprar un cigarrillo de marihuana.
Por los responsables de la masacre, que causó consternación en el departamento de Córdoba, las autoridades habían ofrecido la suma de $15 millones de pesos.
Las pruebas obtenidas por la Fiscalía
Contra los detenidos, la Fiscalía aseguró que tiene pruebas que refuerzan los señalamientos como lo son: la noticia criminal realizada al momento de hacer el levantamiento de los cuerpos, las entrevistas en el lugar de los hechos, el reconocimiento fotográfico apoyado en la Registraduría, y el testimonio de un supuesto testigo que se encuentra bajo protección de las autoridades.
Contra los indiciados también pesa su propio prontuario judicial, pues la Fiscalía sostuvo que para el caso de Eloina Rosa Muñoz, está inmersa en varias investigaciones por el delito de homicidio, y actualmente gozaba del beneficio de casa por cárcel tras ser procesada por el delito de concierto para delinquir.
Eudis Miguel Roqueme tiene tres notaciones por el delito de tráfico de droga, mientras que a María Marcela Monterrosa se le investiga por los delitos de lesiones personales, concierto parta delinquir y fuga de presos.
El testigo es un supuesto miembro del ‘Clan del Golfo’
Durante la audiencia, el ente acusador basó sus acusaciones en las declaraciones obtenidas por parte del mencionado testigo, quien sostuvo que la muerte de los cuatro jóvenes en mención había sido motivada por una rencilla interna entre miembros de la banda criminal ‘Clan del Golfo’, por causa de la supuesta mala calidad del alucinógeno que se estaba comercializando en el sitio donde ocurrió la masacre, pues según los señalamientos, en el lugar funcionaba una olla de vicio.
Sobre el testigo que reveló la información, que permitió la captura de estas personas, se supo que también era miembro de la mencionada banda criminal por lo que ahora se encuentra en calidad de protegido de las autoridades, pues luego de la información que entregó, sostiene que siente miedo por las posibles represalias.
Las autoridades no han hecho referencia sobre los hombres que se encargaron de conducir las dos motos en las que supuestamente huyeron las personas implicadas, tras cometer la masacre.
En Córdoba la banda criminal ‘Clan del Golfo’ sostiene una guerra a sangre y fuego por el control de las economías criminales que se disputa con la banda ‘los Caparrapos’, que actúa en alianza con las disidencias del frente 18 de las Farc.
Reconstruyendo la masacre según los roles
Según la declaración entregada por el testigo, el día de los hechos, 29 de abril, en la zona hizo presencia María Monterrosa, quien le solicitó al hoy testigo que le vendiera un bareto de marihuana de la olla donde supuestamente prestaban sus servicios las víctimas de la masacre.
Sostiene el testigo que luego de entregar el pedido solicitado, la falsa compradora le hizo señas a su compinche, es decir alias ‘la Mona’, quien habría hecho su aparición con un arma de fuego en cada mano, una de ellas con silenciador y de inmediato comenzó a disparar en contra de las personas señaladas, dejando el saldo ya conocido.
Tras cometer el crimen, las dos mujeres huyeron en dos motos conducidas por sujetos hasta ahora desconocidos, mientras que dos de las víctimas eran lloradas en el lugar de los hechos y los otros dos en diferentes centros médicos hasta donde fueron remitidos con la intención de salvarles la vida, pero los esfuerzos fueron infructuosos.
Horas después de la masacre, las autoridades comenzaron a ofrecer la recompensa de $15 millones de pesos por información que permitiera llegar hasta los autores de la masacre, lo que al parecer, llamó la atención del hoy testigo que se acercó voluntariamente hasta la Fiscalía para confesar lo sucedido.
Allanamientos simultáneos
Las capturas se realizaron mediante una serie de allanamientos durante la madrugada de este sábado 4 de mayo, en diferentes puntos de la capital cordobesa.
La Policía informó que una de las acciones se llevó a cabo en el barrio El Portal, en la margen izquierda de Montería, donde fue detenida Eloina Rosa Muñoz; en ese mismo instante fue capturada María Monterrosa, quien residía en el barrio Villa Cielo, y el otro allanamiento se hizo en el barrio Mocarí, donde estaba radicado Eudis Miguel Roqueme.
Al momento de las capturas, los detenidos se encontraban en sus viviendas. Las autoridades no informaron si a los indiciados se les encontraron armas o droga en su poder.
Los procesados no aceptaron los cargos que le imputó la Fiscalía, por lo que de ser vencidos en juicio tendrán que enfrentar una pena que oscila entre los 9 y los 20 años de prisión.
Tras tomar la decisión de medida de aseguramiento, el juez del caso aseguró que para esta instancia las pruebas eran suficientes para impartir la medida preventiva en establecimiento carcelario, sin embargo, dejó como constancia que las pruebas no son pertinentes para que en la eventualidad se dicte una condena, pues a su criterio, es necesario corroborar la veracidad del testigo y los intereses que este tendría a la hora de señalar a las personas hoy detenidas. Por lo que ordenó que contra él también se iniciara una investigación prudente enmarcada en la ley.
Al final de la diligencia judicial, la defensa de los acusados también presentó sus alegatos con relación a las acciones endilgadas en contra de sus defendidos por parte de la Fiscalía, sin embargo, estos reparos solo serán tenidos en cuenta durante las audiencias venideras. Los tres detenidos fueron trasladados de inmediato a la Cárcel Las Mercedes de Montería desde donde tendrán que asumir la defensa de su nueva condición judicial.
El procedimiento judicial, que se llevó a cabo en la sala 3, del segundo piso del Palacio de Justicia de Montería, requirió de más de 7 horas de debate jurídico, pues inició a las 2:00 de la tarde y finalizó cerca de las 10:00 de la noche, de este sábado 4 de mayo.
Cabe recordar que por disposición del Ministerio de Justicia, este tipo de audiencias contra altos objetivos de las bandas criminales, se realizan en el Palacio de Justicia de Montería como una forma de garantizar la integridad de los jueces y fiscales que temen por posibles represalias contra su vida por parte de los miembros de los diferentes grupos al margen de la ley. Durante las diligencias se ubican refuerzos de seguridad en la zona céntrica de la ciudad.
